Páginas vistas en total

viernes, 30 de enero de 2015

Los medios y su campaña de desprestigio: não tem fim










A medida que transcurren los días cada vez son más fuertes los indicios que conducen a sospechar que la fallida “denuncia del fiscal” ha sido fruto de una “operación política”. No  obstante, no es menos cierto que buena parte de la prensa local -empeñada, desde hace tiempo, en frustrar la conclusión del mandato de la actual presidenta- intenta deliberadamente sembrar sospechas sobre la figura presidencial  con el propósito de desdibujar su imagen ante la sociedad.
 Es dable suponer que en otros tiempos  esta metodología desestabilizadora no era necesaria, pues, el recurso tradicional consistía en recurrir a los “golpes de estado” y mediante ello poner fin a los mandatos populares. Pero obviamente los tiempos han cambiado, por ende, los métodos se han aggiornado y los propósitos desestabilizadores ya no se circunscriben, como sucedía antiguamente, a poner en movimiento a un conjunto de tropas y tanques en dirección a la Casa Rosada.
No obstante, si uno repara en el clima previo que antecedió a toda ruptura constitucional, podrá observar que los medios de comunicación hegemónicos jugaron siempre un papel determinante en lo que se refiere a crear el “consenso necesario” para que la población acepte dócilmente la interrupción del sistema democrático. Basta recordar la actitud desestabilizante que los medios asumieron durante los gobiernos de Yrigoyen, Perón, Ilia e Isabel Perón para percatarnos de semejante proceder. Hasta el propio gobierno del Dr. Raúl Alfonsín se vio acosado por la prensa para interrumpir  con antelación su mandato constitucional.
Curiosamente, fue el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem quien no tuvo procesos de desestabilización y ello obedeció a la sencilla razón de que las políticas ejecutadas durante su ejercicio fueron funcionales a los grupos económicos concentrados. Manteniendo, a su vez en materia de política exterior, una total subordinación a los lineamientos que sugería el Departamento de Estado de los EEUU. Eran los elogiados tiempos de “las relaciones carnales”.
Fue, precisamente, gracias a esa vocación de servilismo que Argentina participó en la denominada “Tormenta del desierto” mediante el envío de tropas a Irak. Hecho este que trajo como corolario que nuestro país sufriese dos atentados terroristas (el de la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA) por haberse involucrado en un conflicto ajeno a sus intereses.
Lo cierto es que “la prensa canalla” no solo no alzó su voz para defender la política de neutralidad que supo caracterizar históricamente a nuestra nación; sino que aplaudió el alineamiento automático e incondicional que imperaba en aquél momento.
Sin duda, la visión retrospectiva suele irradiar algunos destellos de luz sobre la oscuridad de ciertos hechos; y es en virtud de esos intervalos lumínicos cuando podemos comprender el proceder de determinados sectores bajo la oscuridad.
Una muestra cabal la hemos tenido recientemente, pues, antes del desgraciado hecho de la muerte del fiscal Nisman los argentinos contemplábamos acongojados los trágicos sucesos parisinos en relación con la masacre de Charlie Hebdo. Paralelamente los medios hegemónicos locales aprovechando ese “hecho trágico” se encargaron de distorsionar la realidad para realizar imputaciones falaces sobre el gobierno nacional.
El nuevo invento consistió en aducir que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había adoptado una postura mezquina en referencia al repudio sobre el atentado. La intención era instalar una idea demencial, concretamente que: “el gobierno se muestra tolerante y complaciente con los actos de terrorismo”.
Nada más lejos de la realidad, y como lo hemos destacado en otra ocasión, el actual gobierno ha dado muestras más que suficientes de rechazar toda clase de terrorismo proviniese de donde proviniese, fuere éste de tinte político, racial, religioso u económico.
La idea que pretendieron instalar los medios durante todo este tiempo quedo absolutamente desmentida por la reciente carta remitida por el presidente francés, François Hollande, a nuestra presidenta de la Nación. En la misma sostiene: “Le agradezco su mensaje de simpatía, solidaridad y fraternidad que me hizo llegar cuando Francia fue tocada en su corazón por una agresión de un horror inenarrable”.
Por cierto, “la falaz idea” en los hechos ya había sido refutada por la presencia del canciller Timerman en la marcha de París y por la presencia de nuestra embajadora en Francia. No obstante, los medios no cesaron en su intento de descalificar la postura presidencial sobre la base de una argumentación creada por ellos mismos y que no se correspondía con la realidad.
Pocos días después, “inflaron” una denuncia que sin ninguna clase de asidero - ya que carecía de elemento probatorio alguno-  asociaba a la presidenta con “un acuerdo solapado”, supuestamente, para evitar el procesamiento de los responsables del atentado a la AMIA.
De ese modo se pasó de una supuesta” tolerancia” gubernamental con los actos terroristas a nivel internacional, a una “actitud de colaboracionismo” con los autores de un acto terrorista local. Lo cierto es que fuera de la repercusión mediática ambas imputaciones no tenían razón de ser, excepto para la deliberada “creencia mediática”.
Luego sobreviene la lamentable muerte del denunciante e inmediatamente procuran señalar como principal sospechoso de la misma a la propia presidenta de la república. Es evidente que quien asuma el trabajo de informarse (como es obvio, no por los grandes medios hegemónicos) podrá observar la complejidad de los hechos y reparar que lo peor que pudo pasarle al gobierno es la inesperada muerte del fiscal Nisman.
Sin embargo, los medios continúan machacando con la absurda postura de endilgar la responsabilidad de lo ocurrido hacia la figura presidencial.
Entre las tantas excentricidades que pudimos observar por estos días durante la investigación de la causa caratulada como “muerte dudosa”, nos encontramos con el sorprendente hecho de que el único imputado en la misma, específicamente el proveedor de la supuesta arma suicida (u homicida), se encargó de brindar una conferencia de prensa para desligarse de toda responsabilidad.
Es verdaderamente inimaginable que ante cada proceso judicial “los imputados” puedan realizar una conferencia de prensa para “convencer” a la audiencia de su grado de inocencia, y que los medios hegemónicos se encarguen de promocionar la misma para que el sospechoso pueda evacuar las dudas que pesan sobre el caso. En todo caso, las únicas declaraciones que importan, judicialmente hablando, son las que efectúe en sede judicial. No es cuestión de detenernos a conjeturar las innumerables hipótesis que podríamos formular con respecto a la ocurrido.
Lo más prudente es esperar que la justicia resuelva -si bien es cierto que buena parte de la estructura judicial se ha mostrado ostensiblemente adversa a las decisiones de gobierno- con absoluta imparcialidad y de la manera más equitativa posible. Y no dejarse llevar por la presión mediática que se empeña en confundir y distorsionar los hechos.
Para culminar, no podemos dejar de efectuar una mención respecto a la actitud de los “políticos opositores”  que, como de costumbre, no cesan en su intención de asumir el rol de marionetas del establishment mediático. Avalando y demostrando una actitud colaboracionista con todo propósito descalificador hacia la figura presidencial.
Está claro que no les interesa ni el esclarecimiento del caso, ni la salud de la república, ni indagar en la “inconsistencia” de la denuncia; pues, solo les interesa la especulación política y ver en qué medida pueden explotar los hechos para conquistar adeptos.
Muchos de estos legisladores de la oposición avalaron, en su momento, “las relaciones carnales”, algunos fueron parte integrante de gobiernos anteriores que nada hicieron para que la causa AMIA se esclarezca; de ahí que tampoco ninguno se preguntó porque un fiscal de la república (nos referimos al extinto Nisman) asistía constantemente a la embajada americana a recibir órdenes para la investigación del caso. Un hecho “anormal” y gravísimo institucionalmente hablando pero, al parecer, para la oposición el resguardo por el “normal” funcionamiento de las instituciones solo se invoca en casos muy particulares.
Lo concreto es que esto demuestra una vez más la concepción de “independencia” que profesan estos “dirigentes” para nuestra nación.
La misma que reivindican los medios hegemónicos, la que nos condujo, entre otras cosas, a participar de “expediciones” que tanto daño causaron a la población argentina. Sin embargo siguen allí, mostrándose como una alternativa al gobierno, penosa opción es la que ofrecen. Hoy se empeñan en cuestionar la supresión de la Secretaria de Inteligencia y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia en un marco de mayor contenido democrático, ayer cuestionaban la posición no claudicante de Argentina con los fondos buitres, anteriormente rechazaron la ley de defensa del consumidor para proteger a los grandes cadenas de comercialización, mucho tiempo atrás rechazaban la democratización de la ley de medios intentando preservar los intereses de los grandes multimedios,  la lista sería demasiado extensa de enumerar. Pero si algo queda claro de todo esto es la predisposición pro colonial y antipopular  que expresan estos “dirigentes”.

 Menuda coincidencia con la actitud que expresan los medios hegemónicos.                                                                                      

No hay comentarios:

Publicar un comentario