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miércoles, 29 de octubre de 2014

La idea de Sabsay y la decisión de la Corte






 





Alguna vez alguien dijo que “El Derecho era la voluntad de la clase dominante elevada a la categoría de ley” y, si bien hay otras acepciones del derecho, nadie puede dejar de reconocer que cierto grado de veracidad encierra la definición en cuestión. 
Existen sobrados ejemplos que corroboran que semejante afirmación no es para nada descabellada. Por el contrario, en nuestro país hemos tenido períodos en donde “la voluntad de la clase dominante” era la fuente de inspiración exclusiva para que nuestros legisladores sancionaran todo tipo de leyes. Un breve repaso por la década de los 90 nos permitiría constatar lo que estamos aseverando.
No obstante, y a pesar del transcurso del tiempo, esto que parece ser un mero ejercicio de la memoria, no esta tan distante del futuro próximo en nuestro país. Las recientes repercusiones del foro más representativo del establishment en materia económica, nos referimos al “Coloquio de IDEA” desarrollado en Mar del Plata, ponen de manifiesto la intencionalidad de este sector por retornar a la Argentina de los años noventa.
Nadie desconoce qué IDEA (Instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina) es la usina del neoliberalismo en nuestro país; y que, como tal, reivindica todo lo actuado durante el reinado del “libre mercado” instalado por el gobierno de Carlos Menem a finales del siglo XX. Partiendo de esta premisa, no veo porqué la sorpresa que manifestaron algunos periodistas al conocer que en el curso del mentado coloquio, al realizarse una encuesta entre los empresarios que asistieron al mismo, donde se les preguntó si era lícito ofrecer coimas, el 47% de ellos consideró aceptable semejante procedimiento. Es evidente, para que exista “cohecho” deben existir dos partes: quien la acepta y quien la ofrece. Ninguna de ellas está exenta de responsabilidad al momento de consumar el delito; sin embargo, distintos serían los niveles de corrupción si el número de oferentes de dádivas o sobornos no fuese tan significativo.
Lo cierto es que, ha quedado en evidencia que una buena franja de los adherentes a la lógica del libre mercado manifiesta un absoluto desprecio por los valores morales. Eso sí, al momento de efectuar críticas a un gobierno que no se ajusta a sus deseos, en forma inmediata se erigen en paladines de la moral pública.
En línea con esta lógica, y continuando con el publicitado coloquio, el abogado “constitucionalista” (me cuesta llamar de ese modo a alguien que no distingue un gobierno democrático de una dictadura), Daniel Sabsay, no reparó en  diatribas descalificantes hacia la investidura presidencial  y arremetió contra el ministro de Relaciones Exteriores al que calificó de “un ser indigno” por haber llevado adelante el acuerdo con Irán para indagar a los acusados por el atentado a la AMIA.
Es curioso que este personaje mediático opositor se indigne tanto contra Héctor Timerman por la firma de un convenio multilateral y no se le mueva un pelo por las víctimas del bombardeo sistemático al pueblo palestino de parte de un gobierno que no es el mejor ejemplo de dignidad imperante en el mundo. Pero aun así, y dejando de lado los juicios de valor, es significativo observar como estos personajes declaman la moral del prójimo y prescinden de practicar la moral en primera persona.
Como vemos la práctica de la “doble moral” sigue reinando en vastos sectores de los simpatizantes del libre mercado. Al fin de cuentas, la medida para determinar que es “lo bueno” y que es “lo malo” -o lo que es lícito o ilícito- no está dada por los preceptos morales; sino sencillamente por el bolsillo.
Y hablando del “bolsillo” cuesta mucho comprender la relación que la Corte Suprema de Justicia estableció, en su reciente decisión de extender la medida cautelar que hace más de diez años beneficia al periódico “La Nación” sobre un tema impositivo, con la “libertad de prensa”. 
Lo concreto es que el periódico en cuestión mantiene una deuda desde el año 2003 con el fisco y que ronda los 280 millones de pesos; sin embargo, en virtud de una medida cautelar viene postergando su pago por más de una década. Esto tiene su inicio en el año 2001 cuando en pleno desarrollo de la crisis que azotó a la Argentina (y que al parecer algunos han olvidado, aunque como es ostensible el mentado diario no olvida los decretos que se sancionaron en aquella época por más que se hayan derogado en el 2003) el gobierno de aquél entonces sancionó un decreto que permitió tomar los aportes patronales efectuados sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el IVA. Para ingresar a dicho beneficio se exigía la preservación de las fuentes laborales (empleos) y el congelamiento del precio de tapa de los diarios y que, al parecer, no fue cumplido en su totalidad.
Si bien algunos medios periodísticos una vez derogado el decreto regularizaron sus deudas, otros como “La Nación” y “Perfil” se cobijaron bajo el amparo judicial. Hecho éste que posibilitó que dichos medios no se hagan cargo de sus obligaciones.
¿Donde habrá quedado el principio constitucional de “igualdad ante la ley”?, es dable preguntarlo. Tal vez Sabsay pueda sugerirnos algo al respecto; pero como “podemos apreciar” la Corte de un “gobierno autoritario” (Sabsay dixit) respalda automáticamente las decisiones políticas. Aun a expensas de ignorar el viejo criterio jurisprudencial de que “las cuestiones políticas no son judiciables”.
Fuera del sarcasmo es un deber señalar que de los cinco jueces que hoy integran la Corte, Zaffaroni se abstuvo de acompañar la decisión y la Dra. Highton de Nolasco votó en contra de la decisión mayoritaria. Y si bien los votos de Lorenzetti y Maqueda eran suficientes para extender la medida cautelar; no deja de ser reprochable la actitud moral del más longevo de los supremos, Carlos Fayt, que por razones de parentesco (es cuñado de uno de los directores del diario) debía cuando menos inhibirse de actuar en esta decisión. Pero, al igual que en el coloquio, las cuestiones morales son prescindentes cuando se trata de aplicarlas por uno mismo.  
Lo cierto es que la Corte consideró que: "se encuentra en riesgo la subsistencia de distintos medios de comunicación nacionales y locales de la República y lo resuelto causa un perjuicio irreparable, que excede el interés individual de las partes y atañe a la comunidad en general, en razón de su aptitud para afectar la libertad de expresión". Sinceramente, la decisión es muy poco convincente, a excepción que se contemple desde una perspectiva más que condescendiente con los medios dominantes. Si esto es así, la definición del Derecho del conocido filósofo alemán del siglo XVIII está lejos de ser un anacronismo.