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viernes, 28 de enero de 2011

Los propósitos de la Mesa de Enlace

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En diciembre del año pasado hacíamos alusión a eso que en la argentina de hoy se da en llamar “la oposición” y terminábamos adjudicándole el mote de mamarracho, en virtud del ridículo proceder que adoptaron respecto de determinados temas de interés nacional. Claro que, en esa ocasión circunscribíamos el espacio opositor a los integrantes de, valga la redundancia, la oposición parlamentaria; dejando fuera a aquellos que, de un modo u otro, cuestionan la política oficial desde el ámbito extraparlamentario.
Uno de los principales sectores que viene agitando las aguas para perturbar el desarrollo de las políticas oficiales es el lobby agrario corporizado en la denominada “Mesa de Enlace” que, en los hechos, agrupa a las entidades más representativas del sector.
No es cuestión aquí de desmenuzar el historial de cada una de estas entidades a lo largo de la presente nota; a esta altura de los tiempos nadie ignora los nefastos antecedentes de la Sociedad Rural y de Carbap, acompañados, por cierto, en estos últimos tiempos por  Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), otrora respetable institución cuando contaba con un presidente virtuoso como lo fue Humberto Volando. 
Lo cierto es que estas entidades que representan a la patronal rural son los más encarnizados opositores al gobierno no solo porque pretenden reducir los gravámenes (retenciones) que pesan sobre la renta del sector; sino por su rechazo a la aplicación de criterios económicos imbuidos de cierta equidad social que, a futuro, pueden sentar un precedente histórico que opere como barrera para su insaciable avidez de enriquecimiento.
Su lógica “libremercadista” por cierto, se endereza a suprimir toda intervención estatal en materia económica; dejando de ese modo librado al mercado, la autorregulación de la economía.
Desde luego que so pretexto de algún reclamo puntual –evidentemente sobredimensionado- se empeñan en alzar su voz para erigirse en estrictos defensores del sector, ocultando sus verdaderos propósitos. Lo hicieron con la famosa resolución 125 logrando evitar la sanción de retenciones móviles que hubiere mejorado la situación de los productores medianos y pequeños oportunamente y ahora con el reclamo de la eliminación de los cupos de exportación para la comercialización del trigo.
Atendiendo a esta última situación, es dable destacar que el gobierno fijo un cupo de la producción de trigo destinado al consumo interno; dicha cifra ronda en los 7.000.000 de toneladas y tienen por propósito satisfacer la demanda alimentaria de nuestra población. Superado este cupo, los productores pueden vender su producción en el mercado internacional; si tenemos como referencia que la producción obtenida se aproxima a los 15.000.000 de toneladas, podríamos decir que poco más del 50% de la producción es susceptible de exportarse.
Ahora bien, los representantes de las entidades mencionadas aducen que sus compradores locales (molinos y/o acopiadores) no le abonan el precio acordado, y suscripto, oportunamente, con la Secretaría de Comercio de la Nación, en virtud de que al tener  asegurada su provisión (es decir, sus siete millones de toneladas de trigo) y no pudiendo el productor ofrecerlo –ya que debe cumplir con el cupo- fuera del mercado nacional; éste se ve obligado a venderle parte de su producción  a un valor menor ya que, presuntamente, las condiciones de comercialización terminan siendo impuesta por los molineros u acopiadores. Que, a sabiendas, gozando de una medida de corte nacional disponen de los granos necesarios para satisfacer plenamente sus necesidades de producción. Sintetizando, el gobierno medió oportunamente, estableció un cupo atendiendo la necesidad de la población y acordó un precio entre las partes (productores y acopiadores). Una de éstas últimas no respeta el precio acordado (precio FAS, conforme a su designación técnica); la otra, el productor, no se atreve a denunciar el incumplimiento del acuerdo por temor a futuras represalias de sus compradores, quienes ante la remota posibilidad de un eventual cambio de la legislación en el tiempo, como consecuencia de la entronización de un gobierno de distinto perfil político, podrían adoptar una suerte de “venganza comercial”.
En apariencia, la situación es compleja, máxime teniendo en cuenta que, a su vez, el gobierno otorga a los molineros una suma en carácter de compensación por el precio FAS, supuestamente, abonado.
Por cierto, estamos prescindiendo de mencionar aquí que, una parte de los productores se inhibe de denunciar el incumplimiento porque realizan sus ventas en negro; ni tampoco estamos mencionando que, paradojalmente, algunos de los compradores que no respetan el precio establecido son Cooperativas dependientes de algunas de estas entidades que denuncian mediáticamente –porque en los órganos pertinentes no lo hacen- la mentada situación e integran la Mesa de Enlace. No obstante, la rentabilidad del sector es, históricamente hablando, la mejor de los últimos cuarenta años.
Pero despojémonos de éstos “pormenores” y sigamos con nuestro análisis.
Lo concreto es que ante el problema, la solución más simple y requerida por los integrantes de “la ponderada mesa” es: liberemos el cupo.
Y aquí aparece al desnudo, la ideología descarnada de la Mesa liberal de Enlace.
No se exige que el Estado refuerce los controles, ni sea más severo con los “incumplidores” del acuerdo  o que reestablezca un órgano estatal que opere y coparticípe en el diseño de políticas agrarias cuyo propósito sea resguardar los intereses de los productores más vulnerables del sector. Como por ejemplo lo hiciere, en otros tiempos, la Junta Nacional de Granos.
No, eso jamás. La idea fundamentadora de su argumentación es apliquemos criterios liberales que tan “buenos resultados”, a juzgar por estos señores, le propiciaron al país visto retrospectivamente.
Reclaman que el productor pueda vender al exterior o al mercado local sin restricciones; de esa forma la producción agraria no quedará sujeta al cupo; silenciando que, de ese modo, la economía de los hogares argentinos quedará sujeta a la evolución de los precios en el mercado internacional. Si sube el precio del trigo en el exterior vendamos allá y la demanda local si quiere trigo que lo pague a esos valores; si en última instancia, los aumentos se trasladan al consumidor final aducen los partidarios del evangelio liberal.
Claro que, de todas maneras, el inconveniente no se soluciona ahí, porque en un mercado liberado los productores más vulnerables potenciarán más su vulnerabilidad; ya que los grandes grupos de la cadena de comercialización que, entre otras cosas, manejan la colocación de granos en el exterior, van a  terminar pagando el precio a piacere en detrimento del mediano y pequeño productor. Si además, tenemos en cuenta que solo un 8 por ciento de los productores concentra alrededor del 50 por ciento de la producción de trigo; es dable suponer que el 92 por ciento restante tendrá poca capacidad de negociación al momento de discutir el precio con los traders comercializadores y con los mismos molinos.
De ahí que, lo más coherente sería reclamar la intervención estatal activa, esto es, sugiriendo como lo señalábamos anteriormente la creación de un Ente Regulador (reiteramos, por ej. la Junta Nacional de Granos) que pusiera coto a los abusos de los grandes traders de comercialización y algunos molinos; y no una disposición estatal para liberar el mercado. Pero al parecer estos señores –y llama poderosamente la atención en el caso de la Federación Agraria- no representan a sus afederados atendiendo a criterios mayoritarios; sino en virtud de volúmenes de producción; de lo contrario, no se explica el porque no defienden los intereses del 92 por ciento de los productores.
Por otro lado, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, salió a decir que no son, precisamente, los molinos quienes se están quedando con los 200 pesos menos que se abonan por tonelada al productor. Sino los intermediarios, a saber: acopiadores, corredores de granos, cooperativas, exportadores o traders.
Lo concreto es que no se puede construir un país serio bajo la óptica del liberalismo económico ya que esa concepción ideológica posibilita la libre acumulación de riqueza en manos de unos pocos, desentendiéndose del desarrollo integral del país y del bienestar de la población.
Sin embargo, tanto la oposición parlamentaria como la extraparlamentaria se enrolan en esa postura ideológica. Por eso no es casual que, ante las inspecciones realizadas por representantes del Ministerio de Trabajo y por determinados fiscales que descubrieron que algunas multinacionales del agro contrataban mano de obra para sus plantaciones reduciéndolas prácticamente a la condición de servidumbre, ni la Mesa de Enlace, ni la oposición parlamentaria –supuestamente representantes del pueblo-, ni la prensa independiente (que olímpicamente ignoro la noticia) salieran a manifestar su repudio a dicho proceder. Al fin de cuentas, la libertad de mercado posibilita estas cosas; después de todo –aducen- nadie les esta apuntando con un arma para que firmen el contrato laboral. A  ello podríamos responder: El revolver es de papel, les hacen firmar un convenio donde ignoran: las condiciones y horas de trabajo, el ámbito donde han de desarrollar su tarea, la “vivienda” que le han de proporcionar, la ausencia de servicios sanitarios y desconocen hasta la mismísima paga. Pero eso sí les proporcionan sus alimentos, no sea cosa que después no rindan lo suficiente por carecer de alimentación. Claro que no gratuitamente, pues, al liquidarles el sueldo se lo descuentan de sus haberes y a precios más elevados ya que, al parecer, “trasladarlos al lugar de trabajo” encarece el valor de los mismos. Como podemos apreciar estas cosas no se ventilan (salvo honrosas excepciones), ni se debaten en la Argentina de la oposición, pero si aquellas que les interesa restaurar.   
De ahí que lo que se está discutiendo en estos calmos días de verano no es una simple disposición administrativa, ni una mera determinación gubernamental; sino un modelo de país. Por ello la discusión seguirá in crescendo  a medida que transcurran los días y nos aproximemos a las elecciones nacionales.
Las encuestas nos brindan cierto grado de tranquilidad, pero no se trata de enarbolar encuestas. Se trata de sentar las bases para la construcción de un nuevo país.
Lo que se pondrá en juego es  la continuidad en la construcción de un país serio y justo o el retorno de los cultores del libre mercado. Todo nos dice que la seriedad y la justicia resultaran airosas en la próxima contienda electoral; pero aun así, nos queda una incesante labor pedagógica destinada a alertar al elector independiente para que no sea presa fácil de quienes mediante el engaño ocultan sus verdaderas intenciones.
             

domingo, 2 de enero de 2011

La teoría del Libre Mercado y sus injustificables aplicaciones.

Muchas veces hemos escuchado, y muy especialmente, de representantes de grandes grupos transnacionales todo un repertorio de elogios en referencia a los beneficios que reporta la libertad de mercado. Lógicamente cuando en la práctica mencionamos un sinnúmero de ejemplos que demuestran que tales "beneficios" están lejos de corroborarse; los voceros del liberalismo suelen aducir que dichos ejemplos no representan fehacientemente los criterios sobre los que se asienta su teoría.
Lo cierto es que, en el mundo de las realidades ,la teoría del libre mercado es incompatible con la construcción de una sociedad más justa. En principio, porque el mercado no distribuye justicia; en todo caso, la remanida "mano invisible" se encarga de distribuir rentabilidades y pérdidas.
Pero además, los exégetas del mercado sostienen que para que éste funcione eficientemente, se requiere de la inexistencia de normas que alteren su "normal" desarrollo.
Es lo que se ha dado en llamar, muy especialmente durante la última década del siglo XX, el proceso desregulador. Proceso éste que consistía en suprimir todo tipo de normas que condicionara el libre funcionamiento del mercado.
Entre las innumerables normas que debían eliminarse, o en su defecto reducirse a la mínima expresión, en el ámbito de la actividad económico-financiera se hallaba aquella que regulaba la situación de los trabajadores. Tanto es así que, en aquella época, se realizaron una serie de reformas sobre la Ley de Contrato de Trabajo, todas ellas tendientes a menoscabar los derechos de los asalariados en nuestro país.
Nos basta recordar la mentada "ley de flexibilización laboral" encomiada por casi la totalidad de los economistas y amanuenses del establishment (que aún escriben en dos de los diarios más conocidos de nuestro país; Clarín y La Nación) para conocer los efectos nefastos que trae aparejado el proceso desregulador sobre la gran mayoría de los trabajadores.
A mayor nivel de desregulación, mayor es el grado de desprotección de los más débiles; en consecuencia, se potencia la voracidad de los más fuertes. Y cuando la fuerza gobierna, no hay criterios éticos, ni de justicia que prevalezcan. 
Como lo señalamos en el inicio, son muchos los ejemplos que podemos vertir para descalificar una teoría que apenas si puede justificar su existencia en el plano de las abstracciones. Ya que en el terreno de la praxis es absolutamente injustificable.
La nota publicada en Pagina 12 en el día de hoy por Horacio Vertbisky es una muestra más de lo que son capaces de hacer "Los Poderosos" en este caso del agro y teniendo en cuenta que hoy no rige, precisamente, la libertad de mercado. ¿Cuanto serían capaces de hacer si nuevamente el reinado del mercado se entronizara en el poder? 
Pues, la propia nota nos brinda un adelanto de ello, de ahí que vale la pena reproducirla.

EL PAIS › TRABAJO ESCLAVO PARA UNA TRADER CEREALERA EVASORA

Una vida nueva

El procedimiento realizado el 30 de diciembre en San Pedro ilustra de qué son capaces los mercados sin control. Nidera, transnacional granera que la AFIP denunció por evasión de 260 millones, tenía encerrados a 130 trabajadores del norte, adultos y adolescentes, que no sabían dónde estaban, no podían salir, no tenían luz ni agua y se les descontaba del salario en negro las provisiones que la empresa les vendía a precios alucinantes, incluyendo fideos gratuitos de los planes sociales de Scioli.
 Por Horacio Verbitsky
Una de las grandes traders exportadoras de productos agropecuarios, a la que el Estado Nacional investiga por evasión de impuestos, explotaba el trabajo esclavo de adultos y niños traídos desde provincias del norte. Los alojaba en trailers de chapa, en los que dormían hacinados de a veinte. La jornada laboral era de diez horas incluido el día de Navidad, bajo el rayo del sol, sin luz, sin agua potable salvo la que recibían en baldes. No podían salir de los límites de la propiedad en la que trabajaban ni conocían cuál sería su remuneración. La paga se difería para el último día del contrato informal, ya que no estaba registrado. Mientras, les descontaban todo lo que consumían a precios tan exorbitantes que nunca tenían un saldo favorable para cobrar. Les anotaban 80 pesos por una bolsa de papas, 65 por una de cebollas, 54 por un pollo, 17 por un atado de cigarrillos, ocho por un kilo de pan viejo y dos por recargar la batería del celular. También se hallaron fideos con la leyenda del ministerio de Desarrollo Social. Por un paquete, cuya venta está prohibida, los esclavos debían pagar 35 pesos. El titular de ese ministerio, Baldomero Alvarez de Oliveira, es el padrino político del ex intendente de San Pedro Julio Pángaro, quien este año fue designado secretario legal y técnico del ministerio de Justicia y Seguridad. También se encontraron alimentos vencidos. El único dinero que recibieron en las tres semanas transcurridas antes del allanamiento, fueron 12 pesos “para comprar pan dulce”. El ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango, dijo que los hechos descubiertos rozaban el crimen de lesa humanidad.

Un millar

El campamento alojaba a 130 personas, entre ellas unos 30 niños y adolescentes, pero la justicia considera que hay por lo menos un millar en las mismas condiciones, en otros campos próximos a San Pedro. Su representación sindical corresponde a la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, Uatre, conducida por Gerónimo Venegas, fundador junto con José Luis Barrionuevo de la denominada CGT Azul y Blanca. Los delegados de Uatre recién llegaron al lugar una vez que el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones N0 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio, notificó al ministerio de Trabajo de la situación. El representante de Uatre en San Pedro, Cecilio Salazar es el líder local del peornismo opositor. Una de sus actividades más notorias ha sido el auspicio de Uatre al corredor de carreras de autos Pichi Iglesias, lo cual provocó críticas en un gremio de paupérrimos afiliados. A principios de diciembre, Giagnorio ordenó a la patrulla rural del Pueblo Doyle que rondara los campos de la zona en búsqueda de situaciones irregulares en la cosecha del maíz, que son habituales a esta altura del año, cuando son traídos trabajadores temporales desde el interior para desflorar maíz, una actividad que sólo se realiza en forma manual. Giagnorio dijo que lo hizo en aplicación de la política criminal determinada por el Ministerio Público Fiscal que él integra. El 20 de diciembre la patrulla le comunicó sus observaciones sobre la Estancia El Algarrobo, ubicada en el Paraje Beladrich, a pocos kilómetros de Santa Lucía, partido de San Pedro. Se trata de una finca de unas 1600 hectáreas, de las cuales 200 están arrendadas a Nidera. El acceso es dificultoso porque está a 12 km de la ruta más próxima. El miércoles 22 el fiscal solicitó una orden de allanamiento a la titular del Juzgado de Garantías N0 1 de San Nicolás, pero la jueza María Laura Vázquez se la negó, porque adujo que no había pruebas. Giagnorio prefirió que las patrullas rurales no se acercaran demasiado, para evitar que fueran advertidas y se levantaran los campamentos antes de que pudiera intervenir. Ante la negativa judicial comunicó su presunción a los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del ministerio de Justicia de la Nación. El ministerio de Trabajo de la Provincia tiene el poder de policía en estos casos y el miércoles 29 se presentó para inspeccionar la situación detectada por el fiscal. Giagnorio participó como veedor. Como escribió en su mensaje del 31 de diciembre un cura que ejerce en Haití su opción por los pobres, hay lugares y personas que más que un año nuevo precisan una vida nueva. Éste es el doloroso contraste con la Argentina eufórica de consumo y placeres que desde la tarde del jueves colmó todas las rutas de salida de las grandes ciudades.

Reducción a la servidumbre

Al verificar la gravísima situación en que se encontraban los trabajadores, el fiscal inició actuaciones por reducción a la servidumbre y malversación de caudales públicos. En cambio no tiene competencia para investigar el delito de trata de personas. Sin mención al desempeño del fiscal Giagnorio, el ministerio de Trabajo provincial se atribuyó el mérito. Según el subsecretario de Trabajo Carlos Molina se trató de un procedimiento habitual en la tarea que habría ordenado el gobernador Daniel Scioli para detectar trabajo infantil y controlar las condiciones de seguridad del trabajo rural. Según esa dependencia, Nidera deberá pagar 5000 pesos de multa por cada trabajador no registrado. Entre los detenidos están los ingenieros de Nidera Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, dos capataces y tres encargados de la distribución de alimentos. El fiscal les tomó declaración y los puso en libertad mientras continúa la investigación.

Un campo de concentración

El médico Julio Caraballo, director de Bromatología de San Pedro, dijo a una radio local que las condiciones eran las de un campo de concentración, con dos agujeros en el suelo como baños, sólo aislados por una cortina cosida con bolsas de Nidera. También vio a un adolescente que se bañaba con agua acarreada en un recipiente de agrotóxicos. “Es para pasar de la indignación a las lágrimas”, dijo. La comida era suministrada por la distribuidora Comat S.A, del ex concejal radical de San Pedro Eugenio Abel González. Al mismo grupo pertenecen la Compañía Argentina de Recursos Humanos y Soluciones Agropecuarias, que prestan servicios de tercerización de personal no permanente para empresas agropecuarias. A Comat, Nidera le pagaba a 24 pesos por día por persona. Pero los precios que les cargaba a los trabajadores eran tan altos que siempre excedían el monto diario asignado. La diferencia se anotaba, para ser debitada del salario. Comat dijo que sólo era proveedora de alimentos secos y frescos a Nidera y que la acusación en su contra equivalía a responsabilizar a Coca-Cola por “la tragedia de Cromañón, porque proveía las gaseosas”. También negó haber suministrado los alimentos del programa de ayuda social del gobierno bonaerense que el fiscal secuestró en El Algarrobo. El reclutamiento de personas muy humildes se hizo en Santiago del Estero, con la promesa de trabajar en la cosecha del maíz en Buenos Aires “en la mejor empresa”, en condiciones laborales apropiadas y un buen salario. Un colectivo los trasladó en forma directa hasta la estancia, de la que una vez que ingresaron no se les permitió salir. Nidera les hizo saber que si alguien abandonaba el predio, toda la cuadrilla de trabajo que integraba sería devuelta a su pueblo sin pago. Consultado para esta nota el fiscal agregó que estas personas “ni sabían en qué lugar estaban”. Giagnorio pasó el 31 de diciembre de la mañana a la noche en la estancia, completando el sumario. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se encargó de llevar a los trabajadores hasta sus pueblos de origen, donde quedarán a cargo de las autoridades provinciales. El mismo fiscal allanó hace poco varios prostíbulos de la zona, en los que también encontró leche de las partidas gratuitas que distribuye el gobierno bonaerense.

Empresa líder

Nidera es una compañía transnacional, líder en el mercado argentino de semillas y uno de los mayores exportadores de aceites, de cereales y de oleaginosas. Su participación ronda el 10 por ciento del total de las exportaciones argentinas de esos productos. En 1996, fue la primera que obtuvo autorización para liberar al consumo humano y animal la soja transgénica resistente al glifosato, durante la gestión como secretario de agricultura del ingeniero Felipe Carlos Solá. Tiene tres centros semilleros, en Venado Tuerto (maíz), Chacabuco (girasol) y Miramar (trigo y maíz). Creada hace noventa años por comerciantes de granos de los Países Bajos, su nombre surge de la combinación de las iniciales de los grandes mercados cerealeros en los que actuaba entonces: Holanda (Netherlands) India, Alemania (Deutschland), Inglaterra (England), Rusia y la Argentina, donde Nidera Argentina se instaló en 1929. También comercializa insumos agrícolas, opera en fletes marítimos y produce fertilizantes, herbicidas y fungicidas. Posee terminales portuarios propios en Rosario, Quequén y Bahía Blanca. En 2010 fue el sexto exportador de granos (detrás de Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus y Toeper) y el séptimo en los de subproductos y aceites (detrás de Cargill, Bunge, AGD, Dreyfus, Molinos y Vicentín). Nidera es la empresa líder en los mercados de semillas de soja y de girasol, está en segundo lugar en el de maíz y en el tercero en el de trigo. También opera una sociedad de garantías recíprocas, que financia siembras de sus clientes por medio de fideicomisos. Como no informa sobre volúmenes de negocios ni cotiza en bolsa, esos rankings ayudan a evaluar en forma aproximada su facturación. Según el ranking publicado hace seis meses por la revista Mercado, en 2009 Nidera Argentina facturó 3500 millones de pesos y ocupa el puesto 47 entre la cúpula de las empresas que más venden. La Escuela de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario estima que los salarios pagados por Nidera representan el 1,54 por ciento de esa facturación. La redacción de esta nota entre el viernes 31 y el sábado 1 dificultó la obtención de mayores precisiones.

Nidera en Acción

El presidente de Nidera global, Martín Mayer Wolf, de una de las familias fundadoras, es uno de los sostenedores de Accion International, una organización privada sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a la gente a salir de la pobreza a través de su propio trabajo. “Al proporcionar microcréditos, capacitación empresarial y otros servicios financieros a hombres y mujeres pobres que inician sus propios negocios, ayuda a estas personas a alcanzar un nivel en la escala económica, con dignidad y orgullo”, informa en su documento “El negocio de luchar contra la pobreza”. Entre los accionistas minoritarios de Nidera Argentina está Rolgra Inversora SA, empresa presidida por Raúl Simón Loeb, presidente de la Cámara de Comercio Argentina para el Sudeste Asiático, vicepresidente de la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China, y cónsul honorario de Singapur y de Sri Lanka. El presidente de Nidera Argentina, Ricardo López Mayorga organiza concursos que otorgan premios a alumnos de escuelas agrotécnicas, estimulándolos a cuidar el suelo y utilizarlo en forma racional. En septiembre, la AFIP anunció que estaba investigando por evasión impositiva a cuatro de las mayores exportadoras de granos. Sus nombres se fueron conociendo en forma gradual: Bunge, Cargill, Molinos Ríos de La Plata y Nidera. En este último caso, la AFIP estima la evasión en 260 millones de pesos entre 2005 y 2009.
Entrevista: Adrián Vigna
Pagina 12 2/01/2011