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jueves, 15 de enero de 2015

La verdad ha muerto, la justicia sin hacer. Y un fiscal que denuncia el memorámdum.




 






Alguna vez Émile Chartier, más conocido como Alain, sostuvo: “la justicia no existe por eso hay que hacerla”. Y cuánta razón encerraba semejante expresión; pues, partiendo de la veracidad de este juicio, es lógico inferir que “lo dado”, aquello que existe de antemano, la realidad mundanal, es esencialmente injusta. De lo contrario, es decir si fuese “justa” poco (o nada) tendría que aportar el hombre para preservarla. Lamentablemente no es así, de ahí que un sector -tal vez minoritario- de la humanidad se esfuerce, a través de los siglos, en querer modificar una “realidad” que parece asentarse sobre los pilares de lo injusto.
Tarea nada sencilla por cierto, máxime teniendo en cuenta lo dificultoso que resulta no solo mostrar las injusticias que imperan en el mundo (no olvidemos que en la actualidad, y en su gran mayoría, los medios de comunicación son maestros del ocultamiento), sino lograr que la población mundial se informe fielmente de lo que acontece y a partir de esa “información” -que por cierto le es negada- se comprometa en la compleja tarea de construir la justicia.
Claro que una cosa es “hacer justicia” y otra muy distinta es “inventarla”. En todo caso, “hacer justicia” es poner fin a una situación injusta o revertir una circunstancia inequitativa hasta tornarla justa; e “inventarla” es no modificar en los hechos situación alguna dejando que subsista la manifiesta inequidad.  
Por cierto, la invención nunca se asienta sobre criterios de verdad; al fin de cuentas una “verdad inventada” no deja de ser una mentira. Y a la mentira siempre se apela para ocultar determinados intereses, pues, de esto puede dar cátedra la prensa comunicacional hoy en día.
Pero volviendo a “la Justicia”, en el marco institucional, una parte no menor en la construcción de la misma corresponde al denominado Poder Judicial que es, conforme a nuestra Carta Magna, el encargado de administrarla. Sus miembros, obviamente, deberían bregar por la justicia con el mayor de los recelos y evitar que “la invención” interfiera en sus investigaciones. Ahora bien, cuando los propios miembros del mencionado poder no solo hacen lugar a “denuncias inventadas” mediáticamente o, lo que es peor aún, a “invenciones” formuladas en su propio seno, ya la realidad se torna extraordinariamente preocupante porque nos encontramos en los umbrales de la degradación de la justicia. Hechos éstos que conducen, tarde o temprano, a dinamitar la credibilidad de la población en el normal funcionamiento de las instituciones.
Una de las tantas modalidades inventivas, y que por desgracia no pocas veces ha tenido lugar en materia de justicia, es la de hacer lugar a falsas imputaciones sobre personas que sin estar involucradas en un injusto son utilizadas a los efectos de distraer la atención, evitando con ello la auténtica persecución de la justicia. Este tipo de procederes -no privativo de nuestro país- responde a objetivos políticos no manifiestos que, en complicidad con los grupos mediáticos concentrados, intentan impactar sobre la opinión pública a los efectos de manipular “el pensar” de la ciudadanía. Procederes que, por otra parte, suelen multiplicarse durante los denominados “años electorales” con la deliberada intención de orientar el voto hacia aquellos candidatos que garanticen los intereses de “los ingeniosos inventores”.
Evidentemente la red de complicidades que posibilita esta clase de “invenciones” siempre es difícil de desentrañar porque existe un número ilimitado de protagonistas que, en diferentes grados de representación, responden a una pluralidad de intereses (mayoritariamente del establishment) y cuyo único objetivo consiste en obstaculizar la construcción de la justicia impidiendo, de ese modo, que ella cobre existencia.
Resulta obvio que la eficacia de la invención requiere de un elemento adicional, nos referimos al sentido de la oportunidad, que es el elemento que posibilitará la expansión de sus efectos. Esto es precisamente lo que acontece en la Argentina de hoy, los medios de comunicación dominantes cabalgando sobre un hecho desgraciado ocurrido la semana pasada (nos referimos a la “masacre de Charlie Hebdo”) en Paris se empeñaron en “hacer creer” que el gobierno argentino asumió una posición “light” o de tibieza ante el atentado terrorista.
El recurso es soez, no solo porque el gobierno, a través de los distintos foros internacionales denunció siempre al terrorismo de donde proviniese destacando aquello de que “no existen muertos de primera o de segunda” (es decir, tan repudiables son las muertes inocentes en Francia, como las perpetradas en Ucrania, Palestina o Afganistán), sino que al calor de un hecho que nos duele, desde una concepción humanista, se intente desnaturalizarlo para desestabilizar a un gobierno.
Vemos aquí como un hecho repudiable y doloroso pero ajeno a nuestra realidad es “tomado oportunamente” por los medios dominantes para direccionarlo contra un gobierno legítimamente constituido.
Ahora bien, creado artificialmente este “clima descalificador” aparece en escena un “nuevo personaje”, a saber: un fiscal, Alberto Nisman. Quién a lo largo de varios años, y siendo su directa responsabilidad, no desarrollo -a juzgar por las expresiones de los familiares de las victimas- eficazmente  el esclarecimiento de otro atentado terrorista que sí ocurrió en nuestro país, el atentado a la AMIA. Lo cierto es que el fiscal, “olvidándose” de su magro o nulo aporte, sale a la luz pública con el propósito de denunciar al gobierno de Cristina Fernández por la firma de un Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán que, según su apreciación (¿“invención”?), estaba destinado a encubrir a los autores del hecho a cambio de garantizar una operación comercial. Dicha operación consistía, según Nisman, en la obtención de petróleo iraní a cambio de granos argentinos.
La realidad indica que Argentina no compró una sola gota de petróleo iraní, que paradojalmente a actitudes de “encubrimiento” este gobierno fue el que en el seno de las Naciones Unidas reclamó que Irán concediera las extradiciones reclamadas por la justicia argentina, que según la visión de los familiares de las víctimas del atentado este es el gobierno que más hizo por el esclarecimiento de la causa. Sin embargo, los medios se esmeran en diseminar como cierta la denuncia formulada por el controvertido fiscal.
Obviamente, excepto raras excepciones del periodismo gráfico, pocos mencionan los cables que, oportunamente, Wikileaks hizo públicos y donde se dejo constancia del especial trato que el mencionado Nisman tenía con la embajada americana donde, al parecer, discutía la orientación de la denominada causa AMIA.
¿Usted se preguntará porque un fiscal argentino tenía que discutir los detalles de un caso judicial ocurrido en el ámbito de nuestra jurisdicción en una representación diplomática extranjera? Nosotros también. Pero el mediático fiscal no se ha molestado en brindar explicaciones al respecto.
Por supuesto, para los medios dominantes esos pormenores no cuentan. Como tampoco cuenta que la narración de un fiscal carezca de fundamentos sólidos; al fin y al cabo, ya estamos acostumbrados a la insustentabilidad de determinadas noticias. Lo malo no es solo que carezcan de sustento -lo que en cierta forma, revela el absoluto desinterés por la verdad-, sino que se manipule ininterrumpidamente a la población con argumentos inconsistentes.
El propósito, ya lo sabemos, no es este el gobierno con el que simpatizan los grandes grupos corporativos: ni mediáticos, ni judiciales, ni sindicales, ni financieros, ni las grandes cadenas de supermercados, ni los “buitres del Norte”. Solo resta despertar el rechazo de la población y para ello todo es válido. Incluso la mentira desproporcionada.
De ese modo, quizá sin darnos cuenta, hemos asistido al asesinato de la verdad. Pues,  la verdad ha muerto a instancias del poder mediático; pero como vemos, no solo ellos se han empeñado en matarla, son varios los que han colaborado (y colaboran, no sea que “resucite”) en esa indigna tarea. El problema es que matando a la verdad, es imposible hacer justicia. 

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