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martes, 28 de febrero de 2012

Una tragedia con orígenes remotos





La catástrofe ferroviaria acaecida en nuestro país hace escasos días pone de manifiesto una serie de irregularidades que, de no haberse producido el desgraciado hecho, hubieran permanecido ocultas hasta que un suceso de similares características las arrojara a la superficie.
Concretamente, nos referimos al conjunto de deficiencias que padece el sistema ferroviario argentino y, fundamentalmente, al deteriorado estado de las formaciones de trenes y vías de circulación que no gozan de la conservación y mantenimiento adecuado para la seguridad de los pasajeros.
El “accidente” (hoy los familiares de las víctimas nos hablan, y con razón, de “catástrofe previsible”) ocurrido el 22 de febrero es horrorosamente elocuente, con un saldo de 51 muertos y casi 700 heridos; no podemos menos que reflexionar dolorosamente sobre lo sucedido. Sin duda, es preciso determinar quienes, de una forma u otra, fueron los responsables de que semejante hecho se produzca; y para ello, es menester esperar los respectivos informes que los peritos especializados aportarán a la justicia a los efectos de ir deslindando responsabilidades.
Ahora bien, fuera del marco de las responsabilidades penales que serán determinadas por el Juez interviniente; están las responsabilidades políticas, no susceptibles de ser justiciables pero sí pasibles de ser tenidas en cuenta para comprender porque se llega a este estado de cosas.
Y aquí es necesario retrotraernos a la Argentina de finales de los años 80 y comienzos de los 90 para darnos cuenta como una medida adoptada hace décadas puede desamparar a las personas (en este caso, a los usuarios del ferrocarril) con consecuencias nefastas para su futuro.
Cuando el gobierno del Dr. Menem sancionó la conocida “Ley de Reforma del Estado”, en virtud de la cual se dio inicio al proceso de privatización de las empresas públicas, no solo se estaba sancionando una nueva ley que permitiese la transferencia de los activos públicos al sector privado; sino que se estaba estructurando un modelo de sociedad donde el Estado debía abandonar su rol de contralor, administrador y/o interventor en las diversas actividades relacionadas con la esfera económica.
En aquel entonces, el Estado fue asociado deliberadamente con el concepto de “ineficiencia”; y, por ende, no debía desarrollar servicios de índole alguna ya que de hacerlo estaba atentando contra la calidad de los mismos requerida por “la mayoría” de los usuarios.
A tal punto, llegaba la "ineptitud" del Estado que lo mejor que podía hacer según “los grandes comunicadores de la época” -opinión estimulada recurrentemente por los grandes medios independientes- era desregular todo tipo de actividad. Así se fueron transfiriendo todo tipo de servicios estatales a mano de las empresas privadas que, obviamente, hicieron pingues negocios no solo quedándose con apetitosos activos abonados a precios irrisorios; sino preservando una rentabilidad monopólica que le garantizaría suculentos dividendos a lo largo de los años. Si a esto le sumamos la ausencia de inversiones genuinas una vez que se apropiaron de dichas empresas, el despojo estatal terminó siendo absolutamente pernicioso para la población en su conjunto.
Los servicios ferroviarios no fueron una excepción de lo que estamos esbozando; cualquier televidente de aquella época recordará como se machacaba con la famosa frase “el ferrocarril da pérdida en manos del Estado”.
Uno de los tantos exégetas de la privatización del ferrocarril era nada menos que Mariano Grondona (un lobbista disfrazado de periodista) que junto a su inseparable y difunto amigo, Bernardo Neustad, pregonaron insistentemente el modelo privatizador. Y festejaron aquella famosa frase pronunciada por Carlos Saúl, cuando los trabajadores ferroviarios pretendían adoptar medidas tendientes a evitar el intencionado desmantelamiento de los servicios para luego privatizarlo, que decía: “ramal que para, ramal que cierra”.
Es indignante observar como el destacado columnista de “La Nación” responsabiliza ahora al Estado de semejante tragedia, siendo uno de los cultores de la desregulación estatal.
Pero volviendo a las responsabilidades políticas, es bueno tener presente hasta que punto se nos engañó con la dicotomía “Estado vs. Sector Privado”, o “Ineficiencia vs. Eficiencia”.
No existen dudas, que cuando el Estado tuvo a su cargo el funcionamiento de los servicios ferroviarios los trenes gozaban de un mantenimiento y conservación adecuados para seguridad de los pasajeros, aun con las injustas restricciones presupuestarias que algunos gobiernos supieron imponer a su estructura. Lo cierto es que ni el Estado era tan ineficiente como maliciosamente pretendieron hacernos creer, ni el sector privado era tan eficiente como nos lo "vendieron". Con el añadido que el Estado continuó -privatización mediante- desembolsando ingentes sumas de dinero a través de la política de subsidios para que los trenes operen con normalidad y para gratificación de los nuevos dueños.
Con esto no estamos formulando la propuesta de reestatizar los ferrocarriles; simplemente, nuestra intención es poner en evidencia hasta que punto quienes asignaban al  Estado la causa de todos nuestros males, no estaban ocultando la verdad para que unos pocos maximizaran ganancias y se promovieran en el país actividades desreguladas que ponían al desamparo al conjunto de los usuarios de los servicios públicos.
Obviamente, reflexionar sobre estos temas no va a reparar el daño causado sobre las víctimas y sus familiares y, como es lógico, poco puede importar en estos momentos hacer presunciones respecto de si este hecho hubiere ocurrido -o no- si la política de la empresa ( para el caso, TBA) no fuere diseñada por propietarios privados. Pero sí es dable interrogarnos que importante es el rol que debe desempeñar el Estado para garantizar la seguridad de sus habitantes en todos los órdenes y como determinada concepción del mismo puede incidir, directa o indirectamente, no solo sobre nuestra calidad de vida, sino sobre nuestra vida misma.
De ese modo podemos inferir que las decisiones que se adopten hoy, tendrán su repercusión a futuro. Y que sucesos en apariencia estrictamente infortunados, no son fruto de la inevitabilidad del destino; sino que se hallan remotamente concatenados con medidas que no generan el hecho en sí, pero crean las condiciones necesarias para que éste tenga lugar en el marco de las probabilidades.
De ahi que sea necesario una investigación profunda del caso en el terreno judicial sancionando a aquellos que por negligencia, impericia, culpa u omisión hayan posibilitado que esta tragedia se desencadene; pero que a su vez, se adopten las medidas políticas pertinentes para que esto no vuelva a repetirse. Máxime teniendo en cuenta que hay otra concepción imperante respecto del rol que debe desarrollar el Estado en nuestro país; y que dista mucho del Estado Ausente que pregonaban quienes hoy se hacen los distraídos.     

sábado, 11 de febrero de 2012

El crimen mediático








A finales de la década del 80 se emitía por la TV pública -en aquél entonces, ATC- un programa denominado “el monitor argentino". En el mismo se desarrollaban temas de diversa índole: actualidad, literatura, cine, teatro, etc.; sus conductores, Jorge Dorio y Martín Caparros  (este último, por entonces, con las neuronas intactas), solían encarar los mismos con cierta originalidad y sapiencia lo que despertaba determinado interés sobre el público televidente, en esos tiempos, mayoritariamente juvenil.
Recuerdo que uno de esos programas estuvo dedicado a la vida de un “notable” escritor y, a través del mismo, pudimos observar toda su biografía comentada por ambos conductores.
Así, por intermedio de la pantalla pudimos descubrir las fotos de su infancia, adolescencia y hasta de su galardonada madurez, robustecida por el prestigio literario de sus obras. Un sinnúmero de premios ad hoc, y enunciados puntillosamente por la programación, respaldaban la jerarquía del novelista.
Debo confesar que, en un principio, y como “aficionado” a la lectura me sentí atraído por el destacado programa; no obstante, sentirme más ignorante de lo que me imaginaba. Ya que en mi caso, desconocía absolutamente no solo las obras de tan ponderado escritor, sino hasta su propia existencia.
Al cierre de la programación los conductores anunciaron que en la próxima emisión íbamos a  poder contar con mucha más información del “reconocido” literato. Fue así que a la semana, me instalé firmemente ante la pantalla de TV para compensar mi ignorancia; pero notoria sorpresa me lleve cuando el mentado dúo anunció que, tanto el nombre del escritor (que mi memoria no recuerda), como sus obras, sus premios y su biografía, eran falsas porque se trato de un personaje ficticio inventado por la programación para demostrar el poder de engaño de los medios de comunicación.
Sin embargo, la productora atendiendo a la repercusión del programa y durante la semana previa a la revelación de “la verdad”, se encargó de reportear a la gente por las calles de Buenos Aires respecto del falso y afamado escritor.
Lo sorprendente fue que muchos de los reporteados durante la breve entrevista ante la pregunta: ¿Conoces al escritor…….? Respondían que sí, otros aducían haber leído sus obras, y no faltó quienes aseguraban ser seguidores desde "la publicación de su primer novela". Sin hacer mención de aquellos que, a raíz del programa, se habían lanzado a adquirir las mismas en las distintas librerías del país.
No esta en el ánimo de estas líneas (ni al alcance de su autor) desmenuzar hasta que punto los argentinos somos propensos a comprar y reproducir “mitos virtuales”; pero sí reparar hasta que punto somos “reflexivos” con los productos televisivos que nos vienen ofreciendo.
Un claro ejemplo de la imperiosa necesidad de reflexionar al respecto es lo acaecido durante el programa “Mauro 360”. En el mismo se difundió “un asalto en vivo” en el hall principal de la estación ferroviaria de Constitución. Allí una mujer era amenazada con un cuchillo exigiéndole a cambio su campera; mientras los subtítulos anunciaban: “Asalto en vivo”. Lo cierto es que el supuesto asalto era toda una “misa en escena” y “en vivos” estaban los encargados de la programación que, por una insignificante suma de dinero ($20), compraron los servicios actorales de un transeúnte con prontuario. Ahora bien, proceder de esta manera suele tener varios objetivos, a saber:
-Aumentar el rating televisivo. Las desgracias siempre despiertan la atención del televidente.
-Incrementar la sensación de inseguridad en la población. Pues, sabemos que una cosa es la inseguridad y otra, muy distinta, es la sensación de inseguridad que se potencializa sobre la “psiquis” de las personas. Con sus perniciosos efectos que se traducen luego en demandas colectivas de “soluciones que no son tales”. Como por ejemplo: aumento de niveles de represión y punibilidad que no solo no solucionan el problema sino que lo agravan porque no se atacan las causas, sino los efectos. Es muy habitual, la creencia generalizada -por otro lado, ingenua como toda creencia- de que un simple aumento de las penas reduce el delito; como si fuese suficiente cambiar un 6 por un 16 para erradicar, por ej., un determinado delito.
-Y responsabilizar al gobierno por “no estar velando por la seguridad ciudadana”. Evidentemente, incriminar al gobierno de permanecer indiferente ante “el peligro” que acecha a los ciudadanos en su vida diaria, es un modo de desgastar su imagen ante la opinión pública.
Muchas cosas ha realizado (y debe realizar más aun) este gobierno para contrarrestar la inseguridad, entre ellas: reducción del desempleo, mejoras salariales, asignación universal por hijo, incremento de la población educativa en las escuelas oficiales, etc., etc., son cuestiones que, aunque no parezcan, están íntimamente relacionadas con la seguridad.
Indudablemente, delitos de estas características (no simulados) acaecen en todas las sociedades del mundo y pretender erradicarlos definitivamente es no solo ignorar la naturaleza humana; sino también las complejidades de la vida social.
Esto no significa que no se deba reducir al máximo los índices de criminalidad existentes; por el contrario, es obligación de todo gobierno hacerlo, pero sin desconocer que son múltiples los factores que pueden despertar en un individuo su propensión a cometer delitos: sociales, culturales, económicos, familiares, educativos, y hasta propagandísticos. ¿O acaso no es obsceno estimular constantemente al consumo a aquellos sectores que solo pueden hacerlo en su imaginación? ¿Hasta que punto pueden resistir la tentación y declararse no formar parte de la legión de los consumidores?
Un párrafo aparte merecería el intentar descifrar hasta que punto también, determinados programas televisivos fomentan el rol delincuencial al ofrecerles, a quienes cometen actos delictívos, su aparición mediática con reportajes o historias respecto de "sus hazañas" que lo conducen “a la fama” mostrando su rostro en la pantalla chica para deleite de sí mismo y de sus conocidos.  
Lo cierto es que gran parte de estos temas están siendo abordados por el Estado en las diversas áreas –con mayor o menor acierto- y, como es lógico, no son susceptibles de soluciones mágicas; sin embargo, quienes motorizan esta clase de “información falaz” procuran, en última instancia, interrumpir esos avances.
Porque lo que les molesta no es la “inseguridad” sino las políticas enderezadas a mejorar la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos que va en sentido adverso al interés acumulativo de unos pocos.
De ahí que agiten el fantasma de la inseguridad, precisamente, aquellos que no anhelan resolverla; sino, por el contrario, solo se proponen instalarla para, con ese pretexto, corroer la confianza pública en aquellos gobiernos que intentan atacar las causas que la genera.  

martes, 7 de febrero de 2012

"El Veto" Macri y los defensores de la institucionalidad





“Dime de que te jactas y te diré tus defectos” reza un antiguo proverbio árabe. Estas expresiones, si bien no gozan del atributo de la infalibilidad; pues, si condensan –como solía decir un querido amigo- siglos de sabiduría popular.
Y vaya que, no son pocas las ocasiones en las que uno puede apelar a los proverbios con relación a la vida diaria; no solo en referencia a cuestiones particulares, sino también con relación a la realidad política. Sino veamos el caso de los dirigentes PRO. Pues, basta observar las recurrentes declamaciones de los miembros de esa fuerza política liderada por el Jefe de Gobierno porteño, el “Veto” Macri,  para corroborar cuan aplicable es –en este caso- el mentado proverbio.
Si, si, son los mismos que con antelación a los comicios desarrollados el año pasado se “auto-asignaban” ser los verdaderos custodios de la institucionalidad. Según ellos, el respeto incondicional a la división de poderes y al fortalecimiento de las instituciones era (y, supuestamente, lo es)  la piedra basal sobre la que se edifica toda "la propuesta" del PRO.
Claro que, si enfocamos la mirada sobre los actos donde se reflejan los diversos procederes del “institucionalista” Macri, podemos percibir un ostensible ejercicio de la hipocresía. Ya que, el tan mentado respeto a las instituciones brilla por su ausencia; y más que respetarlas se las avasalla periódicamente.
Cualquiera podría comprobar que en la realidad, tanto “el Veto” como sus fieles seguidores son: “institucionalistas profesantes pero no practicantes”; o, en su defecto, tienen una concepción muy particular respecto del significado de la institucionalidad.
Lo cierto es que en la práctica no solo no respetan la misma; sino tampoco lo hacen con  la ley, la ética, las personas, ni siquiera con la voluntad de sus propios electores que, en última instancia, han elegido legisladores con el propósito de sancionar leyes para su ciudad que terminan siendo impugnadas por el monarca sin corona.
Ahora se entiende porque cuando Macri fue legislador no asistía, prácticamente, nunca al parlamento. Obviamente, para Mauricio “lo institucional” excluye la legislatura. Pues, por eso profesa un absoluto desprecio por la labor parlamentaria. Y de hecho, eso se percibe más notoriamente desde que se hizo cargo del ejecutivo porteño.
Pero eso sí, en su concepción, “es un defensor a ultranza de la institucionalidad y el Estado de Derecho” y, si alguien lo duda, a las pruebas me remito, a saber: procesado por escuchas “ilegales” con causas fraguadas e iniciadas  en una jurisdicción provincial, procesado por los delitos cometidos (si bien, fue absuelto recientemente) por la conocida Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP) que se encargaba de expulsar (violencia mediante) de las plazas públicas a los “sin techo”, fuerte convicción republicana exteriorizada en la designación de ministros que reivindicaban (y reivindican) gobiernos dictatoriales; inquebrantable respeto a la ley, permitiendo la adjudicación directa a empresas privadas que contraten con la administración porteña evitando los “oscuros procesos licitatorios”, o autorizando aumentos en el transporte urbano de pasajeros sin ajustarse al “engorroso” procedimiento del llamado a la Audiencia Pública requerido por la norma. Y si con lo expuesto, alguien todavía vacila del “vigor institucional” que caracteriza a los hombres y mujeres PRO; observemos la constante utilización de esa herramienta institucional, denominada, Veto. Que como bien lo destacara la Vicejefa de Gobierno, Lic. Vidal, es un atributo del poder ejecutivo previsto en nuestra Constitución. Claro que como atributo de excepción debería utilizarse razonablemente; pero lógico, tampoco vamos a tratar aquí de desmenuzar que entienden los dirigentes del PRO por "razonabilidad". Ya bastante difícil se nos hace el desentrañar su concepto de institucionalidad, como para querer descifrar otro todavía más vasto.