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sábado, 29 de junio de 2013

Las elecciones, la no reforma y los privilegiados de siempre






 






Con el cierre de listas efectuado la semana pasada, se dio comienzo al desarrollo de la campaña electoral que ha de culminar en los comicios del mes de octubre. Es importante no perder de vista que, más allá de las apariencias, lo que está en juego, no es una mera composición del cuerpo legislativo. Por el contrario, aunque no se perciba, lo que está en disputa es, ni más ni menos qué, la estructura de poder que ha de modelar la construcción de la sociedad argentina en los años venideros.
A lo largo de esta última década la política gubernamental, con sus aciertos y desaciertos, ha delineado un proyecto de país muy distinto al, hasta entonces, modelo imperante en la Argentina del pasado. Previamente a la llegada de los Kirchner, “la política” era una herramienta vacía, anodina, incapaz no solo de generar cierto atractivo en la ciudadanía, sino de resolver los más elementales reclamos que una población puede demandar.
Fue tal el grado de degradación en que había sido sumergida (la política) que el hombre común llegó a suponer que todo aquello que, de un modo u otro, se encontrare relacionado con ella se hallaba viciado de corrupción y de impurezas. Por ende, se fomentó la creencia de que la mejor postura que podía asumir un “ciudadano”, consistía en alejarse la mayor distancia posible del quehacer político local a los efectos de no contaminarse.  Claro que éste alejamiento, estimulado por un número significativo de “dirigentes” inescrupulosos y motorizado por los medios de comunicación masiva, permitió que, sin ningún tipo de obstáculos,  un sector minoritario de la sociedad se adueñara del poder y, mediante el uso discrecional del mismo, fuera trazando un modelo de país absolutamente despolitizado que les facilitáse acentuar las desigualdades y concentrar la riqueza en pocas manos.
Así se instaló la creencia generalizada de que la política era intrínsecamente mala. Logrando, en consecuencia, que los individuos no se articularan en función de propuestas colectivas; sino que se ahuyentaran de este tipo de iniciativas para replegarse en el más rancio individualismo.  
Lo sorprendente fue descubrir, a partir de la llegada de Néstor Kirchner, que “la política” no era intrínsecamente mala, sino que se la había desnaturalizado a los efectos de subordinarla a una “ciencia” que algunos se empeñaron -dolosamente, por cierto- en revestirla de cualidades “casi exactas”, con el propósito de hacer creer que en ella se fundamentaban los secretos del saber. Nos referimos concretamente a la “ciencia económica” que, indudablemente, tiene más componentes subjetivos que objetivos; pero que se la quiso presentar casi con la rigurosidad con la que se presenta una teoría matemática.
Y para peor, los fundamentos de ese presunto “rigor científico” -inexistente por cierto- estaban provistos por la conocida teoría neoliberal, que resulto ser -parafraseando a un conocido filósofo- precisamente “la voluntad de la clase dominante elevada a la categoría de ciencia”.
Ahora bien, no es casual que la economía, desde mediados de los 70 hasta principios de éste siglo, haya ocupado “el trono del saber”; después de todo es, precisamente, en el terreno económico donde se disputa el poder real en una sociedad.
En consecuencia, se “convenció a la gente” -con la complicidad de los grandes medios - que la racionalidad consistía en ajustarse a las necesidades del “Saber Económico” (léase, teoría neoliberal) subalternizando, de ese modo, “la política”. Así se logró no solo neutralizar los reclamos; sino instalar la idea generalizada de aceptar resignadamente la implementación de un conjunto de medidas cuyo único propósito fue fortalecer la situación de privilegio de quienes detentaban el poder real.  Es obvio que la mayoría de los poseedores del poder actuaron (y actúan) bajo las sombras, sin exponerse al conocimiento público, y ocultando esos inconfesables intereses.
Sin embargo, pese a semejante poderío,  el arribo de los Kirchner a la Casa Rosada posibilitó que, a medida que su gobierno fue ganando consenso en la sociedad, “la política” comenzara a resurgir de las cenizas. A tal punto llegó su revitalización que en escaso tiempo desplazó al “saber económico o tecnocrático” del centro de la escena; para ubicarse en esa posición y, desde allí, emprender la fatigosa tarea de disputar el poder real para comenzar a distribuirlo más equitativamente  entre amplias franjas de la sociedad.
Puede que algún incauto presuma que ésta tarea tiene una implicancia menor; no obstante, no es así. Pues, si alguno duda al respecto, solo basta con observar cómo desde el advenimiento de la democracia (año 1983) los gobiernos constitucionales fueron sufriendo fuertes condicionamientos durante su ejercicio, hasta llegar a convertirse en meros instrumentadores de la voluntad de los sectores dominantes.
La audacia -y tal vez el logro más significativo- de los Kirchner fue poner al descubierto ésta realidad y a atreverse a enfrentarla ab initio aun partiendo desde una posición de vulnerabilidad; no olvidemos que Néstor llegó a acceder  al sillón de Rivadavia, con solo el 22% de los votos. Basta recordar que en plena asunción del nuevo mandatario, el director de un diario como “La Nación”, José C. Escribano, preanunciaba en su nota editorial que si el gobierno de Kirchner no instrumentaba las políticas por ellos “sugeridas”, su perdurabilidad en el mando difícilmente  podría extenderse más allá del año. Éste hecho, por sí solo, revela a las claras cual era (y lo sigue siendo) la arrogancia de los “detentadores del poder” en la Argentina. Recordemos de paso que este mismo señor es, entre otras cosas, pariente del nonagenario ministro de la Corte Suprema de Justicia, el juez Carlos S. Fayt.
Por lo tanto, es precisamente en el marco de éste contexto histórico como debe visualizarse la futura contienda electoral y que es lo que se disputa. Una simple mirada sobre las listas de candidatos o de quienes adhieren a las huestes de los autodenominados referentes “republicanos”  nos proporciona, de manera casi instantánea, cual es la estructura de poder que dichos representantes están dispuestos a reivindicar.
Por ejemplo, si uno observa la lista o las adhesiones del flamante Frente Renovador que lidera el intendente de Tigre, Sergio Massa, se encontrará con un conglomerado de miembros -muchos de ellos “conspicuos” representantes de la concepción política predominante con anterioridad al 2003- que van desde referentes del “gran multimedio argentino”, del establishment local, de intendentes históricos (Cariglino, Zuccaro, Guzman, etc.), y de políticos que apoyaron en un ciento por ciento las políticas del menemismo.  Este espacio político aspira, en apariencias, a ubicarse en “el justo medio” por apelar a esa antigua expresión aristotélica; esto es, situarse más allá de la ciega oposición y del proyecto oficialista. Ahora bien, comenzó haciendo campaña enarbolando las mismas consignas que los grupos mediáticos desplegaron contra el gobierno de Cristina Fernández; así su referente mayor, Sergio Massa, como de memoria recitó los tradicionales títulos de Clarín: “Nos oponemos al acuerdo con Irán (en referencia al esclarecimiento de la causa AMIA), al avance sobre el Poder Judicial y a la reelección”. Ya hemos manifestado que la negociación con el gobierno iraní atendía a la necesidad de movilizar una causa absolutamente paralizada,  emprendiendo  nuevos caminos que, si bien con resultados inciertos, puedan sacarla del estado de inmovilidad permanente en que se encuentra. Ésta última postura, adoptada por el gobierno, fue apoyada directamente por los familiares de las víctimas del trágico suceso, que solo anhelan el esclarecimiento del hecho y, en consecuencia, no están dispuestos a ver condicionadas sus pretensiones en función de la política exterior del gobierno israelí.   
Con referencia a los supuestos avances sobre el Poder Judicial, es otra de las muletillas utilizadas por los “grupos mediáticos” que no quieren ver afectados sus intereses por leyes sancionadas por el Congreso.
Lo cierto es que quienes conocen medianamente los pormenores que se suscitan en el interior del mencionado poder, no ignoran que el mismo se ha transformado (y esto desde principios del siglo pasado) en el escudo protector de los sectores del privilegio en la Argentina.
Si hasta muchos de sus integrantes, se reputan a sí mismo como integrantes de una clase especial. El reciente fallo de la Corte en referencia a la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura (una simple mirada en sus considerandos, nos permite observar cierto resabio peyorativo al aludir al rol que desempeñarían “los académicos y científicos” en la integración del mentado órgano) o la decisión adoptada por sus miembros de interrogar a los funcionarios de la AFIP por  “presunta” investigación fiscal a su presidente, el Dr. Ricardo Lorenzetti  -como si la investigación fiscal fuese solo aplicable a los ciudadanos de segundo orden- es una muestra irrefutable de los sentimientos de privilegio que anidan en ese poder. Bien lo señalaba Sieyes en su conocido “Essai sur les privileges”: “Penetrad un momento en los nuevos sentimientos del privilegiado. El se considera, con sus colegas, como formando un orden aparte, una nación escogida por la nación. Piensa que se debe ante todo a los de su casta, y si continúa ocupándose de los otros, estos no son ya, en efecto, más que los otros, es decir, ya no son los suyos. Ya no es el país un cuerpo del que él era miembro, sino el pueblo, ese pueblo que muy pronto en su lenguaje y en su corazón no será más que un conjunto de gentes de poca importancia….”   
No por casualidad, el arco opositor en pleno ahonda en las mismas críticas y sale a la palestra a desarrollar la defensa incondicional de la mayoría de los miembros de la Corte; pues saben muy bien que el Poder Judicial (en buena parte) es un reducto cooptado por el establishment a los efectos de salvaguardar sus tradicionales intereses. Tal vez, la única posibilidad existente de quebrar ese arraigado espíritu de cuerpo, que se opone a la democratización del poder, se reduzca a promover la reforma constitucional.  Claro que en virtud de ello, es el absoluto rechazo de la totalidad de los dirigentes opositores a toda tentativa de reforma de nuestra Carta Magna; si bien, es dable recordar que, muchos de ellos saludaron con beneplácito la reforma instrumentada durante el gobierno menemista.    
Así vemos como los distintos candidatos de la oposición -llámese De Narvaéz, Macri, Massa, Stolbizer, Solanas, Binner o Alfonsín Jr.-  abrevan en la misma fuente, desplegando un mismo discurso opositor. Ése que suena armoniosamente dulce a los oídos del establishment.
Por otra parte, se podrá aducir que el Kirchnerismo todavía tiene muchas asignaturas pendientes y es sensato reconocerlo; después de todo la perfección en política está condicionada por la imperfección humana.  Sin embargo, hace una década que el pueblo argentino no padece las situaciones de angustia y  desosiego como a la que estábamos acostumbrados con los gobiernos anteriores, donde la política era sinónimo de deplorable. Hoy la política se visualiza como una herramienta imprescindible para disputar el poder, para conquistar intereses o para no verlos menguados. Y eso se lo debemos, sin ninguna duda, al kirchnerismo  que, a diferencia de la oposición, despliega su accionar en función de los requerimientos de las grandes mayorías populares. De ahí que lo que esté en juego sea la profundización de la democracia o la parálisis de la misma.

jueves, 20 de junio de 2013

La justicia corporativa



      

 



                                                      

     “La justicia no existe, por eso hay que hacerla” (Alain)


Con que simpleza, y con cuanta elegancia, este filósofo francés puso en evidencia semejante verdad. Es obvio que, en el proceso de “realización”, suele haber avances y retrocesos. Después de todo, son los miembros de la comunidad, los encargados de dar “vida” a lo inexistente. Y aquí  finca el mayor de los problemas, ya que al momento “del hacer”, no todos conciben el mismo modelo de Justicia.
No obstante, no quepan dudas que el mejor arquetipo de justicia posible, ha de ser aquel que se asiente sobre sólidos cimientos democráticos. Y esta ha sido, precisamente, la discusión que se desarrolló a lo largo de estos últimos tiempos en el seno de la sociedad argentina. Discusión que no tuvo un “final feliz” ya que uno de los poderes públicos, concretamente el Poder Judicial, anteponiendo criterios corporativos, puso cese al avance democratizador.
El hecho tuvo lugar con la declaración de inconstitucionalidad de cuatro artículos de la ley 26.855; evitando, en consecuencia, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Dicho Consejo es un órgano político que, conforme a lo dispuesto por nuestra Constitución, será: regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, y  tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial” (art.114). A su vez, el mencionado artículo continúa diciendo:
El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.
La Corte haciendo hincapié en que “la primer fuente de interpretación de la ley es su letra”, si bien sugiere vagamente indagar la intención del legislador, divide el párrafo en cuestión en dos partes. La primera, donde interpreta que el artículo establece para los jueces y para los abogados, la representación estamentaria.
Y, la segunda,  donde se hace alusión a la integración del Consejo por personas del “ámbito académico y científico”. Respecto de esta disposición sostiene que por mencionárselos en segundo orden, dichas personas “no tienen asignado un rol central”. De lo que se puede llegar a inferir que la Constitución establece una suerte de jerarquía entre los miembros del Consejo; a tal punto de reducir a la mínima expresión la eventual  participación de los representantes del “ámbito académico y científico”. Si hasta podríamos llegar a considerarlos una suerte de integrantes pasivos, de segundo orden, que la Carta Magna los mencionó accidentalmente.
A los efectos, son encomiables  los fundamentos del voto disidente del Dr. Zaffaroni quien en sus considerandos sostiene que la reforma constitucional del año 1994 “se caracterizó por perfilar instituciones sin acabar su estructura. En ocasiones se tiene la impresión de que simplemente marcó trazos gruesos que se limitaron a esbozar órganos y competencias muy lejos de la ingeniería necesaria para delinear una ingeniería institucional”.
Para luego añadir que el texto constitucional de referencia “delegó la tarea de finalizar la estructuración del Consejo de la Magistratura en una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En esta línea tampoco se definió su integración, pues el texto incorporado se limita a indicar los estamentos representados, sin señalar números ni proporciones, dado que solo impone que se procure el equilibrio. Es claro que equilibrio no es sinónimo de igualdad, y ni siquiera procurar es lo mismo que deber. Deber procurar significa que se debe hacer un esfuerzo en pos del equilibrio, pero nada más”.
Más adelante en otro de los considerandos, el reconocido jurista de renombre internacional, sostiene: “En cuanto a la independencia de los consejeros, y su reflejo sobre la independencia judicial, devenida la necesidad de que los candidatos sean postulados por los partidos políticos, cabe observar que el concepto de independencia es doble: la hay externa, pero también interna, dependiendo la última de que el poder disciplinario, en materia de responsabilidad política y de presión interna del Poder Judicial, no sea ejercida por los órganos de mayor instancia, que es la esencia del concepto de corporación o verticalización”.
Posteriormente Zaffaroni  ahuyenta aquellos fantasmas a los que alude la causa (en referencia con la dependencia externa) cuando se vincula a los eventuales miembros con los partidos políticos diciendo: “…no es posible obviar que es inevitable que cada persona tenga una cosmovisión que la acerque u aleje de una u otra de las corrientes de pensamiento que en cada coyuntura disputan poder. No se concibe una persona sin ideología, sin una visión del mundo”. “El juez –y en este caso el consejero- una vez designado es independiente de todo partido, y no está sujeto a sus órdenes ni mandatos. Si alguno se somete a esta condición, esto no será resultado de la elección, sino de su propia falla ética, al igual que sucede con los jueces, si acaso alguno se considera vinculado o sometido a la fuerza política que incidió en su nombramiento”.
Los argumentos de Zaffaroni son más que esclarecedores y ponen de manifiesto sutilmente algo que suele ocurrir en los hechos. Nadie ignora que, hasta el momento, el Consejo de la Magistratura fue una rémora para el mejor funcionamiento de la Justicia.
La cantidad de jueces subrogantes que aún perduran (y, por desgracia, se siguen designando)  en la administración judicial es una muestra más que evidente del mal desempeño del Consejo. Por otra parte, ¿quién puede afirmar que los miembros integrantes del Consejo han sido personas apartidarías que solo respondían a criterios independientes? ¿Acaso alguien puede sostener seriamente que los consejeros Alejandro Fargosi  -de estrechos vínculos con el PRO- o el juez Ricardo Recondo (ex funcionario radical) carecían de vínculos políticos?
Sin duda, el reciente fallo de la Corte dejo un sabor por demás amargo para el ciudadano consustanciado con los valores democráticos. Es conocida la raíz aristocrática -por no decir ultraconservadora- del Poder Judicial; sin embargo, uno siempre anhela que los representantes de ese poder impongan criterios que posibiliten la construcción de la Justicia.
A esta altura de los tiempos, se hace difícil creer en una Corte que interpreta un artículo (para el caso el art. 114 de la Constitución Nacional) en estricto sentido literal, donde hasta ese mismo enfoque resulta suficientemente controvertido; y no hace una rígida interpretación de ese mismo artículo, concretamente el inciso 3, donde se establece que “el Consejo de la Magistratura debe administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia”. Porque eso sería, ni más ni menos, retirar de manos de la Corte el manejo discrecional de los fondos, tal cual acaece hoy en día.
Porqué confiar en la “infalibilidad” de un poder que para garantizar la continuidad de un ministro de la Corte, el juez Carlos Fayt, no reparó en sancionar una acordada que le permitiese ser miembro integrante con 95 años de edad; desconociendo , de ese modo, la edad máxima (75 años) establecida en nuestra propia Constitución Nacional. No es de temer obviamente el  pasado político (en el Socialismo Democrático) del juez en cuestión,  a pesar que en su fallo cuestiona la pertenencia partidaria. Sí, en cambio,  es preciso recordar que es el yerno de uno de los dueños del periódico “La Nación”. Hecho este que debería, cuando menos, “inhabilitarlo” (sería saludable que lo hiciese por motu proprio) para entender en el  futuro fallo sobre la ley de medios, ya que el Grupo Nación es uno de los más enconados opositores a la entrada en vigor de esta ley democrática.    
Pero finalizando con la Suprema Corte porqué confiar en la “equidad” en su presunto “espíritu no corporativo” si en otra de sus acordadas decidió declarar inaplicable una ley que los obliga a pagar el impuesto a las ganancias.
Estos son solo algunos ejemplos que  inducen a la ciudadanía  a suponer que el corporativismo está férreamente instalado en buena parte de los supremos. Sin duda, y conforme a lo que expresan, tenemos criterios de justicia disímiles con buena parte de sus miembros. No existen dudas que la “justicia corporativa”, es una manera de facilitar la inexistencia de la justicia. Solo la democracia nos permitirá, como bien lo destacaba Alain, darle existencia a la Justicia.

lunes, 17 de junio de 2013

Una cobertura sin escrúpulos





 






La semana pasada la población de nuestro país se vio conmocionada por dos trágicos hechos de amplia cobertura televisiva. El primero de ellos, fue la desaparición y el asesinato de una adolescente acaecido en el ámbito de la Capital Federal. Y, el segundo, un “inexplicable” accidente ferroviario (con un saldo de tres muertes y centenares de heridos de distinta consideración) que aun continúa en la “nebulosa”, si bien se espera qué el proceso investigativo en curso determine fehacientemente lo sucedido.
La casi simultaneidad de ambos acontecimientos en el tiempo, determinó que los medios informativos se abocaran de lleno a la cobertura de ambos sucesos dolorosos.
Sin embargo, fuere por lo macabro del homicidio o por la sensación de angustia que genera el tomar conocimiento de la muerte de alguien que estaba dando sus primeros pasos existenciales; los medios de comunicación concentraron la mayor parte de sus emisiones en “informar” respecto de éste último caso.
Obviamente, nada de malo hay en que ello sea así; por el contrario, si la información que se brinda se fundamenta en la mesura, la racionalidad, la facilitación de la investigación judicial para el esclarecimiento del hecho y para mantener en conocimiento a la población de lo verdaderamente acaecido, sería una actitud más que ponderable. Ahora bien, cuando la postura adoptada se endereza a acentuar los aspectos mórbidos de lo sucedido, a desplegar teorías descabelladas fruto de la “imaginación irresponsable” de algunos periodistas; a emitir juicios categóricos sin el más mínimo asidero o sin reparar en el daño que ocasionan a terceros y al normal desarrollo de la investigación, estamos en presencia de un pseudo-periodismo que solo tiene por propósito las mediciones del rating.
En verdad, no sorprende este proceder mediático, pues, la misma actitud se observó en otros hechos delictivos o accidentes trágicos (v. gr. caso Candela o Pomar) donde se formulaban hipótesis extravagantes, reñidas con la racionalidad para concentrar la atención de los televidentes. Hecho éste que pone de manifiesto que no importa la veracidad de los hechos, lo importante es captar audiencia, es entretener al espectador suministrándole, si es preciso, “desinformación” para que no se mueva de la pantalla.
Así vemos como en el proceder del todo vale se entrevista a un vecino que mora a dos cuadras del domicilio de la víctima, y que solo la conocía ocasionalmente, para preguntarle: ¿Cómo era la adolescente? O se interroga  a sus compañeros del secundario para que aporten alguna historia a los efectos de ser vertida en la correspondiente programación. Lo importante no consiste en descifrar el hecho en sí; sino en acentuar la sensibilidad de los televidentes con historias experimentadas por la  joven víctima.
Y siguiendo con la lógica del todo vale, un párrafo aparte merece la intencionalidad primigenia de los medios dominantes que, al conocerse la noticia de la desaparición de la joven; comenzaron a responsabilizar al gobierno nacional (jamás se atreverían a responsabilizar a la jurisdicción local, esto es capitalina) por su “nula” respuesta a los reclamos de inseguridad. Dando lugar a que aparezcan “los predicadores de la mano dura” para cuestionar los beneficios del “garantismo” y, poco más, reclamar la supresión de las libertades y garantías que establece nuestra Constitución. Curiosamente son los mismos que apelan a la no reforma de la Constitución cuando alguno de sus intereses es afectado; pero se muestran complacientes cuando se quieren suprimir derechos que protegen a la mayoría de las personas.  
Pero volviendo al trágico suceso, también se dijo en una primera etapa que la adolescente había sido violada, hecho éste que no estaba corroborado pero se vertió públicamente -a través de los medios- como para acongojar más a quienes seguían con atención los desgraciados hechos. Sembrando, a su vez, el miedo y la indignación en la opinión pública.
Por cierto, tampoco faltaron aquellos que reprodujeron con gráficos, imágines y hasta con una “suerte de representación” lo supuestamente sucedido. Y aquí es necesario preguntarnos: si el límite para informar está determinado por el rating, ¿hasta dónde son capaces de llegar “los periodistas” para maximizar sus resultados?
El problema que aquí surge, no se focaliza en la persona del “informante” (que podrá poseer o carecer de valores éticos); sino en el “conocimiento” que está aportando a la población.
Si éste es falso, infundado o distorsionado, estará dejando en las sombras al televidente; quien ingenuamente, terminará reproduciendo los comentarios que escuchó a través de la pantalla. Lo que en definitiva, no es informar sino confundir, con las secuelas que esto trae aparejado tanto para los involucrados directos o indirectos, como para la búsqueda de justicia.
Un claro ejemplo de esto fue la tentativa de convocar a una marcha contra “la inseguridad” impulsada por la difusión de los informativos que machacaban con esa muletilla. Conducta por otra parte reiterativa; lo mismo habían sugerido en el denominado “Caso Candela”.O cuando condenan por anticipado a un supuesto "sospechoso" sin que la justicia se haya expedido al respecto, violentando el principio de inocencia y fomentando, de ese modo, el no respeto a la ley vigente.
Es habitual que, en ciertos casos, algunos periodistas procuren “desinformar” deliberadamente para enrarecer el clima social; también están aquellos periodistas que por necesidad, por ingenuidad o por ausencia de formación, terminan aportando lo suyo en la tarea desinformativa.
En el mundo mediático nadie desconoce que, cuando no hay predisposición por “el saber” (esto es, por indagar) es muy común confundir percepción con conocimiento.  
El individuo supone conocer la realidad con solo percibirla; ignorando que la aprehensión de la misma es un proceso extremadamente complejo. Esto ningún periodista debería soslayarlo, ya que de hacerlo estaría degradando su profesión;  o lo que es peor aún, estaría atentando contra la construcción de un mundo mejor. No obstante, si a sabiendas insisten con un comportamiento semejante, deberíamos preguntarnos: ¿Para quién trabajan ciertos periodistas?

martes, 4 de junio de 2013

La argentina kirchnerista y su relación con el Tercer Reich






 







Todos los días en la Argentina, nos desayunamos con un conjunto de declaraciones (o denuncias) tan absurdas como las que suele inventar la tragicomedia periodística local. Ahora bien, cuando no son los periodistas independientes, son los dirigentes (en su mayoría opositores) los que se destacan en proferir frases célebres que los medios reproducen para diseminar sus efectos en busca de algunos “incautos lectores de periódicos” tradicionales.
Obviamente, el problema no consiste en leer el diario; el inconveniente radica en leerlo suponiendo que la versión periodística es “imparcial” al momento de publicar una nota o reproducir un reportaje.
Un verdadero ejemplo  de ello ha sido la editorial del domingo 27 de mayo de 2013 publicada por el diario La Nación bajo el título 1933 y las altisonantes declaraciones vertidas por el presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger , reproducidas en los distintos medios y reafirmadas nuevamente en el día de hoy. 
No nos vamos a detener en la editorial de un diario (con tristes antecedentes antidemocráticos) donde uno de sus dueños nos habló, no hace mucho, de “la dictadura de los votos” y ahora procura establecer un absurdo paralelismo entre el gobierno nacional y el Tercer Reich. Pero si vamos a desmenuzar las manifestaciones expresadas por este opaco economista, de activa participación en la década del 90, y defensor a ultranza del modelo neoliberal.
El Sr Sturzenegger sostuvo que: “Querer parar la inflación con juventudes hitlerianas, es como querer parar a un tren gritándole que pare”. No conforme con eso sostuvo ahora que: “Yo hice una declaración muy fuerte que hace referencia puntual a un hecho histórico que puede gustar o no: que ese régimen (el régimen nazi) usó a las juventudes para el control de precios, eso es real. Ese régimen fue tan atroz que cualquier cosa que haga cualquier gobierno, de cualquier signo político, que tenga una reminiscencia con eso debe ser advertido”.
Al parecer, para este dirigente del PRO, el rasgo determinante para encasillar a un gobierno como nazi consiste, esencialmente, en la actitud que adopte al momento de combatir la inflación.  A su juicio, si el gobierno en cuestión opta por el control de precios, acompañado por la participación voluntaria de la ciudadanía; es indefectiblemente, un gobierno de clara orientación nazista.
Si uno aplicara la “lógica” que gusta emplear Sturzenegger para realizar ponderaciones políticas debería concluir, por ejemplo, que el gobierno de Franklin D. Roosevelt ha sido un émulo del gobierno hitleriano.
Por cierto, semejante reduccionismo absurdo es el resultado de una mezcla de ignorancia con cierta dosis de mendacidad interesada. Ignorancia porque de tener plena conciencia de los hechos históricos jamás podría ocurrírsele semejante comparación; y mendacidad porque, aun conociendo superficialmente los mencionados hechos, no puede desconocer que el control de precios es una herramienta de política económica que, con éxito o sin él, fue utilizada por una pluralidad de gobiernos que nada tienen en común con un régimen totalitario.
Como bien destacábamos anteriormente, fue precisamente el gobierno de Roosevelt quien en 1941 -es decir, en plena guerra mundial. ¿Deberíamos aclararle al Sr. Sturzenegger en que bando se hallaba EEUU en esa contienda internacional?- convocó al destacado economista John Kenneth Galbrait  quien se encargó de llevar a la práctica un exitoso control de precios sobre casi la totalidad de los productos internos en dicho país, reduciendo la inflación a índices cuasi inexistentes. Sin embargo, creo que nadie con un “mínimo de razón” podría suponer que el gobierno de Roosevelt (por haber adoptado semejante medida) ha pasado a la historia como un claro precedente de regímenes totalitarios.
La liviandad que encierran expresiones de está naturaleza, confirma el escaso criterio que tienen ciertos dirigentes opositores en la Argentina de hoy. Sin duda, estas manifestaciones se enlazan con otras tantas que circulan por los medios independientes y que tienen por deliberado propósito corroer el ánimo de los argentinos. Claro que apelan a este tipo de expresiones porque existe una firme intencionalidad  -que, en otros tiempos, les ha dado un resultado más acorde con sus deseos- consistente en socavar el apoyo ciudadano y destituir a éste gobierno como fuere.
Históricamente, la aplicación de estos métodos de difamación no eran otra cosa que el procedimiento habitual para corroer la confianza en los gobiernos constitucionales (Yrigoyen, Perón, Ilia, Frondizi, etc., etc.) y dar, de ese modo, “luz verde” a la avanzada golpista para entronizar gobiernos de facto que restablecieran “los deseos”, concretamente intereses, del establishment.
Obviamente, luego de la cruenta dictadura del 76 (que seguramente para algunos dirigentes del PRO, en sintonía con esta línea de pensamiento, era una variante más de los “gobiernos liberales”; ya que no proponía el control de precios. A pesar de tener profundas coincidencias con el nazismo, tanto en lo ideológico como en la praxis), la posibilidad de recurrir a los golpes de estado con la complicidad de ciertos sectores de las fuerzas armadas se ha desvanecido, por el momento.
Sin embargo, apelan a los mismos recursos de antaño a la espera de materializar sus reiterados anhelos. No por casualidad esta clase de “dirigentes”, en consonancia con los representantes del establishment mediático, se empeñan diariamente en expresar disparates como éste para mancillar al gobierno constitucional.
Deploran lo que ellos llaman “populismo”; porque ampliar la participación popular en lo que se vincule con la construcción de un país es, ni más ni menos que, reducir las posibilidades de concentrar la riqueza en unos pocos.
Son sobresalientes discípulos de las enseñanzas de Von Hayek  para quien un gobierno “es bueno y aceptable” en tanto y en cuanto garantice “el libre funcionamiento del mercado”. Lo demás no cuenta. 
De ahí que para Sturzenegger  (al igual que para el diario La Nación) la dictadura del 76 (con las desapariciones, torturas, muertes, persecuciones y censura) no se asemejó al régimen nazista; pero sí, en cambio, este gobierno que se atreve a promover el intervencionismo estatal en la economía.
Sería bueno saber: ¿Cuál sería la posición de estos señores si  Hitler hubiese garantizado la libertad de precios? ¿Tal vez la misma que la que esbozaron en la dictadura?  
Una buena manera de descifrar ese enigma (si es que alguno lo desconoce) es recurrir a los periódicos de la época trágica en la Argentina; pero claro, me temo que no dejaría bien parado a muchos de estos “señores”.
No obstante, es un buen procedimiento para saber cual es la fé democrática que han profesado estos hombres.