Uno de los argumentos más utilizados en estos últimos días,
por parte de los críticos del período Kirchnerista, es el hacernos creer que el
país ha retornado a “la normalidad”.
Pues, la idea de que el país se ha encauzado en el plano institucional y en el “racionalismo
económico”, abandonando el “despilfarro irresponsable” del gobierno populista,
conduce a suponer que la notoria mejora en materia de derechos y en relación a
una distribución más equitativa del ingreso promovida por el gobierno anterior
fue consecuencia de la instrumentación de políticas irracionales que atentaban contra
“lo normal”.
Por cierto, imponer semejante creencia tiene el deliberado
propósito de lograr el necesario consentimiento social para que la ciudadanía
acepte, resignadamente, la ejecución del actual plan neoliberal. De esa manera -esto
es, apropiándose de “la racionalidad”- nos explican, a través de
los distintos medios de comunicación, que “lo normal” es: eliminar las
retenciones a las grandes corporaciones agrícolas, suprimir las aranceles a las
compañías mineras, aumentar en cifras siderales el costo de los servicios
públicos, devaluar drásticamente el peso, reducir los salarios, multiplicar los
despidos en la administración pública, acordar en condiciones extremadamente
desventajosas con los “fondos buitres”, permanecer impasibles ante los
remarcadores de precios, restringir -represión mediante- la protesta colectiva,
e indudablemente gobernar por decreto y, en lo posible, sin oposición alguna.
Es obvio que dentro de estos parámetros de “normalidad” (no
olvidemos que la imagen juega un papel preponderante en el ideario de “Cambiemos”)
se encuentra también la faceta simpática del modelo; de ahí la necesidad de
difundir los pasitos de baile del actual presidente que, ante la grave
situación por la que comienzan a atravesar muchos de nuestros compatriotas,
representan un “verdadero estímulo” para la conservación del optimismo.
Claro que si uno procura entender las medidas adoptadas en
este breve tiempo de ejercicio de gobierno, resulta harto difícil encontrar
visos de racionalidad que fundamenten la instrumentación de las mismas. Por
ejemplo, uno de los constantes relatos en que se cobijan los economistas -y
periodistas- neoliberales para justificar el actual proceder del equipo
económico es el “déficit fiscal”. El supuesto “agujero” que CFK le ha dejado a
la economía nacional durante su “desastrosa gestión”, según sostienen los
valentonados macristas.
Obviamente, la lógica indica que para “tapar el agujero” es
preciso rellenarlo; lo que en términos económicos implica mejorar la
recaudación fiscal. Sin embargo, lejos de aventar el mentado problema optan por
agravarlo reduciendo los ingresos del Estado a través de la supresión de las
retenciones al campo y al sector minero (solo la eliminación de los derechos de
exportación a la minería representa la pérdida de 3.300 millones de pesos al
año) lo que equivale a debilitar aún más las insuficientes arcas del Estado.
Claro que para los detentadores de la racionalidad, “lo
normal” para contrarrestar el déficit en cuestión (que por otra parte,
dista mucho de ser de la magnitud que expresan los voceros oficiales) es recurrir
al endeudamiento externo; receta, por cierto, archiconocida por quienes hemos
atravesado la perniciosa experiencia de la década del 90. De la cual al
parecer, los funcionarios actuales, no han aprendido mucho a pesar de que
algunos de ellos fueron partícipes directos (por no decir corresponsables) de
aquella nefasta situación.
No obstante, la normalidad que pregonan los poseedores de la racionalidad se
encuentra con un obstáculo temporal para emprender el tan pretendido proceso de
endeudamiento externo. Dicho obstáculo consiste en que previamente deben “acordar”
-aunque a juzgar por la posición adoptada por el actual gobierno el verbo
aplicable sería “someterse”- con los “fondos buitres”; no solo en condiciones
absolutamente desventajosas (paradojalmente propuestas por las actuales
autoridades argentinas); sino que a riesgo de dejar sin efecto, y esto ya en el
terreno jurídico internacional, la exitosa reestructuración lograda
oportunamente por Néstor Kirchner. Puesto que cualquiera de los acreedores que,
en su momento, se avino a la mencionada reestructuración podría exigir,
tribunales mediante, el mismo trato beneficioso que reciben hoy “los buitres”
por parte del gobierno nacional. Lo concreto es que Argentina, otrora impulsora
en los foros internacionales de una “ley de reestructuración de deudas
soberanas”, hoy le ofrece a los representantes de “la rapiña financiera mundial”
beneficios superiores al 1000%.
Y aquí también encontramos una notoria ausencia de
racionalidad en el discurso oficial. Por un lado, nos hablan de un futuro
promisorio en el mediano plazo; y por el otro aspiran a contraer una pluralidad
de deudas que, en ese mismo período de tiempo, traerá drásticas consecuencias
para el futuro del país. Que, como es lógico inferir, se verá agravado no solo
por la caída gradual del PBI, a raíz de la paulatina destrucción del mercado
interno que están impulsando; sino por el deterioro constante al que están
sometiendo al erario público.
Menuda “racionalidad” la del oficialismo, el grado de
incongruencia que yace en el discurso oficial es de tal magnitud que no deja de
sorprender; de ahí que podamos observar cómo, en un reportaje reciente, el
actual ministro del interior, sin espasmos en su rostro, nos siga mencionando
que el objetivo del gobierno es alcanzar “la
Pobreza Cero”.
Pues, se reducen los salarios, se incrementan
vertiginosamente los índices de desocupación, se tornan inaccesibles los
servicios públicos esenciales como consecuencia del “tarifazo” oficial, se
permite la remarcación indiscriminada de precios, se suprime la entrega
gratuita de medicamentos a los jubilados y a los sectores más vulnerables y
pese a ello: Todavía se nos dice que “marchamos en dirección a la eliminación
de la pobreza”. Como vemos, se trata de una versión remixada de aquella triste
y difundida frase de los noventa: “estamos mal pero vamos bien”; época
en que, al igual que ahora, el parámetro de racionalidad estaba divorciado de
la razón.
Es por demás sabido que “el poder” siempre procura imponer
una visión de la realidad que le resulte funcional a sus inconfesables
propósitos. No obstante, sorprende contemplar la absoluta ausencia de relación
entre los enunciados de los funcionarios de gobierno y los hechos que acontecen
cotidianamente.
Nadie ignora que “la
realidad virtual” (esa que se ufanan de construir los medios) suele desplazar,
al menos temporariamente, “la realidad
real”. Pero pretender construir, exclusivamente, el edificio de “lo real”
sobre la base de discursos y artilugios mediáticos es poco menos que una
quimera que, más temprano que tarde, se derrumbará irremediablemente ante los
ojos de la sociedad.
Sin embargo, y pese a estar absolutamente distorsionado, “el paradigma de normalidad” que nos
ofrece el macrismo, con el apoyo incondicional de la mayor empresa local de
“construcciones virtuales” (Grupo Clarín), no tiene límites y contrasta con la
realidad cotidiana de millones de almas que están padeciendo los incipientes y
crueles efectos de semejante distorsión.
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