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jueves, 10 de diciembre de 2015

Libre mercado + neorepublicanos= indicios de la Argentina que se viene.


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Sin duda el retorno de los personeros del libre mercado a la República Argentina no es una noticia más; por el contrario, es una pesada carga –invisible para los ojos de muchos- que, en corto período de tiempo, va a comenzar a hacer presión sobre las espaldas de la mayoría de los argentinos. Resulta interesante observar como bajo la vigencia del “libre mercado” se restringe, paradojalmente, la libertad de un considerable número de personas que, inesperadamente y como por arte de magia, verán recortado sus márgenes de autonomía.
Así por ejemplo, la puesta en práctica de las concepciones “libremercadistas o neoliberales” cercena gradualmente la capacidad de decisión de amplias franjas de la población (principalmente, de aquellos que dependen de un salario), reduciendo, con ello, notoriamente sus márgenes de libertad. La conocida frase del “zorro libre en el gallinero”, que define de algún modo la esencia del neoliberalismo, es lo suficientemente ilustrativa para comprender de qué estamos hablando; pues, en ese caso la situación en que se encuentran las aves (gallinas o gallos) es “la libertad de morir indefensos”.
Algo similar, en otros términos, acontece en las economías de “libre mercado”. En principio, es menester reconocer que la libertad de mercado requiere ineludiblemente de la supresión de aquellas normas regulatorias que atenten, de alguna manera, contra las decisiones empresariales; y dentro de estas normas se encuentran, como es de prever, las que regulan la actividad laboral.   Pues, el trabajador  al quedar lo suficientemente indefenso en la relación laboral debe terminar aceptando todas y cada una de las condiciones que su, actual o potencial, empleador exija. De ese modo, ante la evidente disparidad de fuerzas y con un Estado ausente (o peor aún, funcional a los intereses de determinados grupos empresariales), su espacio de “libertad” termina circunscribiéndose a aceptar la oferta del empleador o directamente rechazarla. Esta última opción encierra, como es obvio, la posibilidad de quedarse sin salario, con todo lo que ello significa tanto en el ámbito personal, familiar como el social.
Por suerte existen las asociaciones gremiales, entidades éstas encargadas de velar por los intereses de los trabajadores; si bien, es necesario reconocerlo, no siempre lo hacen. No obstante, y aun suponiendo que las mentadas organizaciones no claudiquen en sus principios fundacionales (cosa que sí ocurrió con la mayoría de ellas en la década del 90 en Argentina), es fácil colegir que, uno de los objetivos inherentes a la dogmática “libremercadista” es la constitución de un ejército de desocupados que sirva no solamente para contraer los ingresos de los trabajadores; sino también para instalar “el miedo al desempleo” y con ello disciplinar a la masa de los trabajadores ahogando, de esa forma, sus eventuales reclamos. De ahí, que no resulta descabellado afirmar que el neoliberalismo requiere inexorablemente de altos índices de desocupación. Ahora bien,  cuando los niveles de desocupación alcanzan, como consecuencia de la instrumentación de políticas neoliberales, a rondar en torno al 15 % de la población económicamente activa, los lazos de solidaridad en el sector asalariado empiezan a resquebrajarse, construyéndose de ese modo una división artificial: trabajadores por un lado y desocupados por el otro. Donde los primeros, condicionados por el temor a la pérdida de su relación laboral se distancian, paulatinamente, de los reclamos de aquellos que han caído en desgracia; sin reparar que ese distanciamiento los convierte aun en mucho más vulnerables en su condición de trabajador.
Sin duda que no se trata aquí de anatematizar a todos los empleadores que, por otra parte, deben ajustarse a las reglas de juego que el propio sistema impone. Además, siempre es necesario establecer niveles de diferenciación; obviamente, no es lo mismo un empleador mediano o pequeño cuya suerte está atada al desarrollo del mercado interno y donde una parte de sus ganancias se destina a la inversión local o al ahorro nacional, que una corporación multinacional cuya mira esta puesta en extraer la mayor rentabilidad posible y luego remesar esas utilidades a su casa matriz.
Lo cierto es que en los hechos, la “libertad de mercado” es incompatible con el pleno empleo y el crecimiento del mercado local; ya que en el fondo -y esto es empíricamente verificable- oculta una gigantesca transferencia de recursos en favor de los grupos concentrados de toda estructura económica.
Similitudes con la Argentina que se avecina
Pero continuando con el hipotético ejercicio (extraído ineludiblemente de la experiencia histórica) para llegar a esos índices de desocupación, es menester previamente reducir la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población. De ese modo se obtiene una considerable caída de la demanda, una contracción muy fuerte del mercado interno, conjuntamente con un crecimiento sostenido de los niveles de desempleo; lo que genera, a su vez, en economías como la nuestra, un excedente de bienes primarios -derivados de la retracción del consumo interno- que se traducirá en ingentes beneficios para el sector agro-exportador.  
Así vemos cómo, no solo se reduce la capacidad de consumo, sino también, paralelamente, la capacidad decisoria del trabajador lo que trae aparejado un amplio recorte de su autonomía.  
Por otro lado, es preciso reparar que la visión libremercadista es propia de las grandes  corporaciones. Que conciben al salario sencillamente como un costo y no como una retribución que se le asigna al trabajador por su aporte al proceso productivo y, por ende, a las ganancias empresariales. De ahí que no sea una casualidad, que el nuevo presidente haya sostenido, mucho antes de ser electo, esa misma visión en una entrevista televisiva en la que afirmó: “es preciso bajar los costos, y el salario es un costo más”.  
Sintetizando, el libre mercado atenta contra los márgenes de libertad de los sectores asalariados; aumentando paralelamente los márgenes de discrecionalidad del sector empresarial más fuerte. Ésto que al parecer consiste en una mera elucubración teórica, es lo que se delínea en el horizonte económico argentino. Si uno observa atentamente los acontecimientos que se vienen desarrollando en el ámbito nacional, previo a la asunción del nuevo presidente, podrá discernir que la orientación económica que se avecina no difiere mucho de la hipótesis formulada. 
Por un lado un equipo económico que vociferando sus intenciones devaluacionistas y de eliminación de las retenciones, antes de hacerse cargo de la cartera ministerial, genera un cúmulo de expectativas que redundan en un alza desmesurada de los precios en estas últimas semanas; lo que implica un recorte significativo en los salarios de los trabajadores y una merma considerable en los haberes jubilatorios. Por el otro, una serie de anuncios, entre ellos la supresión de los subsidios en el terreno energético y en el transporte público, sumados a una devaluación oficial a realizarse ya en ejercicio de las funciones  que reducirán aún más la capacidad de compra de los sectores populares.
Mientras tanto el mandatario entrante, al igual que la mayoría de los medios hegemónicos, muestra una excesiva preocupación por el lugar donde se realizará la entrega de los atributos presidenciales (esto es, la banda presidencial y el bastón de mando), asignándole muy poca entidad a las desmesuradas remarcaciones de precios que se vienen efectuando cotidianamente por parte de las grandes corporaciones. Claro que preocupación semejante, pone de relieve cuales son las prioridades del flamante presidente.
Lo cierto es que, nadie que razone un poco podría dudar respecto a que el nuevo gobierno (cuyo staff ministerial está conformado, en su totalidad, por hombres y mujeres provenientes de las más grandes corporaciones) no solo  consintió, sino que impulsó “disimuladamente” el proceso remarcatorio. A esta altura de los acontecimientos es fácil percibir la intencionalidad de lo que se avecina.
Si hasta en el  campo de la simbología resulta sencillo advertir que el hecho de no querer recibir los mentados atributos presidenciales en el ámbito parlamentario, encierra un evidente menosprecio por la legislatura. Su pública amenaza de recibir los mismos de manos de la Corte Suprema de Justicia (a la vieja usanza de las dictaduras) es todo un signo no muy complejo de descifrar.
Lo cierto es que el nuevo presidente cuenta con una ventaja nada despreciable para el ejercicio de sus funciones; concretamente una protección mediática sin precedentes en la historia de nuestro país. Que ya se corroboró en los hechos (al menos por parte de los medios hegemónicos) durante toda su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad.  Hecho éste que puede configurar no solo un alto grado de desinformación ciudadana respecto de las políticas perniciosas que se puedan instrumentar en perjuicio de las mayorías; sino también en un elevado grado de concentración de poder que puede tornarse exorbitante merced a esa extraordinaria protección. Alarma sinceramente la reducida posibilidad de escuchar voces críticas en la estructura comunicacional argentina. Es tal el grado de concentración mediática que, aun mediante la sanción de una nueva ley de medios audiovisuales, no se ha podido romper (y en esto el sector más retrogrado del poder judicial aportó lo suyo) con el esquema dominante que impusieron las grandes corporaciones comunicacionales. El temor a que, a partir del 10 de diciembre, se produzca lo que algún periodista local denominó “el apagón informativo” es toda una realidad; máxime si tenemos en cuenta que las emisoras oficiales pasaran, desde entonces, a desarrollar la misma melodía comunicacional que la vienen ejecutando los medios corporativos.
Por otro parte, el ininterrumpido ataque cibernético que por estos días se le viene realizando a la página web del diario Pagina 12 y respecto del cual los medios de comunicación dominantes ni siquiera efectuaron el más mínimo repudio por los hechos; como tampoco lo hizo el flamante presidente, tal vez porque lo considere un diario opositor, preanuncia de algún modo que la libertad de expresión en nuestro país no está plenamente garantizada.        
Si a todo esto le adicionamos, el desmesurado énfasis con el que se intenta avanzar sobre la figura de la Procuradora General de la Nación, Dra. Gils Carbó,  o contra el titular del Afca, Martín Sabbatella, al igual que contra el presidente de RTA (Radio Televisión Argentina), Tristán Bauer,  es lógico presumir que la concepción “republicana” tan alardeada por la alianza triunfante, es muy particular. Tan particular que deberíamos hablar ya de “neo-republicanos”.

Si bien es cierto que por ahora son solo indicios; no es menos cierto que aun así despiertan ráfagas de escalofríos.

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