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lunes, 28 de diciembre de 2015

La complicidad mediática, la connivencia judicial y las "bondades" del analfabetismo político




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“El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los porotos, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de los bandidos que es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales” (Bertolt Brecht).

Cuanta verdad encierran las palabras del célebre dramaturgo alemán; si bien es cierto que estas expresiones fueron vertidas a comienzo del siglo XX; no es menos cierto que la vigencia que siguen teniendo, a pesar del transcurso de los años, no deja de sorprendernos. Claro que podríamos añadir nuevos aditamentos a la expresión brechtiana, pero no se trata aquí de añadir más complementos a algo que de por sí ya nos lo dice todo.
Sin embargo, el problema principal, en estos días, consiste, esencialmente, en cómo erradicar el “analfabetismo político”, cuando los grandes medios de comunicación masiva se empeñan en “desinformar” (lo que configura una nueva modalidad de esa clase de analfabetismo) y, por ende,  despolitizar a la población mundial; logrando, de ese modo, sumergir a grandes contingentes de personas en el profundo océano de la ignorancia. A tal punto se ha llegado en materia de desinformación política que los niveles alcanzados ya rayan con lo inimaginado.
Se ha trocado definitivamente aquella vieja advertencia de Gracián: “hombre sin noticias, mundo a oscuras”. Ahora son las grandes corporaciones mediáticas quienes oscurecen la realidad mundanal con noticias falaces e interesadas para que “los ojos de la mente” del ser humano, no puedan discernir lo que verdaderamente acontece.
La deliberada injerencia que los medios de comunicación ejercen sobre “la visión de la realidad” que un significativo número de “almas” adopta cual si fuesen propios, sin reparar que son fruto de una construcción externa, es por demás preocupante.
Por ello, el simple hecho de pensar el riesgo al que se nos expone si se deja en manos de unos pocos el manejo de los servicios de comunicación audiovisual es verdaderamente atemorizador. Puesto que “esos pocos” no solo pueden instalar una versión falaz de los hechos sobre los que se nos anoticia, sino también distorsionarlos o editarlos “a su gusto” para que, finalmente, el ciudadano adopte una mirada errónea sobre los mismos y de ese modo no descubra, ni entorpezca sus inconfesables intereses. No son reducidos los casos, a nivel mundial, donde incluso han llegado a falsearlos en un ciento por ciento para que una comunidad crea, lo que de otro modo sería imposible de creer.
Un claro ejemplo de lo que estamos aseverando nos lo brinda lo que sucedió en la última campaña electoral en la Argentina. Donde un periodista inescrupuloso -en consonancia con los intereses del grupo mediático de mayor poder en el país- se encargó de mancillar la figura de un candidato a gobernador, por el distrito de mayor caudal de votantes, apelando a un reportaje televisivo que, desde una cárcel, se le realizó a un delincuente con la deliberada intención de desprestigiar su figura y con ello evitar el triunfo del candidato oficial no solo en el ámbito de la provincia; sino también a nivel nacional. Cosa que se logró merced a la orquestada operación mediática y a la imputación que el reo en cuestión realizó sin aportar prueba alguna que corroborara sus insólitas manifestaciones. Ahora resulta que para sorpresa de todos y ya instalado el nuevo gobierno -esperemos que este hecho se aclare y el condenado regrese con vida a la prisión- el “entrevistado” delincuente se ha fugado sin inconvenientes del establecimiento penal en que se hallaba internado.
Como es razonable apreciar, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación encierra un peligro que puede tener consecuencias catastróficas para el futuro de cualquier sociedad no solo en lo referente a la libertad de expresión, sino también en lo referente a las garantías individuales, ya que un medio puede mancillar deliberadamente la calidad de una persona en su afán por alcanzar determinados objetivos, generalmente de índole comercial.
De ahí la necesidad de que el Estado regule legalmente la actividad comunicacional para que la concentración no desemboque en la uniformidad de voces, ni en la unilateralidad de miradas que sepulten el juicio crítico y, con ello, la capacidad reflexiva de la población.
Sin embargo, esto es lo que está sucediendo actualmente en Argentina, donde el poder comunicacional ha logrado instalar su candidato en la “Casa Rosada” (casa de gobierno) y ahora procura derogar in totum la democrática “ley de servicios de comunicación audiovisual” (ley 26522) sancionada en el año 2009; que si bien no es un obstáculo insalvable para el accionar de los medios más inescrupulosos -generalmente los medios dominantes-, sí posibilita que el estado regule la actividad promoviendo la pluralidad de enfoques y resguardando al mismo tiempo los derechos de quienes trabajan en la estructura comunicacional.
No por casualidad en estos días contemplamos los fuertes embates que el incipiente gobierno conservador, de Mauricio macri, ha desatado sobre instituciones como el Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) o el Afstic (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las comunicaciones). Organismos estos surgidos de una ley relativamente nueva, debatida oportunamente por vastos sectores de la sociedad y aprobada por el Congreso de la Nación, que viene a ser parcialmente derogada y con cierta inmediatez por el gobierno macrista. Lo peor del caso es que semejante atropello cuenta con el guiño de un amplio sector del poder judicial que, haciéndose el desentendido ante la intervención decretada por el poder ejecutivo, omite velar por la verdadera “libertad de expresión” y por el auténtico funcionamiento de las instituciones.
Esto es sumamente grave; y nos recuerda aquella nefasta premisa sobre la que se asentaba la propuesta cultural de la más cruenta dictadura que tuvo lugar en nuestro país y que se sintetizaba en la expresión: “el silencio es salud”. En aquel entonces la dictadura necesitaba acallar las voces críticas y de protesta para imponer un modelo de país al servicio del poder económico y para ello contó con la colaboración explicita de un considerable número de jueces. Fue, precisamente, “el silencio” el que posibilitó mantener sumida en la ignorancia de lo que acontecía a la gran mayoría de la población; facilitando, de esa manera, el imperio de las atrocidades.
Hoy sabemos perfectamente que no estamos ante una dictadura (si bien el decreto ha pasado a ser el “instituto” predilecto del poder ejecutivo); por el contrario, estamos ante un gobierno democrático, que goza de legitimidad de origen pero que ha escasos días de hacerse cargo parece optar por la desviación del camino institucional para transitar, sin ninguna clase de pruritos, en la jurisdicción ajena, esa que conduce a la “ilegitimidad de ejercicio”.
Ahora se comprende más fácilmente el encono mediático que tuvo que padecer la anterior Presidenta de la Nación. Y cuán bien lo advertía en uno de sus habituales discursos como mandataria, cuando sostuvo que los agravios que a diario le realizaban las grandes corporaciones comunicacionales no tenían por designio su persona: “no se equivoquen, no vienen por mí, vienen por ustedes”. Menuda advertencia que es imperativo recordar.
Después de todo, lo que se pretende diría Brecht, es instalar el reinado del “analfabetismo político” para que en un futuro no accedan al poder más gobiernos populares capaces de propiciar un modelo de país distinto al que nos ofrecen los “conspicuos” representantes del establishment neoliberal.
Mientras tanto, los tradicionales pregoneros del analfabetismo político se han tomado un extravagante descanso luego del triunfo de “Cambiemos”. Ya no hay noticias “desmoralizantes”, a pesar de que en escasos días, y en proporción, abundan. Por ejemplo, el tristemente célebre “periodista” Nelson Castro ya no visualiza rasgos del “síndrome de hubris” (adicción al poder) en el nuevo mandatario a pesar de que apela al decreto y no al Parlamento para legislar. También el habitual escritor de “cartas abiertas”, Alfredo Leuco, ha renunciado a su vocación epistolar en defensa de la respetabilidad de los fallos, como sí lo hizo en cambio en el caso de jurisdicciones ajenas. Concretamente, para respaldar las decisiones del americano juez Griesa, a pesar de que las mismas perjudicaban notoriamente los intereses de nuestra nación en beneficio de la ilimitada voracidad de los fondos buitres. Lo notable es que ahora se llama a un sugestivo silencio cuando el flamante mandatario argentino desvaloriza la sentencia de un  juez nacional, el Dr. Ramos Padilla, en lo que respecta a la inconstitucionalidad de la designación de jueces de la Corte Suprema en comisión. Se ve que la bandera a “rayas rojas y con estrellitas” le inspira una fuerte vocación epistolar al “periodista” en cuestión, que contrasta ostensiblemente cuando se trata de defender la bandera “celeste y blanca”.
El profundo silencio que han guardado -si bien es cierto que algunos hasta han defendido el avasallamiento institucional- nos hace sospechar que todos los auto-declamados “periodistas independientes” trabajan para el mismo dueño; sino no se entiende como todos, casi sin excepción, han guardado un silencio sepulcral en estos últimos días. Pues, ya no se oyen voces en defensa del otrora tan reclamado “republicanismo” que supo ser la insignia que usó la legión de opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quien, por otra parte, en dos mandatos constitucionales fue incapaz de cometer violaciones institucionales del tenor de las que se vienen produciendo en solo 10 días de gobierno.
Como es factible apreciar la suma de complicidades en lo que respecta a la imposición de determinado modelo económico de país va quedando al descubierto. El objetivo es reivindicar la “despolitización ciudadana”; despolitización que resulta sumamente funcional al modelo neoliberal. Si hasta para desplazar a las autoridades legítimamente constituidas se recurre al estigma de que se lo hace por “ser militantes políticos”. ¿Será por eso que el actual gobierno designó como funcionarios exclusivamente a gerentes de las grandes corporaciones? Pues, vaya uno a saber, lo cierto es que, al parecer, ha llegado la época donde “el analfabetismo político” es susceptible de ser considerado como un valor, conforme a la concepción reinante en el actual gobierno.

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