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jueves, 17 de septiembre de 2015

La ilimitada competencia tucumana y el adalid de la libertad de prensa



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“Muchos jueces son absolutamente incorruptibles, nadie puede inducirles a hacer justicia”.



Pues, la conocida frase de Bertold Brecht parece cobrar vigencia conforme a lo que viene sucediendo en la República Argentina. Cualquiera podría argumentar que ese ha sido el comportamiento histórico de buena parte del poder judicial en nuestro país y, seguramente, no le faltarían motivos (entiéndase fallos) para fundamentar semejante afirmación. Claro que, como todos sabemos, las generalizaciones son arbitrarias y existe, bueno es reconocerlo, un número importante de jueces que a diario procuran administrar justicia de la mejor manera.
No es precisamente el caso de la Cámara Contencioso-Administrativo de la provincia de Tucumán que acaba de declarar la nulidad de los comicios llevado a cabo en dicho estado provincial el día 23 de agosto próximo pasado. Es real, aunque usted se sorprenda no es este un artículo de ciencia ficción, pues, no se trata de la Cámara Electoral; sino de la Cámara contencioso administrativo que por cierto no es competente para entender en este tipo de casos pero al parecer eso no es impedimento para que se autodeclare competente. Así que toda aquella persona que habite suelo tucumano y se encuentre ante un problema judicial, a partir de ahora, sabe que si el juez correspondiente no le resulta de su agrado, puede probar suerte en la Cámara Contencioso Administrativo que quizá, y prescindiendo de la materia en cuestión, le dé curso a su demanda.
Esto que suena irrisorio, es gravísimo para el normal funcionamiento de las instituciones pero parece ser que algunos opositores –republicanos segun ellos- no se han enterado de la gravedad institucional que esto implica. No obstante, mejor no hablar de los que si se enteraron, como ha sido el caso del republicano Macri, que salió a elogiar a través de sus tuits la decisión adoptada por estos increíbles “jueces”. Quienes por otra parte –y para tornar el hecho más turbio todavía- fundamentaron la sentencia en base  a los argumentos citados en un programa “periodístico” de muy escasa (a mi juicio nula) credibilidad. Ya de por sí, que la decisión de un tribunal de justicia se funde en base a artículos periodísticos (aun de aquellos suscriptos por periodistas serios, que no es este el caso) y no en base a la investigación de los hechos, ni a las pruebas presentadas; lejos de administrar justicia es dejar en manos del poder mediático el fundamento de los fallos judiciales. Es algo así como depositar en los medios la función del ministerio público fiscal, hecho que atenta contra el verdadero espíritu republicano.
Lo concreto es que entre los “fundamentos” utilizados para justificar el fallo del que estamos hablando se encuentran, ni más ni menos que: un informe periodístico de Jorge Lanata, un artículo publicado días previos al acto eleccionario por el diario La Gaceta de dicha provincia y la agresión sufrida por un camarógrafo de un canal de cable en un local partidario del FPV. Sin dudas, si esta es la tarea que deben desarrollar los jueces para elaborar una sentencia, entonces suprimamos definitivamente la palabra justicia de nuestro acerbo lingüístico. 
Lisa y llanamente se ignoró de manera burda e inescrupulosa la voluntad ciudadana de quienes viven en el denominado “Jardín de la república”. Pues ha quedado demostrado que obtener 110.000 votos de diferencia por sobre su adversario más cercano es insuficiente para que la “Justicia provincial” reconozca el triunfo del candidato del Frente para la Victoria. Hecho éste que revela a las claras el elitismo reinante en amplias franjas del poder judicial que hasta se arrogan la facultad de no aceptar la voluntad mayoritaria de la población. Sin duda es preciso rever este funcionamiento que no solo no administra justicia, ni se circunscribe a una provincia determinada; sino que, además, consagra la irracionalidad y la injusticia.
Lo mismo estará pensando Víctor Hugo Morales a quien recientemente la Corte Suprema de Justicia le rechazo un recurso de queja presentado por su defensa en virtud de un juicio que le inició el grupo Clarín por haber transmitido en el año 2000 los goles de Boca frente al Real Madrid en su programa “Desayuno” que se emitía en la por entonces Argentina Televisora Color (ATC). Es dable recordar que en esa época los partidos de futbol se veían en diferido y solo podían visualizarse en directo si uno estaba abonado al cable. En pleno período de crisis Víctor Hugo se atrevió a proyectar los goles de Boca donde la mayoría de sus simpatizantes estaban imposibilitados de verlos. La osadía de desafiar a los “cultores del libre mercado” y otorgar, de ese modo, una alegría a la gente, le costó conforme a la sentencia definitiva más de 300.000 dólares que deberá abonarle a Cablevisión. 
Cuesta comprender –excepto que uno analice el tema con mayor detenimiento-  como el grupo mediático que demandó a Morales puede darse el lujo de no ajustarse a derecho (teniendo en cuenta que la ley de medios fue sancionada hace 6 años y declarada hace 2 años su constitucionalidad) y la Justicia contemple ese comportamiento como si nada. Para ser luego tan estricta con Victor Hugo y rechazar su recurso de queja por cuestiones de forma.  
Por cierto, si Víctor Hugo hubiere conversado, en aquel momento, con el comentarista deportivo Fernando Niembro se habría enterado que para ver no ya fútbol en su plenitud, sino simplemente los goles gratis tendría que haber viajado a Cuba. Claro que, en verdad, en Cuba no gustan demasiado del futbol, por ende no se ha de ver en la televisión cubana, ni proliferarían  "los niembros" en la pantalla; aunque por cierto mucho menos los Macri. Lo que quiso decir el ex candidato a diputado por el Pro es “anda a vivir a un país comunista”. Argumento por demás anacrónico, pero que sigue formando parte de "la estructura lógica" que emplean para descalificar cualquier tentativa o proyecto destinado a ampliar derechos a la ciudadanía. 
Y a propósito de Niembro, luego de las denuncias efectuadas a su sociedad comercial por los 190 contratos celebrados, exclusivamente, con distintos organismos del gobierno de la Ciudad no publicados en el Boletín Oficial (curiosamente otra de las características republicanas no practicadas por los opositores: la publicidad de sus actos) por montos superiores a 20 millones de pesos, la cuestión sigue produciendo efectos. Ahora resulta que al medio informativo que se hizo eco de la denuncia del mentado "Affaire" (el Canal C5N) no solo el gobierno de la Ciudad le canceló las pautas publicitarias sino que, además, le clausuraron el galpón de móviles de dicho canal. Si eso no es un intento de silenciar al periodismo, no sabemos cómo llamarlo.
Es bueno recordar que el gobierno porteño, en otros tiempos (año 2013), se mostró como adalid de “la libertad de prensa” cuando ante infundados anuncios de intervención al Grupo Clarín –denunciados por ellos mismos- emitió un decreto absurdo e inconstitucional para proteger a la prensa. En verdad se trato de una fantochada que posibilitó al grupo mediático victimizarse ante sus seguidores y agitar la bandera contra el gobierno. Es evidente que C5N  compite fuertemente con Todo Noticias (TN), y a diferencia de éste no se ocupa de revestir de impunidad al candidato de “Cambiemos”. De ahí que ahora procura acallar a la prensa que ventila todas sus irregularidades y que, a su vez, le resta demasiada audiencia a su socio –o peor aun mandante- “Clarin”. Así actúan estos "adalides" disfrazándose de lo que no son. 
No obstante, todo esto no deja de ser un buen estímulo para imaginarnos cómo será nuestra república si gobernara Mauricio Macri ya despojado del disfraz.     

Menudo republicanismo tendría que padecer nuestro pueblo si estos “republicanos” triunfaran en las elecciones de octubre. Por suerte la voluntad popular parece decir otra cosa; claro que nunca se sabe como procederá el inefable Poder Judicial. 

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