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domingo, 22 de abril de 2012

Latinoamerica: Argentina y los Kirchner






  







Quienes habitamos el suelo latinoamericano, estamos asistiendo a circunstancias históricas excepcionales que, sin lugar a dudas, se verán en el futuro como el punto de partida del desarrollo integral de una región que, cronológicamente, no solo ofrece en tiempo real la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes; sino que nos permite imaginar el porvenir deseado para América Latina en su conjunto.
No es el caso de detenernos en las transformaciones que, durante estos últimos tiempos, se vienen produciendo en  el terreno social, económico, tecnológico y cultural en países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Uruguay y, hasta la mismísima, Colombia. Transformaciones que, en algunos casos, pueden parecer imperceptibles para aquellos observadores ingenuos; pero no lo será para quienes desde el futuro procuren visualizar el origen de los cambios operados en la región. 
Obviamente, la Argentina no esta a la zaga de este proceso de reconstrucción y desarrollo regional; por el contrario, a dado muestras más que suficientes de ser uno de los principales protagonistas en el escenario político latinoamericano. No es fruto de la casualidad, que haya sido uno de los países de mayor crecimiento económico en estos últimos años; y es menester destacar, que muchas de las medidas adoptadas en ese terreno, y que fueron las que posibilitaron semejante recuperación, contradijeron rotundamente lo sugerido por “los manuales de economía” elaborados a partir de finales de los 80 y elevados a la categoría de Best Seller durante la década del noventa.
Lo cierto es que, el paradigma neoliberal que hoy es un  referente ineludible en muchos de los países integrantes de la Comunidad Económica Europea se ha tornado, para los argentinos –y en buena hora, para toda latinoamérica-, en la antítesis del estado deseado: el estado de bienestar.
La resurrección del Estado, otrora apuñalado por los fanáticos del libre mercado, posibilitó la recuperación paulatina de las herramientas necesarias para promover el proceso de desarrollo económico.
Claro que esta tarea no estuvo exenta de dificultades; por el contrario, lenta y metódicamente el gobierno tuvo que ir sorteando innumerables obstáculos que, bajo el amparo de los poderes preestablecidos, condicionaban la viabilidad de sus decisiones. Parafraseando a Ortega y Gasset podríamos decir que “El  gobierno es uno y su circunstancia”.
No obstante lo encomiable, en estos tiempos, es que surgidas las circunstancias favorables, el gobierno actuó conforme a las necesidades del país y al interés mayoritario de su población.
Existen dos destacados ejemplos –por elegir solo esa cifra- que demuestran a las claras lo que estamos manifestando: uno en el origen mismo de la llegada al poder por parte de Néstor Kirchner;  y el otro, acaecido recientemente durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
El primero de ellos es tan lejano que, seguramente, muchos de nosotros ya no lo recordábamos, si no fuere por la exposición que el célebre y ponderado periodista Horacio Verbitsky  desarrolló en Il Palazzo della Ragione de Padua en el curso de ésta semana en Italia.
En un tramo de su exposición explicó como se fue desarrollando el proceso político hasta llegar a la actual situación en materia de derechos humanos y, paralelamente, comentó la entrevista realizada, el mes pasado, por un semanario español al ex dictador Jorge R. Videla, donde éste sostuvo que el fracaso del ex senador Duhalde en las últimas elecciones lo determinaron a hablar ya que con ello se borró su ilusión de un nuevo acuerdo de impunidad. Al respecto Verbitsky decía: 

 La suma de estos hechos hizo concebible la anulación de las leyes de impunidad, cosa que el CELS pidió a la justicia cuando se aproximaba el aniversario 25 del golpe de 1976. Tres semanas antes de esa fecha, las leyes de punto final y obediencia debida fueron declaradas inconstitucionales y nulas y se pudieron reabrir los procesos cerrados en 1987. Esas decisiones fueron ratificadas por decenas de jueces y de cámaras de apelaciones en todo el país. Hasta los militares acusados sintieron alivio: preferían un juicio en el país, cerca de sus familiares y de la red de complicidades que los rodeaban antes que un encuentro con jueces y cárceles de España. En los casi cinco años transcurridos desde los arrestos de Videla y Massera hasta las elecciones presidenciales de 2003, por lo menos 115 represores fueron imputados ante la justicia, 19 fueron procesados por distintos tribunales y ocho condenados en primera instancia. Este avance logrado por los organismos defensores de los derechos humanos inquietó a sectores políticos y sociales. El senador Eduardo Duhalde, quien durante esos meses ocupó en forma interina el Poder Ejecutivo, indultó al coronel Mohamed Seineldín y al guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, ambos condenados a prisión perpetua, uno por el último alzamiento en el que murieron varios militares, y el otro por el ataque al cuartel militar de La Tablada, donde además de militares y civiles muertos hubo una vez más detenidos-desaparecidos. Estos indultos debían preceder a un fallo de la Corte Suprema, revocando aquellos de primera instancia y de cámara que habían permitido la reapertura de los juicios. El obispo castrense en persona visitó a los jueces de la Corte Suprema para urgirles esa decisión. La denuncia pública de los organismos defensores de los derechos humanos consiguió demorar una vez más su firma. Ante la insistencia de Duhalde con el proyecto de olvido, el presidente electo Néstor Kirchner le pidió que le dejara manejar a él la cuestión. Pero en cuanto asumió tomó como propias las tres banderas de Memoria, Verdad y Justicia sostenidas por los organismos defensores de los derechos humanos. En pocos días demostró que hablaba en serio. Pasó a retiro a la cúpula militar, que intentaba volver a condicionar al sistema político, instó el juicio político a la mayoría automática de la Corte Suprema y, más adelante, desconoció al obispo castrense que justificaba la represión. También promovió la nulidad legislativa de las leyes de punto final y obediencia debida y pidió al Congreso la ratificación del tratado internacional que declara imprescriptibles los crímenes contra la humanidad. En marzo de 2004 ordenó descolgar los retratos de los ex dictadores Videla y Benito Bignone de la galería del Colegio Militar donde se homenajea a sus ex directores. (ver nota completa en Pagina 12: 22/4/2012)
Lo concreto es que, en aquél entonces, si Kirchner hubiera intentado acordar con Duhalde la política de derechos humanos en la Argentina, nuestro país no sería un ejemplo de justicia en el plano internacional; ni el Poder Judicial local hubiere recuperado la credibilidad de la que hoy goza ante la ciudadanía. Pero claro, Kirchner era un político de talla, había llegado al poder para "no dejar sus ideales en la puerta de la Casa Rosada". 
En otro terreno, pero atendiendo a la importancia de adoptar medidas en tiempo oportuno; porque de lo contrario, sería frustrar una decisión por proceder inoportunamente, podemos ubicar la decisión presidencial de recuperar YPF como empresa mayoritariamente estatal.
No son pocos los que critican al gobierno por no haber adoptado una medida semejante con anterioridad o por dejar que Repsol incumpliera con los contratos suscriptos. 
Cualquier lector, medianamente informado, debe coincidir en que intentar adoptar una decisión semejante, con una mayoría parlamentaria visceralmente opositora a la gestión de gobierno, como lo fue el denominado  “Grupo A” (antikirchnerista), era condenar al fracaso tan significativa medida; y peor aun, con la imposibilidad de reintentarla, al menos en lo inmediato.
Solo como consecuencia del resultado obtenido en la reelección de la Presidenta Cristina Fernández, y ya con una nueva composición en ambas Cámaras, se podía impulsar un proyecto de estas características con la garantía de verse coronado por el éxito. 
Tampoco se hubiese podido tomar medidas sancionatorias contra Repsol por cada incumplimiento contractual o deficiencia operativa; el Estado procedió -de modo pertinente- en la forma que tenía que actuar.Suficiente con las advertencias que se hicieron en su oportunidad y que Repsol decidió ignorarlas desautorizando los requerimientos gubernamentales.  Lo cierto es que, Argentina ha adoptado una decisión trascendental para su futuro desarrollo.
Es válido resaltarlo: Adoptar una medida a destiempo, puede ser mas pernicioso que no adoptarla; por ello siempre resulta relevante tener en cuenta los tiempos políticos. Ya que como es dable inferir, las decisiones políticas deben ser tomadas en el momento justo, y ese momento no se materializa con el mero transcurrir del tiempo; sino que requiere, a su vez, de un proceso de maduración que va a estar dado en la medida que se superen determinados condicionamientos externos e internos, e inclusive determinadas circunstancias azarosas que escapan, en ocasiones, a la voluntad de quien decide.
En política los condicionamientos son muchos, algunos de ellos imperceptibles para el observador común; de ahí la significativa importancia que tiene contar con gobernantes que no solo defiendan los intereses populares. Sino que, además, gocen del criterio suficiente como para obtener logros a pesar de las dificultades y obstáculos reinantes.
No quepan dudas que Néstor y Cristina Kirchner representaron y representan esa categoría de gobernantes. Del mismo modo que la representan hoy, buena parte de los presidentes latinoamericanos.
¡¡Que notoria diferencia respecto de aquellos gobernantes de la década del noventa!!
Por suerte en América del Sur, podríamos decir como Neruda: “Nosotros los de entonces, ya no somos los mismos”.

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