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domingo, 15 de abril de 2012

El gobierno español: la teoría de la representación e YPF



 




Históricamente, y dentro del marco de la democracia, el objeto de la representación política consistió (al menos, ab initio) en resguardar los intereses de la ciudadanía.
Claro que esos intereses nunca son susceptibles de ser corporizados bajo una sola forma; por el contrario, éstos suelen variar en virtud de los necesidades populares que van surgiendo en el devenir de toda comunidad democrática.
Lo cierto es que, con falencias o no, los intereses comunitarios deben ser atendidos porque de ese modo se garantiza la fidelidad de la representación. Esto es lo que se conoce con el nombre de legitimidad de ejercicio; es decir, un gobernante no solo debe acceder al poder observando puntillosamente los mecanismos preestablecidos por la Constitución de su país ( lo que le otorga: legitimidad de origen); sino que además debe gozar del consenso necesario para ejercer dicho poder.
Como podemos inferir, el fundamento de la representación esta dado por la voluntad mayoritaria de la ciudadanía; es decir, la voluntad general.
Sin embargo, en los tiempos que corren se ha visto desnaturalizada esa fundamentación, merced a que los gobiernos en vez de representar fielmente los reclamos de la ciudadanía, se han avocado a representar sin tapujos las “necesidades” de las Corporaciones.
Un claro ejemplo de ello, es lo que acontece hoy en España. Mientras la población española debe someterse dócilmente a la aceptación de una pluralidad de medidas impulsadas por el gobierno de Rajoy y que tienen por designio: restringir el consumo masivo, imponer una legislación que desproteja a los asalariados, tipificar como presuntos delitos la convocatoria –a través de la red- que un conjunto de ciudadanos pueda realizar para movilizarse en defensa de sus intereses, y efectuar toda clase de recortes en los presupuestos destinados a la cobertura del bienestar general. Ese mismo gobierno, no vacila en declarar que se tomará como una agresión al Estado español toda decisión que el Poder Ejecutivo argentino adopte en contra de la empresa Repsol-YPF.
Es menester aclarar que, las supuestas medidas que el Estado argentino vaya a adoptar contra la mentada empresa obedecen, pura y exclusivamente, al incumplimiento por parte de Repsol de la puesta en marcha de un programa de inversiones con el objeto de garantizar el suministro de hidrocarburos en la Argentina.
Paradojas de las democracias actuales, la Cancillería española y la Vicepresidenta de la República reaccionan instantáneamente cuando otro gobierno en ejercicio de su soberanía dispone medidas que tienen por propósito mejorar la situación de su país.
Ahora, es todo un síntoma revelador observar que, cuando su propio gobierno ejecuta políticas orientadas a deprimir el nivel de vida de sus representados ( es decir, la población española, en general), estos “fieles representantes” se llaman a silencio. O lo que es peor aun, salen a realizar declaraciones tendientes a hacerle creer a los españoles que lo que están haciendo lo hacen para protegerlos.
Obviamente, para ello cuentan con la complicidad de los grandes medios de comunicación que tras el disfraz de “objetividad” se ocupan de mantener a buena franja de la población distraída mientras los especuladores de siempre -de sólidos vínculos comunicacionales- mantienen incólume sus ganancias.
Pero veamos las condiciones que inducen al gobierno argentino a adoptar medidas sancionatorias contra una empresa que, al parecer y conforme a la reacción de las autoridades hispanas, es la extensión de la geografía española en otras jurisdicciones.
Desde que Repsol se hizo cargo de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) además de adquirirla a precio injustificado; repartió ganancias entre sus accionistas por un valor de 14.000 millones de dólares.
Durante toda su gestión se encargo de exportar divisas y extraer petróleo de los pozos que ya estaban en funcionamiento al tomar posesión de la empresa. En cuanto a la actividad de exploración, bien gracias; parece ser que esa es un área en la que Repsol nunca estuvo dispuesto a invertir. Simplemente, se dedico a disfrutar del esfuerzo realizado por YPF cuando era del Estado nacional, período en que sí se realizaban inversiones de riesgo con la deliberada intención de aproximarnos al autoabastecimiento. Ahora resulta que, con el nuevo giro adoptado por la empresa en manos de los accionistas hispanos estamos cada vez más lejos del viejo anhelo y en escasos años nos veremos obligados a importar todo el petróleo que necesitamos. Mientras en los años 80, YPF mantenía una exploración promedio de 117 pozos anuales; con el nuevo propietario (Repsol) la exploración ni siquiera llega a los dos dígitos anuales (esto es menos de 10). Así que en materia de futuras reservas, estamos a punto de alcanzar la nulidad.
¡¡Pero ojo con tomar medidas al respecto, no sea cosa que irritemos al gobierno español!!
Tenemos la firme convicción de que el gobierno argentino (tal vez porque sea populista, según los grandes medios de comunicación española) va a defender los intereses de su pueblo.
Confiamos fielmente que todavía es aplicable la teoría de la representación ciudadana en el caso de nuestro gobierno.Cosa que, lamentablemente, parece ser que ha caído en desuso en el territorio de la península hispánica. 
Pero eso sí, es destacable observar que, cuando la prensa dominante hace alusión a los gobiernos europeos se nos habla de democracia; en cambio, cuando se trata de los gobiernos latinoamericanos se nos habla de populismos. 
¿Será que la nueva concepción de la democracia consiste en sustituir la representación de la ciudadanía por la representación de las Corporaciones?  
En ese caso, no nos quedan más opciones que sugerirles a nuestros hermanos españoles que -por su propio beneficio- comiencen a indagar, un poco más, en los ventajosos efectos que traen aparejados los gobiernos populistas.  

                                                                Añadido   

La presente nota fue publicada a primera hora del día 15/4/2012. Un día después, la Presidenta de la República Argentina, Sra. Cristina Fernandez de Kirchner, anunció la intervención estatal en la empresa petrolífera y la remisión al Congreso Nacional de un proyecto de ley para expropiar el 51% del paquete accionario de la sociedad que, en consecuencia, pasará a pertenecer al Estado Nacional y a los Estados Provinciales.
De ese modo la Argentina recuperará el manejo sobre un recurso estratégico que es absolutamente necesario para garantizar su desarrollo económico. 

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