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viernes, 28 de enero de 2011

Los propósitos de la Mesa de Enlace

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En diciembre del año pasado hacíamos alusión a eso que en la argentina de hoy se da en llamar “la oposición” y terminábamos adjudicándole el mote de mamarracho, en virtud del ridículo proceder que adoptaron respecto de determinados temas de interés nacional. Claro que, en esa ocasión circunscribíamos el espacio opositor a los integrantes de, valga la redundancia, la oposición parlamentaria; dejando fuera a aquellos que, de un modo u otro, cuestionan la política oficial desde el ámbito extraparlamentario.
Uno de los principales sectores que viene agitando las aguas para perturbar el desarrollo de las políticas oficiales es el lobby agrario corporizado en la denominada “Mesa de Enlace” que, en los hechos, agrupa a las entidades más representativas del sector.
No es cuestión aquí de desmenuzar el historial de cada una de estas entidades a lo largo de la presente nota; a esta altura de los tiempos nadie ignora los nefastos antecedentes de la Sociedad Rural y de Carbap, acompañados, por cierto, en estos últimos tiempos por  Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), otrora respetable institución cuando contaba con un presidente virtuoso como lo fue Humberto Volando. 
Lo cierto es que estas entidades que representan a la patronal rural son los más encarnizados opositores al gobierno no solo porque pretenden reducir los gravámenes (retenciones) que pesan sobre la renta del sector; sino por su rechazo a la aplicación de criterios económicos imbuidos de cierta equidad social que, a futuro, pueden sentar un precedente histórico que opere como barrera para su insaciable avidez de enriquecimiento.
Su lógica “libremercadista” por cierto, se endereza a suprimir toda intervención estatal en materia económica; dejando de ese modo librado al mercado, la autorregulación de la economía.
Desde luego que so pretexto de algún reclamo puntual –evidentemente sobredimensionado- se empeñan en alzar su voz para erigirse en estrictos defensores del sector, ocultando sus verdaderos propósitos. Lo hicieron con la famosa resolución 125 logrando evitar la sanción de retenciones móviles que hubiere mejorado la situación de los productores medianos y pequeños oportunamente y ahora con el reclamo de la eliminación de los cupos de exportación para la comercialización del trigo.
Atendiendo a esta última situación, es dable destacar que el gobierno fijo un cupo de la producción de trigo destinado al consumo interno; dicha cifra ronda en los 7.000.000 de toneladas y tienen por propósito satisfacer la demanda alimentaria de nuestra población. Superado este cupo, los productores pueden vender su producción en el mercado internacional; si tenemos como referencia que la producción obtenida se aproxima a los 15.000.000 de toneladas, podríamos decir que poco más del 50% de la producción es susceptible de exportarse.
Ahora bien, los representantes de las entidades mencionadas aducen que sus compradores locales (molinos y/o acopiadores) no le abonan el precio acordado, y suscripto, oportunamente, con la Secretaría de Comercio de la Nación, en virtud de que al tener  asegurada su provisión (es decir, sus siete millones de toneladas de trigo) y no pudiendo el productor ofrecerlo –ya que debe cumplir con el cupo- fuera del mercado nacional; éste se ve obligado a venderle parte de su producción  a un valor menor ya que, presuntamente, las condiciones de comercialización terminan siendo impuesta por los molineros u acopiadores. Que, a sabiendas, gozando de una medida de corte nacional disponen de los granos necesarios para satisfacer plenamente sus necesidades de producción. Sintetizando, el gobierno medió oportunamente, estableció un cupo atendiendo la necesidad de la población y acordó un precio entre las partes (productores y acopiadores). Una de éstas últimas no respeta el precio acordado (precio FAS, conforme a su designación técnica); la otra, el productor, no se atreve a denunciar el incumplimiento del acuerdo por temor a futuras represalias de sus compradores, quienes ante la remota posibilidad de un eventual cambio de la legislación en el tiempo, como consecuencia de la entronización de un gobierno de distinto perfil político, podrían adoptar una suerte de “venganza comercial”.
En apariencia, la situación es compleja, máxime teniendo en cuenta que, a su vez, el gobierno otorga a los molineros una suma en carácter de compensación por el precio FAS, supuestamente, abonado.
Por cierto, estamos prescindiendo de mencionar aquí que, una parte de los productores se inhibe de denunciar el incumplimiento porque realizan sus ventas en negro; ni tampoco estamos mencionando que, paradojalmente, algunos de los compradores que no respetan el precio establecido son Cooperativas dependientes de algunas de estas entidades que denuncian mediáticamente –porque en los órganos pertinentes no lo hacen- la mentada situación e integran la Mesa de Enlace. No obstante, la rentabilidad del sector es, históricamente hablando, la mejor de los últimos cuarenta años.
Pero despojémonos de éstos “pormenores” y sigamos con nuestro análisis.
Lo concreto es que ante el problema, la solución más simple y requerida por los integrantes de “la ponderada mesa” es: liberemos el cupo.
Y aquí aparece al desnudo, la ideología descarnada de la Mesa liberal de Enlace.
No se exige que el Estado refuerce los controles, ni sea más severo con los “incumplidores” del acuerdo  o que reestablezca un órgano estatal que opere y coparticípe en el diseño de políticas agrarias cuyo propósito sea resguardar los intereses de los productores más vulnerables del sector. Como por ejemplo lo hiciere, en otros tiempos, la Junta Nacional de Granos.
No, eso jamás. La idea fundamentadora de su argumentación es apliquemos criterios liberales que tan “buenos resultados”, a juzgar por estos señores, le propiciaron al país visto retrospectivamente.
Reclaman que el productor pueda vender al exterior o al mercado local sin restricciones; de esa forma la producción agraria no quedará sujeta al cupo; silenciando que, de ese modo, la economía de los hogares argentinos quedará sujeta a la evolución de los precios en el mercado internacional. Si sube el precio del trigo en el exterior vendamos allá y la demanda local si quiere trigo que lo pague a esos valores; si en última instancia, los aumentos se trasladan al consumidor final aducen los partidarios del evangelio liberal.
Claro que, de todas maneras, el inconveniente no se soluciona ahí, porque en un mercado liberado los productores más vulnerables potenciarán más su vulnerabilidad; ya que los grandes grupos de la cadena de comercialización que, entre otras cosas, manejan la colocación de granos en el exterior, van a  terminar pagando el precio a piacere en detrimento del mediano y pequeño productor. Si además, tenemos en cuenta que solo un 8 por ciento de los productores concentra alrededor del 50 por ciento de la producción de trigo; es dable suponer que el 92 por ciento restante tendrá poca capacidad de negociación al momento de discutir el precio con los traders comercializadores y con los mismos molinos.
De ahí que, lo más coherente sería reclamar la intervención estatal activa, esto es, sugiriendo como lo señalábamos anteriormente la creación de un Ente Regulador (reiteramos, por ej. la Junta Nacional de Granos) que pusiera coto a los abusos de los grandes traders de comercialización y algunos molinos; y no una disposición estatal para liberar el mercado. Pero al parecer estos señores –y llama poderosamente la atención en el caso de la Federación Agraria- no representan a sus afederados atendiendo a criterios mayoritarios; sino en virtud de volúmenes de producción; de lo contrario, no se explica el porque no defienden los intereses del 92 por ciento de los productores.
Por otro lado, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, salió a decir que no son, precisamente, los molinos quienes se están quedando con los 200 pesos menos que se abonan por tonelada al productor. Sino los intermediarios, a saber: acopiadores, corredores de granos, cooperativas, exportadores o traders.
Lo concreto es que no se puede construir un país serio bajo la óptica del liberalismo económico ya que esa concepción ideológica posibilita la libre acumulación de riqueza en manos de unos pocos, desentendiéndose del desarrollo integral del país y del bienestar de la población.
Sin embargo, tanto la oposición parlamentaria como la extraparlamentaria se enrolan en esa postura ideológica. Por eso no es casual que, ante las inspecciones realizadas por representantes del Ministerio de Trabajo y por determinados fiscales que descubrieron que algunas multinacionales del agro contrataban mano de obra para sus plantaciones reduciéndolas prácticamente a la condición de servidumbre, ni la Mesa de Enlace, ni la oposición parlamentaria –supuestamente representantes del pueblo-, ni la prensa independiente (que olímpicamente ignoro la noticia) salieran a manifestar su repudio a dicho proceder. Al fin de cuentas, la libertad de mercado posibilita estas cosas; después de todo –aducen- nadie les esta apuntando con un arma para que firmen el contrato laboral. A  ello podríamos responder: El revolver es de papel, les hacen firmar un convenio donde ignoran: las condiciones y horas de trabajo, el ámbito donde han de desarrollar su tarea, la “vivienda” que le han de proporcionar, la ausencia de servicios sanitarios y desconocen hasta la mismísima paga. Pero eso sí les proporcionan sus alimentos, no sea cosa que después no rindan lo suficiente por carecer de alimentación. Claro que no gratuitamente, pues, al liquidarles el sueldo se lo descuentan de sus haberes y a precios más elevados ya que, al parecer, “trasladarlos al lugar de trabajo” encarece el valor de los mismos. Como podemos apreciar estas cosas no se ventilan (salvo honrosas excepciones), ni se debaten en la Argentina de la oposición, pero si aquellas que les interesa restaurar.   
De ahí que lo que se está discutiendo en estos calmos días de verano no es una simple disposición administrativa, ni una mera determinación gubernamental; sino un modelo de país. Por ello la discusión seguirá in crescendo  a medida que transcurran los días y nos aproximemos a las elecciones nacionales.
Las encuestas nos brindan cierto grado de tranquilidad, pero no se trata de enarbolar encuestas. Se trata de sentar las bases para la construcción de un nuevo país.
Lo que se pondrá en juego es  la continuidad en la construcción de un país serio y justo o el retorno de los cultores del libre mercado. Todo nos dice que la seriedad y la justicia resultaran airosas en la próxima contienda electoral; pero aun así, nos queda una incesante labor pedagógica destinada a alertar al elector independiente para que no sea presa fácil de quienes mediante el engaño ocultan sus verdaderas intenciones.
             

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