El retorno de los titiriteros y la "lógica" de la contradicción

          

Evidentemente tomar distancia de lo que acaece hoy en nuestro país es, sin lugar a dudas, un imposible. Uno puede intentar realizar un ejercicio de distanciamiento y procurar ver lo que acontece desde una perspectiva diferente a la que nos ofrece el devenir cotidiano que, como es fácil de visualizar, esta signado por la división entre “oficialismo” y “oposición”.

Sin embargo, resulta extremadamente difícil poder hacerlo merced a la distorsión de “la realidad” a la que a diario nos someten los grandes medios de comunicación en su propósito de acumular poder.

Es notable observar (y por cierto, extremadamente preocupante) el poder de “hipnosis” que los medios tienen para anular la capacidad de análisis de vastas franjas de la población. Alarma observar cómo muchas de las expresiones y/o descripciones enunciadas por los medios, y que resultan un rosario de contradicciones con los más elementales principios de la lógica, son no solo aceptados como afirmaciones verosímiles por parte de muchos televidentes, radio-oyentes o lectores; sino que las adoptan como propias elevándolas a la categoría de “verdades reveladas”. 

Para aquellos que concebimos a la razón como el “don” más preciado del género humano -sin con ello menoscabar la importancia de los sentimientos- nos duele contemplar las incongruencias del “entendimiento” estimuladas por el señorío mediático.

Un claro ejemplo de lo que venimos manifestando podemos hallarlo a diario en los medios de comunicación “virulentamente opositores” al gobierno nacional. Se empeñan a todas luces en sembrar sospechas sobre el gobierno, descalificar a determinados funcionarios sin necesidad de fundamentar sus opiniones, de motorizar campañas de desestabilización de manera encubierta, de distorsionar los hechos y de disfrazar como “lógico” el pensar contradictorio. Así observamos como muchos de nuestros ciudadanos, influenciados por el poder mediático, van configurando su “estructura de análisis mental” en función del diseño elaborado por los medios hegemónicos lo que los conduce, en última instancia, a hacerse eco de las expresiones que, falazmente, difunden las grandes corporaciones. 

De esta manera resulta habitual escuchar voces que, paradójicamente, nos hablan de que el gobierno de Cristina Fernández  es “una dictadura”. O escuchar a ciudadanos marchando en una convocatoria opositora decir que en el país “no hay libertad de expresión”.

O como aconteció recientemente en la marcha del  18 de Febrero realizada supuestamente para homenajear a un fiscal (que, al parecer, poco aportó para el esclarecimiento de la causa AMIA y mucho para subordinarla a intereses geopolíticos) que no fue, precisamente, lo suficientemente idóneo en su accionar y donde los auténticos “homenajeados” terminaron siendo un número reducido de fiscales que desembarcaron en la justicia en la época menemista, muchos de ellos cuestionados por su labor en la causa madre (AMIA).

Evidentemente, la “lógica” está en peligro de extinción en la Argentina, mucho más cuando en la misma marcha contemplamos a unos jubilados acusando a la Presidenta de la República de ser una “ladrona” por no autorizar la vigencia del 82% móvil; cifra no muy lejana de los haberes vigentes si reparamos en la existencia de la “ley de compensación jubilatoria” que la actual mandataria impulsó y que notorios beneficios le asignó a los jubilados.  Pero la contradicción es mayor si tenemos en cuenta que esos jubilados participaban en una marcha que encabezaba Patricia Bullrich quien firmara la conocida ley de “déficit cero” que, a principios de este siglo, permitió una reducción de los haberes de los trabajadores y de los jubilados del orden del 13%.

Como podemos apreciar el problema es mucho más grave que la disyuntiva “K” o “anti K”, es cierto que en el marco de esta disyuntiva hay una clara disputa de poder (gobierno vs establishment); pero en esa disputa hay una consecuencia importante que no es menor, y que consiste esencialmente en acotar la capacidad de análisis de la ciudadanía. Y éste es un nefasto logro de la Corporación mediática.

Una ciudadanía que “no se dé cuenta de sus contradicciones” no solo degrada su condición de ciudadano; sino que termina convirtiéndose en una suerte de “marioneta” que solo abre su boca para expresar lo que un número reducido de “ titiriteros y ventrílocuos del poder” quiere. Lo paradójico es que no se percate de que eso sí no solo “no es libertad de expresión”, sino que es, lisa y llanamente, “supresión” del pensamiento.

De ahí que sea indispensable pensar por sí mismo. Sin dudas, uno puede estar en la vereda de enfrente, ser “K” o “anti K”; quien escribe obviamente está en el primero de los lados; pero como bien enseñaba Baltasar Gracián: “jamás me ubicaría del malo lado de un argumento por el simple hecho de que mi oponente se ha puesto del lado correcto”.

 Si nuestra ciudadanía abrevara en semejante consejo, no dejándose cegar por la corporación mediática,  se daría cuenta que lo que sucede en la Argentina de hoy es un claro intento desestabilizador. Como suele acontecer, frente a estos hechos, algunos pierden momentáneamente  la vista por una cuestión de intereses;  otros en cambio, ingenuamente creen “estar viendo” solo porque tienen los párpados levantados.

Cuando de ver se trata

El martes 17 de febrero leyendo el reportaje que Página 12 le realizaba a Juan Carlos Lascurain (ex presidente de la UIA y actual miembro del comité ejecutivo), el empresario dejaba entrever como algunos directivos (del grupo Techint) utilizaban a la Unión Industrial Argentina para desarrollar su pelea contra el gobierno.

En determinado momento el dirigente empresarial sostiene que la UIA la manejan cinco personas, entre ellas: Méndez (actual presidente de la entidad), Mendiguren y Betnaza ( http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-266314-2015-02-17.html) y cuenta como cuando él era presidente:  “Ellos en su momento me apretaron para que la UIA se plegara al paro del campo. Betnaza decía que el Gobierno tenía el boleto picado. Massuh jugó muy bien aquella vez, me apoyó tremendamente y la UIA finalmente no se sumó. Todo eso lo terminé pagando cuando Techint me anuló todas las órdenes de compra y no me dieron más trabajo”. Una muestra clara de cómo funcionan determinadas instituciones. Tal vez por ello los referentes de la “institucionalidad”, se sienten tan a gusto con este tipo de prácticas institucionales a las que asocian con el “republicanismo”. Un republicanismo al que solo restaría añadirle el calificativo de “bananero”.

Pero sigamos  con el reportaje. En determinado momento el periodista le pregunta: ¿Y cuando le dejaron de comprar?

A lo que Lascurain responde: “Fue en 2009, cuando empezaron con todo este proceso de disputa de poder. En definitiva, lo que ellos quieren es disputarle poder al Gobierno. No quieren un gobierno fuerte. Cuando íbamos a ver a De la Rúa durante su presidencia le golpeaban la mesa. La última cena que tuvimos con De La Rúa en la Casa Rosada, que él nos invitó y que estaba Cavallo, yo me acuerdo que Mendiguren le golpeaba la mesa, una mesa de vidrio y los platos hacían ruido. Y De la Rúa le decía “no, Vasco, pará”. ¿Usted se imagina qué pasaría si le golpearan la mesa a esta presidenta? Lo que buscan es ser poder”.

Obviamente, hay muchas anécdotas de esta naturaleza en la era pre-kirchnerista; no obstante jamás se han difundido.

El malestar que el establishment manifiesta para con el gobierno, tiene su origen en que no les reconoce -ni se lo reconocerá en su mandato- “la propiedad” de la patria. Como sí lo han hecho los neoliberales a su turno.

Ya lo hemos manifestado en otra ocasión, para estos “señores” no es solo una cuestión de acumular dinero, sino de reconocerles el “incuestionable” título de ser “los dueños de la Argentina”.

Claro que como “buenos patrones” cuentan con un ejército de subordinados dispuestos a realizar todo lo que el “patrón” sugiera. No obstante, el problema no son ellos, sino aquellos que, en su ignorancia, operan como marionetas sin reparar en los hilos que cuelgan sobre sus hombros.

La Argentina del cambalache

 

En más de una ocasión los argentinos hemos confirmado aquella vieja expresión que sostiene que “la realidad supera ampliamente la ficción”. Claro que cuando la realidad sobrepasa recurrentemente los límites ficcionales no es desatinado pensar qué, o bien nos encontramos en una sociedad en la que buena parte de sus miembros padecen un determinado tipo de patología; o que en el interior de la misma existe un importante número de estructuras (especialmente comunicacionales) cuyo propósito se orienta a distorsionar “lo real” y desdibujar la frontera que la separa de la ficción.

Lo concreto es que en la Argentina de estos últimos tiempos “realidad” y “ficción” se han entremezclado tanto que no resulta sencillo distinguir cual es una y cuál es la otra. Obviamente, “el gran manipulador de confusiones” (los grandes medios) es el peor enemigo de la libertad. Puesto que con su accionar condiciona “la visión de la realidad” de una amplia franja de la población que, sin percatarse de sus oscuros propósitos, internaliza esa “visión” acríticamente.

De ese modo, un sector importante de la sociedad lejos de “atreverse a pensar por sí mismo” -como bien lo sugerían las voces más destacadas del iluminismo-, adoptan como propio “el pensar” editado por los medios. Claro, la “adopción” es sencilla, no requiere de esfuerzos o razonamientos; simplemente hacerse eco de “la información” mediática.

Así se va configurando un ejército de “teledirigidos” que solo “ven” aquello que se les muestra como “lo real”; sin reparar en que, como en los actos de magia, el escenario ha sido previamente preparado para que el espectador no sospeche de los trucos.

El problema obviamente trasciende los límites de nuestra geografía y se torna en uno de los problemas más graves que, en el futuro, deberá padecer (si bien ya lo está padeciendo) el género humano si el mencionado ejército sigue creciendo; de ahí la necesidad de denunciar recurrentemente la inescrupulosidad de las grandes corporaciones mediáticas.

Pero volviendo a nuestro país, es verdaderamente irritante observar como la corporación mediática se empeña sistemáticamente en distorsionar la realidad para desestabilizar al gobierno; no solo con el acompañamiento incondicional de “las marionetas opositoras”, sino también con el apoyo del más rancio conservadurismo de la estructura judicial. Evidentemente, si hacemos un breve y conciso repaso por la historia podríamos observar que el grado de responsabilidad que le cupo al Poder Judicial en la quiebra del orden constitucional argentino no ha sido menor. Por el contrario, basta recordar la acordada de 1930 dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se convalidó el derrocamiento del gobierno constitucional de Don Hipólito Yrigoyen, legitimando la apropiación del poder por parte de un gobierno de facto. Hecho éste que posibilitó sentar un precedente de sumo valor para el establecimiento de futuros gobiernos dictatoriales.

Ni hablar del elevado número de funcionarios del poder judicial (jueces, fiscales, etc.) que, en su momento, juraron en favor del Estatuto de Reorganización Nacional consagrándolo por encima de la propia Constitución. De ahí que suponer que toda la estructura judicial este impregnada de un auténtico espíritu democrático es cuando menos una ingenuidad.

Por ello no es motivo de sorpresa la convocatoria que para el próximo 18 de febrero anunciaron un número reducido de fiscales que, en apariencia, se muestra bajo la fachada de un homenaje al ex fiscal Nisman; pero que en los hechos -y si uno piensa por sí mismo- no deja de visualizar una clara intencionalidad política.

Lo paradójico de todo esto es que los propios fiscales cuestionados por los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA sean los convocantes de la marcha, al igual que aquellos que oportunamente reivindicaron la actuación del juez Galeano en relación con dicho atentado, hoy procesado por encubrimiento y distorsión de pruebas.

Por otro lado, homenajear a alguien por haber tenido la desgracia de morir (sea por la causa que fuere) y no por su excelente labor en el ejercicio de su profesión es, en principio, un “homenaje” un poco extraño. Máxime si reparamos en los nulos o escasos avances que ha tenido la causa a su cargo y en la vergonzosa actitud de sometimiento -esto hay que decirlo- a las sugerencias impartidas desde el exterior para direccionar la investigación.

La ausencia de una labor eficaz, al parecer, solo pudo “taparse” con una denuncia insostenible hacia la figura presidencial. De la cual se hace eco un sector de la denominada “justicia” y se encargan de sobredimensionar los “títeres opositores” y los medios de comunicación. Mucho se habla del fiscal, pero poco se menciona los “logros” de su labor a lo largo de todos estos años que, en apariencia, se reduce a su “significativa” denuncia.

Tras cartón y apoyando la marcha aparecen “destacadas personalidades” reclamando “justicia” como: Luis Barrionuevo, “Momo” Venegas, Hugo Moyano, Cecilia Pando, etc., etc.; claro que el concepto de “justicia” que ellos esbozan es, sin lugar a dudas, muy particular.

Tan particular como el que manifiestan las autoridades de la DAIA y la AMIA que, vaya casualidad, nunca coinciden con los planteos de los familiares de las víctimas. Y por supuesto, no es menor recordar que la primera de esas entidades jamás realizó una autocrítica respecto de la supuesta participación como encubridor de su ex presidente, Rubén Beraja,  uno de los procesados en el juicio por encubrimiento.

Sin embargo, aun a sabiendas de que la convocatoria del 18F es motorizada por fiscales cuestionados en la denominada “causa AMIA”, ambas entidades deciden asistir a la marcha. Evidentemente a esta altura de las circunstancias la maravillosa letra de Discépolo reflejada en “cambalache” ha sido superada ampliamente por la realidad actual.

Para colmo de males reaparecen “los buitres” dando clase de moral, ahora acusan de “enriquecimiento ilícito” a determinados funcionarios oficiales, entre ellos un aspirante a la candidatura presidencial  - a propósito de esto, sería bueno que el vicegobernador Mariotto repare mejor en la biografía de su candidato para que cese en su reclamo de unidad- , aportando así un elemento más para que los medios reproduzcan la falsa acusación.

Las respuestas del ministro del interior y transporte, Florencio Randazzo, y del ministro de economía, Axel kicillof, fueron inmediatas  y quedo al desnudo la falacia del proceder “buitrista”; solo que la corporación mediática se encargó de ocultarlas para dejar instalada la sospecha sobre los falsamente denunciados.

Por cierto, la fuerza de tarea estadounidense-argentina (ATFA), perteneciente a los “fondos buitres”, ha sido la primera en cuestionar el memorándum de entendimiento con Irán ; de ahí que, como algunos asocian, también surjan razonables sospechas respecto de que la campaña desestabilizadora cuente con el deliberado apoyo de ese sector. Tal vez dos de sus referentes más notorias en el ámbito local, Patricia Bullrich y Laura Alonso, puedan decir algo al respecto. Y a propósito de eso, no deja de ser llamativo que estas dos legisladoras hayan hablado reiteradamente con el ex fiscal antes de su anunciada presentación en el Congreso. ¿Acaso para coordinar acciones que debían desarrollar en el parlamento? No lo sabemos, aunque si así fuere no se hubiera tratado obviamente de una presentación espontánea.

Lo concreto es que aquello de que “el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue”, ha de quedar reducido a la nimiedad si en el siglo XXI la Argentina se perfila por esta senda. Con buen tino sostenía en uno de sus artículos (bajo el título: Frenar la locura) Hugo Presman lo que estamos viviendo:

    Una muestra en pequeño de una promiscuidad llamativa e irritante entre presuntos denunciadores y encubridores, puede observarse en el cumpleaños en enero de este año de Marta Nercellas, la abogada que comandó un equipo de abogados durante más de una década en representación de la DAIA y personalmente de su entonces presidente Rubén Beraja, que entre sus invitados contaba nada menos que con el procesado “Fino” Palacios, (imputado en el juicio de encubrimiento que con suerte se concretará en el segundo semestre de este año) información aparecida en Ámbito Financiero del martes 27 de enero y nunca desmentida. Para colmar el vaso, también estaba presente la actual jueza a cargo del caso Nisman, la Dra. Fabiana Palmeghini; el actual abogado de la DAIA Miguel Bronfman, el juez de la servilleta Claudio Bonadío, hoy puesto en un pedestal por la oposición, a pesar de haber cajoneado durante años la falsa denuncia de Telleldín contra los policías de la bonaerense; el ex presidente de la DAIA Jorge Kirszenbaum, quien en el 2006 recibió la justa crítica de Memoria Activa por haber dicho: “el procesamiento al Sr. Ruben Beraja constituye un ataque a la comunidad judía en su conjunto así como que la resolución judicial dictada por el Juez Ariel Lijo transforma a las víctimas en victimarios". Por si lo mencionado no fuera suficiente, también estaba presente el Fiscal General  Ricardo Sáenz, el superior de la fiscal de la causa Nisman Viviana Fein.

Curiosamente Bonadío y Sáenz son dos de los convocantes a la marcha. Así estamos, lo cierto es que el 18 de febrero más que un homenaje a Nisman, huele más a intenciones ocultas que a un recordatorio de buena fe. El año electoral ha comenzado y como era de esperar las cosas más extrañas pueden acaecer.

La degradación política opositora

 

Si la oposición política argentina no fuese tan “mediocre y deplorable”, el presente de nuestro país sería mucho más gratificante. Y de ser así, esto es contar con una oposición “cauta y reflexiva”, los grupos de poder verían reducida su capacidad de condicionar las políticas públicas en función de sus intereses. La discusión política sería mucho más enriquecedora y los errores o “desaciertos” impulsados por el gobierno serían muchos más fáciles de rectificar mediante un debate serio y racional.  

Lamentablemente esto no es así, y por el contrario, el accionar opositor se ciñe exclusivamente a ser cómplices de aquellos grupos concentrados en su propósito de desnaturalizar el verdadero sentido de la política para terminar subordinándola a sus mezquinos deseos.

De esa forma el establishment vernáculo, lejos de procurar compatibilizar sus beneficios con las necesidades del país, se empeña en “construir” un modelo de nación que le garantice la perpetuidad de sus ganancias a expensas del padecimiento generalizado recurriendo, entre otras cosas, al más deleznable servilismo opositor. El propósito es muy simple, reinstalar en la Argentina el modelo neoliberal; único modelo que puede dar rienda suelta a su depredadora voracidad.

Nadie en su sano juicio puede suponer que los grandes grupos corporativos tan predispuestos a “abreviar”, sea como fuere, el mandato de Cristina Fernández, no han acumulado millones durante esta década. Entonces, ¿por qué insisten con su cometido de querer interrumpir el mandato de la presidenta?

Porque a decir verdad, su intencionalidad no se agota en acumular ganancias; sino que es mucho más abarcativa. Pues, lo que pretenden, por sobre todas las cosas, es “reconquistar” todas las aristas del “poder” para luego manipularlo a piacere bajo la impunidad de las sombras. Y para que ello suceda,  solo les resta la apropiación plena del poder político.

Sin duda, si uno observa la marcada relación de subordinación -sería más adecuado decir de “vasallaje”- de parte de los “dirigentes políticos opositores” hacia los grandes grupos corporativos es razonable inferir que una parte de ese poder ya lo detentan; pues, ahora solo resta adueñarse de la porción que hoy descansa en manos del oficialismo.

De ahí, su insistencia en atacar persistentemente a un gobierno que ha demostrado, sin lugar a dudas, que con una firme voluntad política se puede ofrecer resistencia a la desmesurada avidez de estos sectores. Y cuando hablamos de “voluntad política” no estamos suponiendo que el mero ejercicio del voluntarismo es de por sí suficiente para cambiar la realidad. Dejemos esa pueril creencia para “los partidarios del infantilismo”, los mismos que profesan la teoría que nos enseña que “la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta”; sin reparar que cuando salimos a la calle “la realidad” nos demuestra que esa línea es imposible de transitar.

Evidentemente la realidad es mucho más compleja de lo que algunos “simplificadores” imaginan. Sin embargo, sí es pasible de ser modificada pero eso en el marco de un proceso histórico, no en la “ilusión inmediatista” como algunos suponen ingenuamente. Por eso adoptar una postura de crítica sistemática ante un gobierno que ha batallado solo y con un sinnúmero de limitaciones frente a los grandes “dueños del poder”, es un síntoma de idiotez o de connivencia solapada con los sectores dominantes. Claro que si uno observa fríamente el comportamiento del denominado “bloque opositor” puede arribar, sin demasiado margen de error, a la conclusión de que se trata de un mix de ambas condiciones.

Y no es cuestión de encolumnarse acríticamente detrás de las políticas gubernamentales; sino acompañar al gobierno cuando adopta medidas que impliquen una mejora de las condiciones sociales y una profundización de la democracia ciudadana y cuestionar dando el debate en el ámbito correspondiente cuando las medidas impulsadas no redunden, en un todo o parcialmente, en beneficio de la población.

El acompañamiento -que reiteramos no debe ser incondicional- no tiene por propósito consolidar el prestigio de un gobierno que atienda simplemente las necesidades populares, eso sería visualizar la política desde un prisma temporal y mezquino que no se condice con una visión estratégica de país. El acompañamiento debe servir esencialmente para que los sectores populares avancen en el proceso histórico y vayan conquistando espacios que le permitan en el futuro alcanzar la consolidación del bienestar general.

En cambio, la mediocre oposición supone que su función es decir a todo que no. Así se opone, paradójicamente, a cumplir con la legislación vigente y obstaculizar la designación de un nuevo miembro en la Corte Suprema. Algo que es insólito, los miembros de la legislatura se empeñan en no observar la ley; tal vez porque “el poder” al que ellos se someten no quiere sugerir por ahora su candidato a la Corte.

El súmmum de la irrespetuosidad hacia las normas lo expresó perfectamente el mediocre senador Morales cuando sostuvo: “aun si propusieran a Gil Lavedra (dirigente de la UCR) nos opondríamos”.

También rehuyeron discutir la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, que por cierto tiene algunos puntos oscuros como bien lo señalo el representante del CELS, Horacio Verbitsky , y que deben ser pasibles de modificación. Modificaciones que al parecer, y esperemos que así sea, van a ser consideradas por los legisladores del oficialismo.  

 Lo cierto es que los miembros de la oposición actúan como esos personajes mediáticos que pululan por los programas de chismes a los efectos de enlodar a cualquier persona a cambio de garantizar su presencia en el espacio televisivo. Sin reparar que una vez cumplida esa función -que por cierto, puede despertar el interés de una determinada fracción de televidentes- los propios detentadores de los medios los arrojarán como residuos fuera de su pantalla. Lo mismo están haciendo los miembros opositores con relación al “caso Nisman”, intentando mancillar al gobierno con el vil propósito de “conquistar” votos y sembrando con sus opiniones un clima de sospecha injustificado que solo sirve para enturbiar la labor de la justicia y confundir a la opinión pública.

Mucho más “razonable”, aunque también ostensiblemente deshonesta, es la actitud de los denominados “periodistas independientes” que adoptan una posición servil hacia los propietarios de los medios. Desde luego se podrá decir que lo hacen degradando la profesión hasta convertirla en una suerte de “cloaca”, pero venerando en última instancia, y como diría Sabina, “a su único Dios verdadero: el dinero”.

O acaso no hemos comprobado a lo largo de esta última década cuan sensibles a las “transformaciones” son los representantes del periodismo independiente. Basta poner la mirada sobre la poco gratificante figura de Jorge Lanata -el abanderado de los “independientes”, con su larga fila de escoltas: Castro, Longobardi, Morales Solá, Leuco, etc., etc.- para comprender que “no hay más acérrimo custodio de los intereses de la Corporación Mediática (léase grupo Clarín) que un anti-clarinista converso”.

Pero no solo el servilismo opositor afincado, principalmente, en la legislatura y el vasallaje periodístico trabajan para reinstalar los deseos de establishment. 

Ha quedado al desnudo que una fracción significativa del Poder Judicial también adopta una posición semejante; de hecho es por demás manifiesto que una franja de la corporación judicial se empeña sistemáticamente en confrontar con el Poder Ejecutivo.Lo que revela a las claras que el término “independencia” ha perdido hace tiempo su auténtica definición.

No es propósito de este artículo, ni nos consideramos aptos para hacerlo, indagar respecto de la pluralidad de factores que condujeron a la pérdida de los auténticos significados de las palabras; pero estamos convencidos que uno de esos factores ha obedecido a la degradación de los “conceptos” que tuvo lugar en la Argentina de los años 90.

Período en el cual -y en esto la “clase dirigente” (políticos, economistas, periodistas, representantes del poder judicial, etc.) de aquel entonces tuvo mucho que ver- las palabras se vaciaron de contenido; pues, daba lo mismo proferir cualquier cosa porque al fin de cuentas no se veían obligados a ajustar su comportamiento con lo que decían.

Pero lógico, la “desnaturalización” de los conceptos no es fruto de un acuerdo previo sellado entre los distintos exponentes de la clase dirigente; por el contrario, es la resultante ineludible del sistema neoliberal. Pues la experiencia universal demuestra a las claras los fracasos a los que dicho sistema conduce; por lo tanto, para que una sociedad no reaccione ante la implementación de un modelo que ha de condenar a la mayoría de sus miembros, es inevitable apelar al vaciamiento de los significados. De lo contrario, la población no permanecería impávida observando cómo se la conduce al abismo.

Como es factible de apreciar, hay un renacer de frases vacías, de propuestas inconducentes, de imputaciones falaces y de alianzas cada vez más ostensibles que solo aspiran a preparar el abordaje del modelo neoliberal a finales del 2015, esperando iniciar con ello un período de retroceso de los sectores populares.

La cuestión no es menor, como tampoco lo es que se haya minimizado los acuerdos firmados recientemente con “el gigante asiático”. La importancia que esto trae aparejado para el bienestar futuro de la economía argentina (acuerdos energéticos, de cooperación aeroespacial, minería, en materia de comunicaciones, por citar solo algunos) es por demás significativa; sin embargo un hecho tan trascendente para el país se vio prácticamente “invisibilizado” por los medios hegemónicos, desvalorizado por la sombría oposición y muy poco interiorizado por la ciudadanía.  

Como es lógico esperar, la perdurabilidad de estos acuerdos dependerá de quienes asuman, a futuro, la conducción de este país. El problema no es irrelevante, máxime si tenemos en cuenta que uno de los aspirantes a esa conducción es nada menos que: la mediocre oposición.     

Los medios y su campaña de desprestigio: não tem fim

A medida que transcurren los días cada vez son más fuertes los indicios que conducen a sospechar que la fallida “denuncia del fiscal” ha sido fruto de una “operación política”. No  obstante, no es menos cierto que buena parte de la prensa local -empeñada, desde hace tiempo, en frustrar la conclusión del mandato de la actual presidenta- intenta deliberadamente sembrar sospechas sobre la figura presidencial  con el propósito de desdibujar su imagen ante la sociedad.

 Es dable suponer que en otros tiempos  esta metodología desestabilizadora no era necesaria, pues, el recurso tradicional consistía en recurrir a los “golpes de estado” y mediante ello poner fin a los mandatos populares. Pero obviamente los tiempos han cambiado, por ende, los métodos se han aggiornado y los propósitos desestabilizadores ya no se circunscriben, como sucedía antiguamente, a poner en movimiento a un conjunto de tropas y tanques en dirección a la Casa Rosada.

No obstante, si uno repara en el clima previo que antecedió a toda ruptura constitucional, podrá observar que los medios de comunicación hegemónicos jugaron siempre un papel determinante en lo que se refiere a crear el “consenso necesario” para que la población acepte dócilmente la interrupción del sistema democrático. Basta recordar la actitud desestabilizante que los medios asumieron durante los gobiernos de Yrigoyen, Perón, Ilia e Isabel Perón para percatarnos de semejante proceder. Hasta el propio gobierno del Dr. Raúl Alfonsín se vio acosado por la prensa para interrumpir  con antelación su mandato constitucional.

Curiosamente, fue el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem quien no tuvo procesos de desestabilización y ello obedeció a la sencilla razón de que las políticas ejecutadas durante su ejercicio fueron funcionales a los grupos económicos concentrados. Manteniendo, a su vez en materia de política exterior, una total subordinación a los lineamientos que sugería el Departamento de Estado de los EEUU. Eran los elogiados tiempos de “las relaciones carnales”.

Fue, precisamente, gracias a esa vocación de servilismo que Argentina participó en la denominada “Tormenta del desierto” mediante el envío de tropas a Irak. Hecho este que trajo como corolario que nuestro país sufriese dos atentados terroristas (el de la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA) por haberse involucrado en un conflicto ajeno a sus intereses.

Lo cierto es que “la prensa canalla” no solo no alzó su voz para defender la política de neutralidad que supo caracterizar históricamente a nuestra nación; sino que aplaudió el alineamiento automático e incondicional que imperaba en aquél momento.

Sin duda, la visión retrospectiva suele irradiar algunos destellos de luz sobre la oscuridad de ciertos hechos; y es en virtud de esos intervalos lumínicos cuando podemos comprender el proceder de determinados sectores bajo la oscuridad.

Una muestra cabal la hemos tenido recientemente, pues, antes del desgraciado hecho de la muerte del fiscal Nisman los argentinos contemplábamos acongojados los trágicos sucesos parisinos en relación con la masacre de Charlie Hebdo. Paralelamente los medios hegemónicos locales aprovechando ese “hecho trágico” se encargaron de distorsionar la realidad para realizar imputaciones falaces sobre el gobierno nacional.

El nuevo invento consistió en aducir que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había adoptado una postura mezquina en referencia al repudio sobre el atentado. La intención era instalar una idea demencial, concretamente que: “el gobierno se muestra tolerante y complaciente con los actos de terrorismo”.

Nada más lejos de la realidad, y como lo hemos destacado en otra ocasión, el actual gobierno ha dado muestras más que suficientes de rechazar toda clase de terrorismo proviniese de donde proviniese, fuere éste de tinte político, racial, religioso u económico.

La idea que pretendieron instalar los medios durante todo este tiempo quedo absolutamente desmentida por la reciente carta remitida por el presidente francés, François Hollande, a nuestra presidenta de la Nación. En la misma sostiene: “Le agradezco su mensaje de simpatía, solidaridad y fraternidad que me hizo llegar cuando Francia fue tocada en su corazón por una agresión de un horror inenarrable”.

Por cierto, “la falaz idea” en los hechos ya había sido refutada por la presencia del canciller Timerman en la marcha de París y por la presencia de nuestra embajadora en Francia. No obstante, los medios no cesaron en su intento de descalificar la postura presidencial sobre la base de una argumentación creada por ellos mismos y que no se correspondía con la realidad.

Pocos días después, “inflaron” una denuncia que sin ninguna clase de asidero - ya que carecía de elemento probatorio alguno-  asociaba a la presidenta con “un acuerdo solapado”, supuestamente, para evitar el procesamiento de los responsables del atentado a la AMIA.

De ese modo se pasó de una supuesta” tolerancia” gubernamental con los actos terroristas a nivel internacional, a una “actitud de colaboracionismo” con los autores de un acto terrorista local. Lo cierto es que fuera de la repercusión mediática ambas imputaciones no tenían razón de ser, excepto para la deliberada “creencia mediática”.

Luego sobreviene la lamentable muerte del denunciante e inmediatamente procuran señalar como principal sospechoso de la misma a la propia presidenta de la república. Es evidente que quien asuma el trabajo de informarse (como es obvio, no por los grandes medios hegemónicos) podrá observar la complejidad de los hechos y reparar que lo peor que pudo pasarle al gobierno es la inesperada muerte del fiscal Nisman.

Sin embargo, los medios continúan machacando con la absurda postura de endilgar la responsabilidad de lo ocurrido hacia la figura presidencial.

Entre las tantas excentricidades que pudimos observar por estos días durante la investigación de la causa caratulada como “muerte dudosa”, nos encontramos con el sorprendente hecho de que el único imputado en la misma, específicamente el proveedor de la supuesta arma suicida (u homicida), se encargó de brindar una conferencia de prensa para desligarse de toda responsabilidad.

Es verdaderamente inimaginable que ante cada proceso judicial “los imputados” puedan realizar una conferencia de prensa para “convencer” a la audiencia de su grado de inocencia, y que los medios hegemónicos se encarguen de promocionar la misma para que el sospechoso pueda evacuar las dudas que pesan sobre el caso. En todo caso, las únicas declaraciones que importan, judicialmente hablando, son las que efectúe en sede judicial. No es cuestión de detenernos a conjeturar las innumerables hipótesis que podríamos formular con respecto a la ocurrido.

Lo más prudente es esperar que la justicia resuelva -si bien es cierto que buena parte de la estructura judicial se ha mostrado ostensiblemente adversa a las decisiones de gobierno- con absoluta imparcialidad y de la manera más equitativa posible. Y no dejarse llevar por la presión mediática que se empeña en confundir y distorsionar los hechos.

Para culminar, no podemos dejar de efectuar una mención respecto a la actitud de los “políticos opositores”  que, como de costumbre, no cesan en su intención de asumir el rol de marionetas del establishment mediático. Avalando y demostrando una actitud colaboracionista con todo propósito descalificador hacia la figura presidencial.

Está claro que no les interesa ni el esclarecimiento del caso, ni la salud de la república, ni indagar en la “inconsistencia” de la denuncia; pues, solo les interesa la especulación política y ver en qué medida pueden explotar los hechos para conquistar adeptos.

Muchos de estos legisladores de la oposición avalaron, en su momento, “las relaciones carnales”, algunos fueron parte integrante de gobiernos anteriores que nada hicieron para que la causa AMIA se esclarezca; de ahí que tampoco ninguno se preguntó porque un fiscal de la república (nos referimos al extinto Nisman) asistía constantemente a la embajada americana a recibir órdenes para la investigación del caso. Un hecho “anormal” y gravísimo institucionalmente hablando pero, al parecer, para la oposición el resguardo por el “normal” funcionamiento de las instituciones solo se invoca en casos muy particulares.

Lo concreto es que esto demuestra una vez más la concepción de “independencia” que profesan estos “dirigentes” para nuestra nación.

La misma que reivindican los medios hegemónicos, la que nos condujo, entre otras cosas, a participar de “expediciones” que tanto daño causaron a la población argentina. Sin embargo siguen allí, mostrándose como una alternativa al gobierno, penosa opción es la que ofrecen. Hoy se empeñan en cuestionar la supresión de la Secretaria de Inteligencia y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia en un marco de mayor contenido democrático, ayer cuestionaban la posición no claudicante de Argentina con los fondos buitres, anteriormente rechazaron la ley de defensa del consumidor para proteger a los grandes cadenas de comercialización, mucho tiempo atrás rechazaban la democratización de la ley de medios intentando preservar los intereses de los grandes multimedios,  la lista sería demasiado extensa de enumerar. Pero si algo queda claro de todo esto es la predisposición pro colonial y antipopular  que expresan estos “dirigentes”.

 Menuda coincidencia con la actitud que expresan los medios hegemónicos.