A medida que transcurren los días cada vez son más fuertes
los indicios que conducen a sospechar que la fallida “denuncia del fiscal” ha
sido fruto de una “operación política”. No
obstante, no es menos cierto que buena parte de la prensa local
-empeñada, desde hace tiempo, en frustrar la conclusión del mandato de la
actual presidenta- intenta deliberadamente sembrar sospechas sobre la figura
presidencial con el propósito de
desdibujar su imagen ante la sociedad.
Es dable suponer que
en otros tiempos esta metodología
desestabilizadora no era necesaria, pues, el recurso tradicional consistía en
recurrir a los “golpes de estado” y mediante ello poner fin a los mandatos
populares. Pero obviamente los tiempos han cambiado, por ende, los métodos se
han aggiornado y los propósitos desestabilizadores ya no se circunscriben, como
sucedía antiguamente, a poner en movimiento a un conjunto de tropas y tanques
en dirección a la Casa Rosada.
No obstante, si uno repara en el clima previo que antecedió
a toda ruptura constitucional, podrá observar que los medios de comunicación
hegemónicos jugaron siempre un papel determinante en lo que se refiere a crear
el “consenso necesario” para que la población acepte dócilmente la interrupción
del sistema democrático. Basta recordar la actitud desestabilizante que los
medios asumieron durante los gobiernos de Yrigoyen, Perón, Ilia e Isabel Perón
para percatarnos de semejante proceder. Hasta el propio gobierno del Dr. Raúl
Alfonsín se vio acosado por la prensa para interrumpir con antelación su mandato constitucional.
Curiosamente, fue el gobierno del presidente Carlos Saúl
Menem quien no tuvo procesos de desestabilización y ello obedeció a la sencilla
razón de que las políticas ejecutadas durante su ejercicio fueron funcionales a
los grupos económicos concentrados. Manteniendo, a su vez en materia de
política exterior, una total subordinación a los lineamientos que sugería el
Departamento de Estado de los EEUU. Eran los elogiados tiempos de “las
relaciones carnales”.
Fue, precisamente, gracias a esa vocación de servilismo que
Argentina participó en la denominada “Tormenta del desierto” mediante el envío
de tropas a Irak. Hecho este que trajo como corolario que nuestro país sufriese
dos atentados terroristas (el de la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA)
por haberse involucrado en un conflicto ajeno a sus intereses.
Lo cierto es que “la prensa canalla” no solo no alzó su voz
para defender la política de neutralidad que supo caracterizar históricamente a
nuestra nación; sino que aplaudió el alineamiento automático e incondicional
que imperaba en aquél momento.
Sin duda, la visión retrospectiva suele irradiar algunos
destellos de luz sobre la oscuridad de ciertos hechos; y es en virtud de esos
intervalos lumínicos cuando podemos comprender el proceder de determinados
sectores bajo la oscuridad.
Una muestra cabal la hemos tenido recientemente, pues, antes
del desgraciado hecho de la muerte del fiscal Nisman los argentinos
contemplábamos acongojados los trágicos sucesos parisinos en relación con la
masacre de Charlie Hebdo. Paralelamente los medios hegemónicos locales
aprovechando ese “hecho trágico” se encargaron de distorsionar la realidad para
realizar imputaciones falaces sobre el gobierno nacional.
El nuevo invento consistió en aducir que el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner había adoptado una postura mezquina en
referencia al repudio sobre el atentado. La intención era instalar una idea
demencial, concretamente que: “el gobierno se muestra tolerante y complaciente
con los actos de terrorismo”.
Nada más lejos de la realidad, y como lo hemos destacado en
otra ocasión, el actual gobierno ha dado muestras más que suficientes de
rechazar toda clase de terrorismo proviniese de donde proviniese, fuere éste de
tinte político, racial, religioso u económico.
La idea que pretendieron instalar los medios durante todo
este tiempo quedo absolutamente desmentida por la reciente carta remitida por
el presidente francés, François Hollande, a nuestra presidenta de la Nación. En
la misma sostiene: “Le agradezco su
mensaje de simpatía, solidaridad y fraternidad que me hizo llegar cuando
Francia fue tocada en su corazón por una agresión de un horror inenarrable”.
Por cierto, “la falaz idea” en los hechos ya había sido
refutada por la presencia del canciller Timerman en la marcha de París y por la
presencia de nuestra embajadora en Francia. No obstante, los medios no cesaron
en su intento de descalificar la postura presidencial sobre la base de una
argumentación creada por ellos mismos y que no se correspondía con la realidad.
Pocos días después, “inflaron” una denuncia que sin ninguna
clase de asidero - ya que carecía de elemento probatorio alguno- asociaba a la presidenta con “un acuerdo
solapado”, supuestamente, para evitar el procesamiento de los responsables del
atentado a la AMIA.
De ese modo se pasó de una supuesta” tolerancia”
gubernamental con los actos terroristas a nivel internacional, a una “actitud
de colaboracionismo” con los autores de un acto terrorista local. Lo cierto es
que fuera de la repercusión mediática ambas imputaciones no tenían razón de
ser, excepto para la deliberada “creencia mediática”.
Luego sobreviene la lamentable muerte del denunciante e
inmediatamente procuran señalar como principal sospechoso de la misma a la
propia presidenta de la república. Es evidente que quien asuma el trabajo de
informarse (como es obvio, no por los grandes medios hegemónicos) podrá
observar la complejidad de los hechos y reparar que lo peor que pudo pasarle al
gobierno es la inesperada muerte del fiscal Nisman.
Sin embargo, los medios continúan machacando con la absurda
postura de endilgar la responsabilidad de lo ocurrido hacia la figura
presidencial.
Entre las tantas excentricidades que pudimos observar por
estos días durante la investigación de la causa caratulada como “muerte
dudosa”, nos encontramos con el sorprendente hecho de que el único imputado en
la misma, específicamente el proveedor de la supuesta arma suicida (u
homicida), se encargó de brindar una conferencia de prensa para desligarse de
toda responsabilidad.
Es verdaderamente inimaginable que ante cada proceso
judicial “los imputados” puedan realizar una conferencia de prensa para
“convencer” a la audiencia de su grado de inocencia, y que los medios
hegemónicos se encarguen de promocionar la misma para que el sospechoso pueda
evacuar las dudas que pesan sobre el caso. En todo caso, las únicas declaraciones
que importan, judicialmente hablando, son las que efectúe en sede judicial. No
es cuestión de detenernos a conjeturar las innumerables hipótesis que podríamos
formular con respecto a la ocurrido.
Lo más prudente es esperar que la justicia resuelva -si bien
es cierto que buena parte de la estructura judicial se ha mostrado
ostensiblemente adversa a las decisiones de gobierno- con absoluta
imparcialidad y de la manera más equitativa posible. Y no dejarse llevar por la
presión mediática que se empeña en confundir y distorsionar los hechos.
Para culminar, no podemos dejar de efectuar una mención
respecto a la actitud de los “políticos opositores” que, como de costumbre, no cesan en su
intención de asumir el rol de marionetas del establishment mediático. Avalando
y demostrando una actitud colaboracionista con todo propósito descalificador
hacia la figura presidencial.
Está claro que no les interesa ni el esclarecimiento del
caso, ni la salud de la república, ni indagar en la “inconsistencia” de la
denuncia; pues, solo les interesa la especulación política y ver en qué medida
pueden explotar los hechos para conquistar adeptos.
Muchos de estos legisladores de la oposición avalaron, en su
momento, “las relaciones carnales”, algunos fueron parte integrante de
gobiernos anteriores que nada hicieron para que la causa AMIA se esclarezca; de
ahí que tampoco ninguno se preguntó porque un fiscal de la república (nos
referimos al extinto Nisman) asistía constantemente a la embajada americana a
recibir órdenes para la investigación del caso. Un hecho “anormal” y gravísimo
institucionalmente hablando pero, al parecer, para la oposición el resguardo
por el “normal” funcionamiento de las instituciones solo se invoca en casos muy
particulares.
Lo concreto es que esto demuestra una vez más la concepción
de “independencia” que profesan estos “dirigentes” para nuestra nación.
La misma que reivindican los medios hegemónicos, la que nos
condujo, entre otras cosas, a participar de “expediciones” que tanto daño
causaron a la población argentina. Sin embargo siguen allí, mostrándose como
una alternativa al gobierno, penosa opción es la que ofrecen. Hoy se empeñan en
cuestionar la supresión de la Secretaria de Inteligencia y la creación de la
Agencia Federal de Inteligencia en un marco de mayor contenido democrático,
ayer cuestionaban la posición no claudicante de Argentina con los fondos
buitres, anteriormente rechazaron la ley de defensa del consumidor para
proteger a los grandes cadenas de comercialización, mucho tiempo atrás rechazaban
la democratización de la ley de medios intentando preservar los intereses de
los grandes multimedios, la lista sería
demasiado extensa de enumerar. Pero si algo queda claro de todo esto es la
predisposición pro colonial y antipopular
que expresan estos “dirigentes”.
Menuda coincidencia
con la actitud que expresan los medios hegemónicos.
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