Es un error capital teorizar antes de poseer datos.
Uno comienza a alterar los hechos para encajarlos en las teorías, en lugar de
encajar las teorías en los hechos (Sherlock Holmes)
Si nos basamos en las enseñanzas de Sherlock Holmes, a raíz
de los trágicos sucesos acaecidos en nuestro país, deberíamos concluir que no
hemos aprendido nada.
Arribar a semejante conclusión no requiere de mucho
esfuerzo, basta con observar el tratamiento que a través de los medios de comunicación
se realiza respecto de la “dudosa muerte” -concepto que también implica la
hipótesis del suicidio- del fiscal Nisman para corroborar la certeza de
semejante juicio.
Quizá las sugerencias del exitoso “detective literario” no
sean tomadas en cuenta por tratarse de un personaje de ficción; sin embargo, no
dejan de ser un saludable aporte para incursionar en los caminos de la lógica
analítica.
El problema que se plantea es que buena parte de nuestra
sociedad es más propensa al “análisis inmediato” que al “análisis concienzudo”,
de ahí que ante cualquier hecho desgraciado su visión se focalice estrictamente
sobre los efectos, sin reparar demasiado en los porqués.
Claro, y como es lógico esperar, en la era de la
comunicación nunca falta la pléyade de opinadores del “periodismo” que, contrariamente a lo sugerido por Sherlock,
desarrollan toda su destreza para acomodar los hechos en las teorías que mejor
representen sus intereses. Hecho éste que obstaculiza la posibilidad de que los
lectores, oyentes y/o televidentes puedan prestar atención a aquellos
interrogantes que puedan dar lugar a una mejor comprensión de los
acontecimientos y, por ende, conducir a una aproximación a la verdad.
Lo hemos manifestado más de una vez, la descontextualización
de los hechos siempre es funcional al ocultamiento de determinados intereses.
Y a juzgar por determinado comportamiento mediático esa parece
ser la línea a seguir.
Hay un hecho que también despierta cierto enigma en todo
esto y es, precisamente, que a mediados del presente año comenzará el juicio
oral y público sobre los imputados por encubrimiento y otros delitos en la
denominada causa AMIA. Lo extraño de todo esto es que entre los procesados se
encuentran dos fiscales con quienes colaboró Nisman durante aquella investigación y que terminó siendo el precedente por el cual están sometidos a juicio.
Como vemos, la cuestión es extremadamente compleja. No obstante, en la trágica
muerte del fiscal Nisman existe otro precedente que no se puede soslayar, esto
es, su denuncia.
El juez que entiende en la causa hizo pública integralmente
la denuncia en el portal de internet que depende de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. La denuncia desde el punto de vista jurídico carece de elementos
probatorios y no deja de ser un conglomerado de hipótesis, muchas de ellas
descabelladas -pues los hechos la refutan absolutamente, por ejemplo: en cuanto
a los supuestos pedidos de levantamientos de las alertas rojas de interpol, o
cuando hace referencia a un acuerdo comercial inexistente, ejes sobre los que
se asentaba el grueso de la denuncia- que le impiden ser pasible de
considerarse seria.
Ahora bien, si la denuncia en cuestión carece de fundamento
legal para ser considerada seria; no queda más opción que considerarla una
denuncia política. Pues, si de ello se trata, ¿a quién beneficia semejante
denuncia? O preguntémoslo en sentido
inverso: ¿A quién perjudica tamaña denuncia?
A estas preguntas corresponderían dos respuestas distintas
en situaciones disímiles. Imaginemos por un momento (cosa infinitamente
deseable, pero imposible de cumplir) que el fiscal no hubiere sido encontrado
muerto y que la denuncia continuase su curso.
Pues, sigamos imaginando que se hubiese discutido en el
ámbito parlamentario tal cual estaba establecido y, en virtud de la fragilidad
o inconsistencia de la misma, la presidenta (una de las acusadas en la denuncia
junto con el canciller y un diputado de la reiterada y estigmatizada corriente
política “La Campora”) hubiere salido “airosa” de la contienda. Ello hubiere
determinado la consolidación de su figura y hasta posiblemente un crecimiento
de la misma como consecuencia de ser objeto de cuestionamientos infundados.
Lamentablemente, esta hipótesis no pudo verse concretada en
los hechos; pues, la pérdida del fiscal impidió que ello suceda.
Ahora bien, con la ausencia del fiscal e ignorando el
contenido de la denuncia, ¿sobre quien pueden recaer las sospechas? En
principio, y si nos ajustamos al “análisis inmediato” -esto es, aquél que se
apresura a emitir juicios carentes de elementos probatorios, el que opina
temerariamente, o el que ajusta sus opiniones en función de sus deseos, o que
lo hace respondiendo a intereses mezquinos- dirá sobre “los denunciados”. De allí que sea
central el contenido de la denuncia; si se ignora el mismo y nos constreñimos
exclusivamente al hecho fatídico (la muerte del fiscal), la asociación ligera
mentalmente hablando es “lo mataron los denunciados”. Obviamente esta relación
simplista es un absurdo, mucho más una vez conocida la denuncia que en concreto
solo expresa un sinnúmero de falacias. Pero ya sabemos que los amantes de la “sin
razón” adoptan la máxima de Tertuliano “credo
quia absurdum” y no estoy hablando precisamente de religión.
Para evitar “razonamientos absurdos”, es necesario preguntarnos
y dudar de aquellas respuestas que carezcan de un fundamento sólido.
Por eso resulta comprensible la carta de la Presidenta; más
allá de que no estemos en condiciones de aseverar si se trato de un suicidio u
asesinato.
La mandataria se formula públicamente una serie de
interrogantes al respecto que sería bueno que todos aquellos que tengamos
alguna intención de opinar sobre la causa nos formulemos también; y esto
prescindiendo de la simpatía, que tengamos o no, hacia Cristina Fernández de Kirchner.
Lo cierto es que cuando uno habla de “contexto” lo hace
pensando en interrelacionar la mayor cantidad de elementos posibles a los
efectos de lograr una mejor comprensión de los hechos.
Si, por otra parte, como bien expresaba Nietzsche, “no
existen los hechos sino interpretaciones de los mismos”, cuando menos debemos
reunir la mayor cantidad de elementos posibles y efectuar un análisis pormenorizado
para interpretarlos de la mejor manera.
Evidentemente, el presente artículo no tiene la pretensión
de ser tomado por la “verdad”; pero sí tiene la intención de resaltar la importancia
de formularse interrogantes. Al respecto podríamos desarrollar muchísimos, pero
solo bajo la condición de ciudadano; al fin y al cabo, el ejercicio de la
ciudadanía no se agota con emitir un voto (en todo caso ese es nuestro derecho),
sino que tenemos la obligación de comprender lo que verdaderamente acontece en
nuestro país. De lo contrario, al momento de votar lo haríamos sobre la base
del desconocimiento, lo que encierra toda una irresponsabilidad de nuestra
parte.
Por cierto, la tarea descansa en el Poder Judicial que es el encargado de esclarecer
los hechos y dictaminar la resolución de los mismos. No obstante, en cuestiones
de trascendencia la ciudadanía no puede permanecer ajena a la comprensión de
esos hechos.
Y a propósito de nuestro poder judicial, muchas veces hemos
oído la reiterada muletilla de que se trata de un poder "independiente". Sin
lugar a dudas son muchas las sospechas que a lo largo de la historia pesan
sobre este poder para que lleguemos a considerarlo de ese modo.
El descrédito en que ha caído la denominada “Justicia” en la
Argentina habla a las claras de que no es tan independiente como dicen -además, que sea independiente de los otros poderes visibles: Ejecutivo y legislativo; no significa que lo sea de los "poderes invisibles"- y ojalá comience a revertirse de una buena vez por todas esa situación.
Pero, por otro lado, los jueces deberían esforzarse, cuando menos, en
guardar un mínimo de decoro y respeto hacia los otros representantes de los
demás poderes.
Es verdaderamente indignante -y no estoy poniendo con esto
en tela de juicio la capacidad para administrar justicia en la presente causa-
que la jueza, Fabiana Palmaghini, que tiene a su cargo la investigación sobre
la muerte del fiscal Nisman, haya publicado en Facebook no ya su posición
política (que quizá por ser magistrada de la nación debería formularse
reservas), sino expresiones absolutamente injuriosas, si bien es cierto que
ahora han sido borradas, sobre la figura presidencial.
Si quienes deben dar el ejemplo por el respeto a las instituciones son incapaces de hacerlo, que
se puede esperar entonces de quienes no tienen semejante obligación. Es un síntoma verdaderamente preocupante que hasta
esboza, si se quiere, cierto grado de degradación intelectual; nadie procura
contar con jueces extremadamente brillantes (Zaffaroni por ejemplo), pero
tampoco es saludable caer en el otro extremo.
Para finalizar es menester hacer mención al deleznable comportamiento
de los candidatos opositores. Sus “perlitas”, por desgracia, están a la orden
del día.
Por un lado, Mauricio Macri sostiene en un ostensible acto
de campaña: “que va a desterrar las prácticas de la mala política como utilizar
los servicios de inteligencia de forma facciosa”. Cuando el propio Macri está
procesado por escuchas ilegales desde el año 2010.
Por su parte, Sergio Massa, en cambio sostuvo públicamente “que
se presentará como querellante en la causa del atentado a la AMIA y en la que
investigue la muerte del fiscal Nisman”; por cierto, no sabemos bajo que
condición, puesto que para ser querellante es preciso ser un damnificado.
Excepto, que tomemos esto como una expresión para “la gilada” en el afán de
conseguir votos y si de eso se trata, es repudiable en todo sentido. Especular con
la muerte de una persona para hacer campaña mediante expresiones mentirosas, está
lejos de ser un hombre de bien. ¿O será acaso que el recto proceder es una
cuestión menor para los tiempos que corren?
No hay comentarios:
Publicar un comentario