Los jueces y la igualdad ante la ley

 

A primera vista, en el ámbito del Poder Judicial argentino el inicio del año 2013 no parece traer vientos de cambio. La misma Cámara Civil y Comercial que el año pasado se tornó en la muralla de protección del “Gran Multimedio Argentino” (Clarín), evitando que éste se ajuste a las disposiciones de una ley sancionada por el Congreso, cautelar mediante; ahora concedió una medida cautelar en beneficio de la Sociedad Rural evitando con ello la recuperación, por parte del Estado Nacional, del predio palermitano. Adquirido al Estado, vale recordarlo, a un precio irrisorio en 1991 por la entidad rural.

Es verdaderamente sorprendente observar cómo, sin ruborizarse, el fuero Civil se arroga automáticamente una decisión que, en principio, corresponde al fuero Contencioso-Administrativo; ya que lo que se está dejando sin efecto es una decisión del Poder Ejecutivo.  No obstante, lo que causa mayor estupor es que, mientras tanto, en el fuero federal penal se esté desarrollando, desde hace años, una causa  que tiene como imputados al ex ministro de economía, Domingo F. Cavallo  y al ex titular de la Sociedad Rural por haber participado en la venta “a precio vil” del predio de Palermo.

Si a esto le añadimos los respectivos informes de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde se cuestionó “la venta realizada” bajo el mandato del ex presidente Menem; cuesta aceptar la procedencia de una cautelar. Recordemos que las medidas cautelares son dictadas inaudita parte, es decir, sin escuchar a la persona (en el caso el Estado) que se verá afectada por la medida; de ahí que el derecho invocado por el beneficiado con la medida debe tener altos signos de verosimilitud para que los jueces contemplen su pedido. Resulta cuando menos difícil imaginarnos el derecho que asiste a una entidad donde tanto en el ámbito judicial, como en la esfera administrativa han quedado evidenciadas una serie de irregularidades; si hasta en el ámbito obligacional y contractual no han cumplido con las condiciones acordadas, en la irregular adquisición, durante la transferencia del predio.

Lo cierto, es que los integrantes de la Cámara en cuestión siguen “administrando justicia” en función de criterios muy particulares. Hecho éste que nos hace sospechar sobremanera, respecto de su “independencia” de los poderes fácticos y, obviamente,  la demostrada asistencia (de la mayoría de sus miembros, con todos sus gastos pagos) a los cursos brindados, en Miami, oportunamente por una ONG de estrechos vínculos con el “gran multimedio argentino”, nos hace dudar aún más de la supuesta imparcialidad de sus decisiones.

Párrafo aparte merece, como es de costumbre, la actitud de “ la dirigencia opositora” que sigue exponiendo no solo su mediocridad; sino que termina dejando a las claras que intereses representa. Que por cierto, no son los intereses del Estado; sino de toda expresión corporativa existente en el país.

Llegan al extremo de justificar una venta perjudicial para el patrimonio del Estado, en aras de defender a la Sociedad Rural; algunos como Ocaña y Bullrich expresando, inclusive, un profundo desconocimiento del derecho.

Por suerte, una buena franja de miembros de la justicia ha reaccionado en estos días y convocado a la realización de un primer encuentro “Hacia una justicia legítima”, hecho éste que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional  los días 27 y 28 de febrero próximo.

Frente a tan oscuro panorama, que alrededor de 600 firmantes del ámbito judicial convoquen a discutir la democratización de la justicia es un evento sumamente alentador para dar un primer paso en vistas de alcanzar un acercamiento con lo que la sociedad reclama.

Tal vez, y de ese modo, con el tiempo logremos que aquel principio consagrado constitucionalmente en el art.16 de nuestra Carta Magna:  “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley……” deje de ser una expresión cuasi abstracta, para convertirse en una realidad concreta.

La igualdad, entre otras cosas, implica que no se establezcan excepciones o privilegios y que se trate a todos del mismo modo en iguales situaciones. No hace falta imaginarnos que sucedería si un ciudadano común adquiriese algo “irregularmente”,  no cancelara su deuda hipotecaria o no se ajustase a la ley vigente. 
Las corporaciones, nos guste o no, también son personas jurídicas y nadie lo ignora, el problema es que para algunos “administradores de justicia” ellas suelen gozar de mayores derechos que los que nos corresponden a los individuos “de carne y hueso”, es decir, a las personas físicas.