Las batallas judiciales y un gobierno que se consolida

  

La vorágine política suele no dar tregua en el desarrollo de los acontecimientos del siglo XXI; es tal la dinámica de los mismos que, a diario, nos encontramos –y esto, merced a la velocidad de la información- con sucesos que nos sorprenden; sin haber terminado de digerir aun aquellos que, hasta entonces, parecían ser los destinados a acaparar toda nuestra atención.

Lo cierto es que, esto acontece en todas las sociedades del mundo moderno y la nuestra está lejos de convertirse en una excepción. Tanto es así que a lo largo de estos últimos días, los argentinos, hemos asistido a una serie de hechos que, en primera instancia, parecían presagiar un futuro poco alentador para nuestro país.  Claro que esta “percepción generalizada” se desarrolló en el ámbito de la realidad virtual creada artificiosamente por los medios de comunicación masiva; ya que los hechos –en el terreno de la realidad concreta- demostraron que los presagios apocalípticos solo eran fruto de la versión mediática. Específicamente, han sido los medios quienes se encargaron de predecir:

1º Que la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Ghana, donde disponía el embargo de la emblemática Fragata Libertad, en favor de una demanda interpuesta por los conocidos “fondos buitres”, era el preanuncio de un oscuro panorama para la economía de nuestro país.

2º Que en virtud del fallo del juez norteamericano, Thomas Griesa , exigiendo que la Argentina abone a los tenedores de títulos de deuda –para el caso, los holdout  o “fondos buitres”, que no quisieron ingresar en la reestructuración realizada oportunamente- la totalidad de la misma y conforme a los valores nominales, podría acarrear el default de nuestra nación.

3º Que el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández había recibido un traspié en el plano judicial por la decisión de la Cámara Civil y Comercial que, contradiciendo la exhortación de la Corte Suprema, prorrogó la medida cautelar en beneficio del grupo mediático Clarín, impidiendo con ello la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Estos hechos sobredimensionados por la “oposición mediática” y de los que se hicieron eco la totalidad de los “dirigentes” políticos opositores -que una vez más han demostrado actuar de conformidad con las directrices trazadas por el gran multimedio “argentino”- generaron un clima medianamente perturbador que, al calor de la movilización opositora del 8N, hizo presuponer a algunos de los “periodistas independientes” que el gobierno nacional  comenzaba a trastabillar y, en consecuencia, a perder confiabilidad en vastas franjas de la sociedad argentina. 

Lo cierto es que, semejante análisis basado exclusivamente en “el deseo opositor” terminó, como era lógico esperar, desvaneciéndose con los hechos.

Así, la presentación efectuada por la Cancillería Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que deje sin efecto el embargo realizado sobre una embarcación de guerra, como lo es la Fragata Libertad,  fue acogida por los magistrados quienes ordenaron la liberación inmediata de la misma.

En otro plano, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso dejar en suspenso la decisión del  juez Griesa (decisión ésta fundada más en apreciaciones políticas que jurídicas), evitando de ese modo que la Argentina se viera obligada a desembolsar injustamente U$S 1.300.000 antes de fin de año. No obstante, resultó verdaderamente sorprendente observar como muchos opositores periodísticos y políticos no podían ocultar su alegría ante la arbitrariedad de una medida que ponía en jaque la situación económica del país. Curiosa manera de ser “argentinos”.

Y para finalizar, en el plano judicial local, el juez Horacio Alfonso sentenció que ninguno de los artículos cuestionados por el Grupo Clarín respecto de la LSCA podían ser calificados de inconstitucional, ni ocasionaban perjuicio patrimonial alguno. Poniendo fín, de esa manera, a la perpetuación de las cautelares.

Si bien es cierto que, posteriormente, dio lugar a la apelación formulada por el multimedio y la decisión final ya se halla en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Como vemos algunas cuestiones políticas “se han tornado judiciables”, a pesar que el Derecho Constitucional enseñe otra cosa. Sin embargo, y más allá de las dificultades que esto acarrea, como suele decir el proverbio popular: “No hay mal que por bien no venga”. Pues, los conflictos surgidos entre el gobierno y algunos miembros del Poder  Judicial han puesto en evidencia que detrás de la “inmaculada imagen de la justicia”, suele haber más manchas de las que uno supone.

Si a esto le añadimos el cuestionado fallo de la Sala II del Tribunal Tucumano en el denominado caso “Marita Veron”, es fácil formular la necesidad de emprender sin postergaciones una profunda reforma en el ámbito del Poder Judicial.

Dejando de lado “las batallas judiciales” donde en forma lenta, pero ininterrumpida, el gobierno viene cosechando logros; no deja de ser auspicioso –ya entrando en el terreno económico- el cierre de un año con un superávit comercial que ronda los 12 mil millones de dólares. Cifra ésta  nada despreciable si tenemos en cuenta la gravedad de la crisis internacional.  Por otra parte, el anuncio de la Cepal presagiando un crecimiento del 3,5 de nuestro PBI para el 2013, nos hace prever un escenario mejor para nuestra economía y, obviamente, para toda la región.  

Y para culminar, la reciente convocatoria festejando los 29 años de democracia, pusieron de manifiesto que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue contando de un amplio respaldo popular que echa por tierra la “ilegitimidad de gestión” a la que hace alusión el ultraconservador director del diario “La Nación”, don Bartolomé Mitre. 

El gobierno al igual que la mayoría de los bienvenidos “mandatarios populistas” de Latinoamérica no solo goza de una incuestionable legitimidad de origen; sino de una mayor legitimidad de ejercicio, por mal que les pese a los agoreros medios opositores.