A lo largo de los últimos meses, los argentinos, venimos
asistiendo a una discusión que podríamos llamar ficcional pero que, al parecer,
en nuestro país se le asigna una entidad mayúscula. A tal punto que algunos
suponen -ingenuamente, por cierto- que la ficción puede convertirse en
realidad.
La mentada discusión impulsada por los espíritus más
conservadores, o dominantes de nuestra sociedad, nos quiere hacer creer que en
una democracia, las políticas aplicables deben satisfacer los requerimientos
del cien por ciento de la
población; ya qué de lo contrario, nos
encontraríamos ante lo que ellos califican como: la desnaturalización de la
democracia.
Si bien es cierto que, el mentado razonamiento está siendo
fogoneado por los medios de comunicación hegemónicos que, entre otras cosas,
vienen realizando ingentes esfuerzos con la intención de desgastar y mancillar -sin lograrlo, por suerte-
la imagen presidencial; no es menos cierto, a su vez, que semejante discurso
oculta en su interior un propósito fundamental: la preservación de estado de cosas dado.
Por poco que ahondemos en semejante estructura argumental,
repararemos que la misma está edificada sobre un conglomerado de cimientos
falaces que solo tienen por objeto confundir a la opinión pública y hacerle
creer que el gobierno argentino fomenta "la división de la sociedad"
porque promueve el conflicto interno.
Trasladado al terreno de la praxis, éste es un argumento profundamente
negador de la democracia; en principio porque niega que la política sea
esencialmente conflictiva. La política es sinónimo de conflicto porque siempre
lo que se dirime en ella son intereses.
Por eso la pretensión
de representar en los hechos “los intereses de todos” es un absurdo. Se
pueden conciliar intereses; pero, siempre teniendo presente que, en esa
conciliación uno de los sectores en pugna deberá ceder, en algunas de sus
pretensiones, en beneficio del otro. No obstante, de no mediar acuerdo el que
debe arbitrar el conflicto es, sin lugar a dudas, el Estado. Quien se reserva para sí la facultad de decidir en función
de los intereses comunitarios.
Claro que, conforme al signo político (y no nos referimos a
estructuras partidarias; sino a convicciones) de quien conduzca el Estado, la
decisión estará orientada a favor de los sectores más vulnerables o a favor de
los sectores dominantes. De ahí que nunca podrá resultar indiferente, a los
efectos del modelo social reinante, quien es el encargado de conducir la nave
estatal. No por casualidad, los que se dicen dirigentes “apolíticos” (Macri,
por ejemplo) se hacen llamar neutrales y se ubican en el imaginario social como
“distantes” de la figura del Estado negando la existencia de las relaciones de
poder.
Y aquí está el eje del `problema, pues, en la década de los
80 y más precisamente en la del 90 (si bien la Argentina se tornó pionera a
partir del golpe del 76), las teorías neoliberales hicieron creer a la
población mundial que el más ecuánime
solucionador de conflictos económicos era “El
Mercado” y como tal se tornaba en el mejor asignador de recursos. Por lo
tanto debía, en consecuencia, reemplazar al Estado en la tarea de arbitrar esta
“clase de pugnas”.
Para que requerir de toda una estructura estatal si el
Mercado era capaz de solucionar aquellos sin
tomar partido por nadie (realizando una suerte de arbitraje metafísico y despolitizado
que “garantizaba el bienestar de todos”) y, lo más importante conforme a esa
teoría, no ocasionaba “gastos” de ninguna naturaleza. Por cierto, “los encubiertos gastos” se
canalizaban por otros conductos (subsidios a corporaciones, estatización de
deudas, comisiones financieras, endeudamiento estatal, etc.) menos visibles para la comunidad -si
bien más elevados- que los que atañen a los programas sociales.
Lo que ocultaba esa malintencionada teoría, era que el
Estado no desaparecía, pues, simplemente adoptaba una nueva modalidad
retirándose “en apariencia” de la actividad económica-financiera, y dejando de
ese modo que los grandes grupos económicos explotasen a piacere el terreno en
cuestión. Mientras tanto, un nuevo
andamiaje jurídico-legal confeccionado desde el Estado por los "apropiadores
liberales" -no olvidemos que el neoliberalismo llega al poder primero con la
dictadura y luego camuflado con el menemismo- , se iba tejiendo a los efectos
de brindarle la más absoluta impunidad a quienes se repartían la riqueza de
nuestro país.
En consecuencia, el conflicto se ocultaba y con ello se
hacía creer al “hombre común” que en los hechos no existía; mientras tanto el hombre
concreto, el de “carne y hueso”, experimentaba cotidianamente una serie de
dificultades que lo llevaban a “creer” que las causas de sus sinsabores, era
resultado de la ausencia de destreza personal para afrontar las dificultades de
la vida diaria y no consecuencia del contexto histórico-político en el que estaba
viviendo.
Por otra parte, los
medios de comunicación en connivencia con buena parte de la dirigencia
política de la época (curiosamente, hoy
mayoritariamente enrolados en “la oposición”) se encargaban de difundir que
las políticas económicas aplicables eran las correctas y que lo mejor que podía
sucederle al país era adoptar las sugerencias formuladas por los organismos
internacionales de crédito (v.gr. FMI, Banco Mundial, por citar algunos).
Así quienes cuestionaban el camino adoptado eran “excepcionalmente”
invitados a los programas políticos televisivos (obviamente, estamos hablando
durante el proceso democrático) y, no en pocas ocasiones, se los descalificaba
con el argumento de “ideologizados”; lo que en última instancia equivalía a
considerarlos estar reñidos con la verdad. Lo que no aclaraban es que la “verdad política” no existe. Lo que se
nos muestra como "la verdad", es un derivado de las relaciones de poder vigentes
en un momento histórico determinado. El poder, en aquél momento, estaba en
manos de las corporaciones (financieras, económicas y comunicacionales) y el
Estado se había convertido en un “guardaespaldas” de sus intereses. Pero eso
sí, los medios no hablaban de conflicto, ni mucho menos de “división social”, a pesar que la amplia franja de argentinos se veía
caer por la pendiente del empobrecimiento.
Como es lógico inferir, la
pretensión de universalizar el consenso es, ni más ni menos que, una falacia.
Un hecho reciente puede servirnos como ejemplo para demostrar la imposibilidad del mismo: mientras los sectores que apoyan al gobierno están de acuerdo en no ceder a la presión de los “fondos buitres” en sus exigencias de cobro especulativo; franjas minoritarias de la sociedad (entre ellos, dirigentes y medios de comunicación opositores) cuestionan al gobierno por “no honrar sus deudas”.
Un hecho reciente puede servirnos como ejemplo para demostrar la imposibilidad del mismo: mientras los sectores que apoyan al gobierno están de acuerdo en no ceder a la presión de los “fondos buitres” en sus exigencias de cobro especulativo; franjas minoritarias de la sociedad (entre ellos, dirigentes y medios de comunicación opositores) cuestionan al gobierno por “no honrar sus deudas”.
Según éstos últimos es un acto “honorable” pagar las deudas
a expensas del hambre y padecimiento de la sociedad. Son los mismos que, en
finales de los 80 y los 90, nos decían que si no ajustábamos nuestro devenir
económico a las sugerencias del FMI nos aislaríamos del mundo, que caeríamos en
un abismo, que si no achicábamos los gastos del Estado la situación empeoraría, etc., etc.
Lo paradójico es que durante la gestión que estos señores defendían -y fuera de cámaras siguen defendiendo-, se reducía
drásticamente los gastos sociales del Estado, empobreciendo a la sociedad y al
mismo tiempo se abultaba la deuda del país, transfiriendo, en forma
subrepticia, al sector público la deuda privada contraída por los grandes
grupos económicos. No obstante hoy, como bien lo destacó nuestra Presidenta,
hablan del “papelón argentino” por no pagar sus deudas; claro, bajo la perspectiva macrista es fácil
honrar la deuda, sobre todo cuando su deuda se la transfiere al Estado; es
decir, a todos los argentinos.
Lo concreto es que, evidentemente, no se puede conformar a todos al momento de gobernar; de ser eso
posible asistiríamos a una auténtica degradación de la democracia.
Ya que negar la existencia de intereses sería esbozar
propuestas sin contenido. Como las que formula el ex gobernador Binner que bajo el
amparo de un supuesto "republicanismo" no dice nada. Como si la puesta en
práctica del sistema republicano (que en los hechos está plenamente vigente) por si solo, suprimiría la existencia de los
conflictos sociales.
No obstante, hay que reconocerle que su “ideal de república” no es muy ambicioso, ya que pondera la “República de Ghana”. El exégeta republicano, al parecer, no se dio por enterado los conflictos irresueltos que desbordan al país africano, pero eso sí según él es “un ejemplo a seguir”.
No obstante, hay que reconocerle que su “ideal de república” no es muy ambicioso, ya que pondera la “República de Ghana”. El exégeta republicano, al parecer, no se dio por enterado los conflictos irresueltos que desbordan al país africano, pero eso sí según él es “un ejemplo a seguir”.
Es sorprendente que alguien que se dice socialista ignore
casi por completo la obra de Marx; de lo contrario, conocería aquella expresión
suya que destacaba que: “El poder
político es el resumen oficial del antagonismo en la sociedad civil”. Y este concepto, lejos de ser aislado, esta inficionado en la totalidad de la obra desarrollada por "el padre del socialismo".
En todo caso, sería saludable recomendarle la lectura de un destacado filósofo francés
contemporáneo, por sobre todo cuando recuerda que “…..el
poder no remite jamás sino a una relación de fuerzas (de deseos) que, en tanto
que tales, excluyen toda pretensión de universalidad”.
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