Es sorprendente observar cómo, en nuestro país, los
portavoces del neoliberalismo cabalgan sobre un discurso de “mano dura” para
combatir la inseguridad urbana
requiriendo, de las fuerzas del orden, un mayor control de todos los espacios públicos
para, supuestamente, prevenir el delito. Mientras que en otras áreas de la vida
social, específicamente en la económica, procuran desterrar el ejercicio de
cualquier clase de controles por considerarlos atentatorios contra la libertad
de iniciativa.
En principio, podríamos manifestar que la aplicación del
término (control) responde a dos situaciones disimiles que, en apariencia, no
guardan grado de relación alguna. Pues, una cosa es desarrollar “controles”
para minimizar la comisión de actos delictivos y, otra muy distinta lo sería
para mutilar el libre proceder en el terreno de la economía.
Sin embargo si uno ausculta un poco más allá de la
superficie, podrá corroborar que la ausencia de controles sobre el quehacer
económico ha dado suficientes muestras de cómo ello facilita la comisión de determinado
tipo de delitos que terminan siendo imperceptibles para la gran mayoría de la
población pero excesivamente dañosos para el país y la comunidad en su
conjunto. Con el añadido de que la mayoría de los mismos terminan siendo
protegidos con el manto de la impunidad.
De lo expuesto, no resulta extraño inferir que cuando se
alude a la palabra “mercado”, entre otras cosas, se procura circunscribir el
accionar punitivo del estado a los delitos de menor cuantía; mientras qué, por
otro lado, se garantiza la libertad de cometer ilícitos de mayor envergadura para
un sector más especializado de la sociedad. Hecho éste que patentiza la
existencia de un sistema punitivo selectivo.
Sin duda esto no es solo privativo de nuestro país, sino que
se corresponde con la estructura financiera internacional vigente que, lenta y
paulatinamente, está dando muestras de
que ha comenzado su proceso de descomposición. Proceso que, por otra parte, de
no haber contado con la complicidad de los medios de comunicación
internacionales se hubiese desencadenado con mayor antelación.
Lo cierto es que –sin ánimo de pecar de optimistas- las
imputaciones que salieron a la luz merced al informe que elaboró el senado estadounidense
sobre las maniobras ilegales del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation
(HSBC), las denuncias realizadas en Francia por el ingeniero en sistemas que
trabajó en el mencionado banco y que dieron lugar a las investigaciones de la
inspección fiscal en territorio galo y que, posteriormente, se extendieron a
España e Italia ponen en evidencia el accionar “non sancto” de muchas de estas
instituciones. Instituciones que, por otra parte, nunca cesan en fomentar la
falaz alegoría de “los beneficios del libre mercado”.
En lo que a nuestro país concierne, la AFIP ha realizado una
denuncia judicial por la existencia de 4040 cuentas no declaradas de argentinos
en la sucursal del HSBC de Ginebra. Hecho que de algún modo revela cuales son los
mecanismos que se utilizan para la evasión y fuga de capitales que en absoluto
se corresponde con la falsa e ingenua teoría de la “utilización de valijas” que
en algún momento popularizó un ridículo “periodista argentino” (y que ahora guarda silencio ante las cifras de la fuga) para
descalificar a un funcionario.
Ahora bien, estamos hablando de la sucursal de un banco
situada en una localidad de Suiza; si tal como se presume esta práctica es
habitual en el “mercado” financiero internacional, solo estamos ante la punta
de un iceberg. Si además, conforme a los datos que se vienen difundiendo por
especialistas abocados a este tipo de investigación, se supone que existen
alrededor de 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior; es
lógico imaginar cómo tuvo lugar la descomunal fuga de divisas que tanto daño le
ha causado a nuestra economía y a nuestra población en su conjunto. El
crecimiento que le hubiere reportado, contar con ese dinero, a nuestro sistema
económico y a la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas es
verdaderamente incalculable. Y lo peor del caso es que ese dinero, ha sido
obtenido de un cúmulo de actividades desarrolladas en nuestra economía.
Notable es también que los medios de comunicación
hegemónicos de nuestro país se empeñen en desnaturalizar la denuncia judicial
de la AFIP so pretexto de
caracterizarla como una persecución a los bancos y a los empresarios; y mucho
más cuando en la Argentina existía (y aun sigue vigente) una ley de blanqueo de
capitales. Lo que demuestra una vez más cuan poco comprometidos se encuentran
con las necesidades de nuestro país cierto sector de la “dirigencia empresarial”,
entre los que se incluyen los directivos de buena parte de estos medios que, al
parecer, integran las listas de titulares de estas cuentas en el exterior.
Otra cosa que es digna de ser observada es el comportamiento
del “arco opositor” en el ámbito político, si uno hace memoria recordará qué,
cuando se sancionó la “ley de blanqueo de capitales” cuyo propósito se
enderezaba a atraer divisas para el mejoramiento de nuestra economía, los
políticos opositores la cuestionaban porque “representaba una injusticia dado
que se premia a los evasores en detrimento de los contribuyentes que tienen sus
impuestos al día” y que se intentaba “garantizar la impunidad de los
empresarios cercanos al gobierno involucrados en hechos de corrupción” (1).
Lo cierto es que ahora que el oficialismo impulsó la
creación de una comisión para investigar “el lavado de dinero” reparten sus
posiciones en oponerse y abstenerse. No querían “el blanqueo” porque se trataba
de “premiar a los evasores” pero ahora no quieren que se los investigue, no sea
cosa que se los castigue pecuniariamente. Son, verdaderamente, geniales.
Pero eso sí, el senador Gerardo Morales de la UCR ante la
posibilidad de investigar la fuga de 400.000 millones de dólares del país se
abstiene, pero promueve la creación de una Comisión Investigadora para conocer
detalles de “las cuentas de la empresa hotelera Hotesur S.A.”; demostrando con
ello que está más interesado en impulsar operaciones mediáticas contra la
presidenta que en investigar a aquellos que causan daños exponenciales sobre
nuestra economía. Si no fuese porque es un representante de nuestro poder
legislativo lo suyo sería un acto de comicidad inigualable; pero
lamentablemente es alguien que tiene poder para legislar en nuestro país lo que
lo torna extremadamente trágico.
Este es el parlamento opositor que “nos representa” y el que
aspira a conquistar el gobierno el año próximo. Esperemos, por la salud de la
nación, que no lo logren.
Respecto a las investigaciones financieras es saludable que
se profundicen, pues, de ello dependerá atacar las causas de la escasez de
divisas o “restricción externa” como gustan llamarla los economistas que tantos
impedimentos le ha ocasionado a nuestro crecimiento económico.
Es inevitable que ante situaciones como las descriptas, uno
no deje de recordar aquella máxima del célebre Bertolt Brecht. “Más inmoral que robar un
banco es fundarlo”.
Por cierto, difícil resulta determinar si “lo moral” es
susceptible de grados, tampoco es factible imponer parámetros morales
recurriendo a una ley, y mucho menos en el sistema económico vigente donde la
moral no tiene posibilidades de instalarse. Pero no es menos cierto qué,
estableciendo ciertos controles, los comportamientos se tornen menos lesivos
para la gran mayoría de los miembros de una comunidad. De ahí que estos incipientes
síntomas nos generen cierto aire de satisfacción. A pesar de que los
predicadores de la ética, nos referimos al grueso del “arco opositor”, no se muestren
muy propensos en purificar el aire.
(1)
La nación.com
(3/6/2013)
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