Extraña manera de expresar su “argentinidad” posee buena
parte de los políticos de la oposición; pues, a raíz del reciente fallo a favor
de los “fondos buitres” por parte de la Corte Suprema estadounidense, no han
tenido mejor respuesta que la de justificar el veredicto en base a las
supuestas críticas efectuadas por el gobierno hacia la persona del juez actuante, Thomas Griesa. Como si la
decisión de un juez debiera basarse en los elogios o en el número de alabanzas
que se viertan hacia su persona; y no en base a criterios de justicia.
No obstante, sabemos perfectamente que, en más de una
ocasión, los “humanos jueces” direccionan su accionar, y con ello el resultado
de sus decisiones (bastante conocemos los argentinos al respecto), en función
de determinados intereses y/o para satisfacer las exigencias de determinado
lobby; cosa por otra parte habitual en los fueros estadounidenses.
Lo cierto es que, por más que algunos medios locales (TN
entre ellos) nos quieran hacer creer que la Justicia en los EEUU es absolutamente
independiente; la realidad demuestra absolutamente lo contrario.
Existen sobrados ejemplos de avasallamiento de los derechos
individuales en ese país sobre sus ciudadanos; muchos de ellos, amparados en
leyes que vulneran principios constitucionales como “el acta patriótica” y donde
la justicia no se destaca por poner freno a los mismos. Bastaría preguntarle a Julian Assange o Edward
Snowden, porqué gozando el país del norte de tribunales “absolutamente
independientes”, no aceptan ser juzgados en aquellas jurisdicciones. Tal vez, la vergonzosa situación que todavía vienen atravesando
algunos de los denominados “cinco héroes cubanos” que a raíz de un sistema de justicia
que convalidó una causa fraudulenta y notoriamente armada, por la cual todavía
persisten encarcelados, pueda demostrar lo fabulesco que resulta hablar de
justicia independiente por aquellos lares.
Y no hablemos del fallo
a favor de Shell que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó el año pasado
a pesar de las excesivas pruebas aportadas por los damnificados (la comunidad
Ogoní del delta nigeriano) no solo en materia de destrucción del medio ambiente;
sino también demostrando el grado de complicidad que la empresa tuvo con la
violación sistemática de los derechos humanos en aquella región africana.
Lo concreto es que la mentada “independencia” del poder
judicial, es un cuento para incautos que quedan maravillados con un modelo de “democracia”
absolutamente desnaturalizado y que tiene por propósito garantizar el dominio
de las corporaciones.
Pero bien, en lo que a nosotros respecta, y siguiendo con el
fallo, la versión taquigráfica de la última audiencia convocada, precisamente,
por el juez Griesa, habla por sí sola. En ella puede observarse el estrecho vínculo
que el magistrado establece con los demandantes (los houldouts) y el escaso
lugar que les otorga a los representantes legales de la Argentina. Si hasta sin
reparar en su condición de juez, ante el planteó del representante de los “fondos
buitres” que expresaba su preocupación por las medidas que podría adoptar nuestro
país para pagar a los tenedores de deuda reestructurada y no a los houldouts,
el “independiente” juez Griesa respondió: Y
no pagarnos a nosotros. ¿Dijeron eso? Y luego continuó, como un político
opositor local, cuestionando el discurso de la presidenta.
Mientras tanto, en nuestro país, la mayoría de los
opositores (obviamente, incluimos en esto a los medios de comunicación hegemónicos) cargó las tintas sobre los aspectos formales
-esto es, los modos de defender públicamente la postura argentina antes del
fallo-, que sobre la inequidad de una sentencia que reafirma el predominio del
capital financiero-especulativo por sobre los intereses de una nación.
Repugna observar ciertos titulares que se publicaron a raíz
del fallo, como los del diario “La Nación”: “Duro revés para el gobierno”; como
si la medida afectase la imagen de un gobierno y no el devenir económico de
nuestro país y con ello la situación de quienes habitan el mismo. Ni hablar de
los comentarios de sus columnistas, al igual que los de su aliado el Grupo
“Clarín” (que sin lugar a dudas, nada tiene de “gran diario”; pero mucho menos
de “argentino”) o los mediáticos periodistas de TN y canal 13. Ninguno se
atrevió a cuestionar una sentencia que sienta el terrible precedente de poner
por encima del interés de una nación, los intereses de los depredadores
financieros. Sin embargo, se mostraron dispuestos a criticar la supuesta falta
de vocación negociadora de nuestro gobierno. Eso sí, evitando difundir como se
gestó la presente deuda y en qué condiciones; no sea cosa los argentinos
recuerden repentinamente el apoyo brindado por los medios a la firma de un
endeudamiento leonino.
Bien lo señaló el actual ministro de economía, Axel
Kiciloff, “los buitres son buitres”. Pues, si su metodología es la de adquirir
bonos defaulteados a valores
insignificantes, para luego, reclamar en un tribunal internacional el cobro de
los mismos a valores nominales más sus intereses; porqué van a sentarse a una
negociación. Si precisamente ese es su negocio.
Son estafadores (por no mencionar otro término) natos, se
abusan de los tenedores de esos bonos porque se los adquieren a precios
irrisorios y luego, se abusan de los Estados endeudados exigiendo el pago de
los mismos en forma integral. Su lógica no responde a intenciones negociadoras;
por el contrario, su comportamiento se ajusta a tentativas depredadoras. Claro
que para que el acto depredador tenga lugar, es preciso que existan cómplices locales
que faciliten (o mejor dicho, que hayan facilitado) “acuerdos de endeudamiento”
que terminen poniendo de rodillas a nuestra nación.
Eso es lo que hicieron oportunamente los señores que
posibilitaron llegar a semejante situación, no solo endeudando al país en
condiciones excesivamente perjudiciales; sino posibilitando a su vez que ante
un conflicto entre las partes los tribunales ante los que debía dirimirse el
mismo, debían ser los de EEUU y no los tribunales nacionales. Lo que implica,
lisa y llanamente, un modo de abdicar nuestro poder soberano como nación.
Claro que no podíamos esperar otra cosa de los protagonistas
de entonces: Cavallo, Sturzenegger, Redrado -por citar solo unos pocos- qué
ahora, encima tienen el tupé de venir a hablar como debe desarrollarse la “negociación”
ante el desvaído Juez. Son esas cosas que irritan; pues, los mismos que convalidaron el despojo cuando eran
funcionarios firmando acuerdos desventajosos para nuestro país; nos vienen a
dar “cátedra” sobre lo que debemos hacer.
Párrafo aparte merece como de costumbre, Ricardo Alfonsín,
quien sostuvo en Infobae TV: "Hicieron
todo lo que tuvieron que hacer para no tener un fallo favorable. No sé qué es
lo que hay que hacer, pero sí estoy seguro de que lo que hicieron no fue lo más
adecuado".
Si uno lee detenidamente estas expresiones, no sabe si reírse o
alarmarse por la clase de miembros que posee la oposición política argentina. Si
no sabe lo que hay que hacer, como puede juzgar que lo que se hizo es lo más
inadecuado. A esta altura podemos comprender porqué, el radicalismo se ha
convertido en un partido mediocre que expresa una suerte de neoliberalismo “atenuado”
traicionando los viejos principios yrigoyenistas.
Es mucho más coherente la postura del PRO que no expresa
medias tintas en lo que a concepción neoliberal se refiere, y que a juzgar por su líder, Mauricio Macri,
debemos hacer “lo que el Juez Griesa decida”. Bueno, no por casualidad la
diputada del Pro, Laura Alonso, es co-fundadora de la filial de la ONG “Vital
Voices” en Argentina; cuya sede central está en los Estados Unidos y es
financiada por Paul Singer ,propietario de MNL Capital que es el fondo buitre
que nos acecha.
No hablemos de FAUnen, donde tanto Cobos, Margarita
Stolbizer, como “el socialista” Binner
cuestionaron la “prepotencia discursiva” del gobierno argentino para con el
Juez Griesa. Sin reparar en la inequidad del fallo.
Es curioso, que estos mismos personajes no hayan cuestionado
el denominado “blindaje” o el “megacanje”
oportunamente y, en cambio, sí cuestionen las expresiones del gobierno tendientes a reivindicar
la soberanía nacional.
También llama la atención que ninguno de los opositores haya
cuestionado el accionar de la justicia local que dejó que prescriba
recientemente la causa del “megacanje” que tanto daño le ocasionó y, como vemos
sigue ocasionando, a nuestra nación. Evidentemente, la cifra del perjuicio
parece ser insignificante, pues, apenas rondó en un poco más de 53.000 millones
de dólares. Tal vez por eso los medios estén más preocupados en la
investigación del “tráfico de influencia” de Boudou que, en ocuparse de una
causa que hipotecó el futuro del país y que al parecer algunos dejaron que
prescribiera.
Lo cierto es que, al
parecer, a algunos argentinos les resulta simpática la posición adoptada por el
juez americano, que no cesa de proteger a los buitres. Tal vez en un futuro no
muy lejano, muchos propongan construir una reserva para estas “aves rapaces”
que gustan desplegar sus alas bajo los vientos neoliberales.
Excelente, como siempre!!!
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