Los jueces y la igualdad ante la ley

 

A primera vista, en el ámbito del Poder Judicial argentino el inicio del año 2013 no parece traer vientos de cambio. La misma Cámara Civil y Comercial que el año pasado se tornó en la muralla de protección del “Gran Multimedio Argentino” (Clarín), evitando que éste se ajuste a las disposiciones de una ley sancionada por el Congreso, cautelar mediante; ahora concedió una medida cautelar en beneficio de la Sociedad Rural evitando con ello la recuperación, por parte del Estado Nacional, del predio palermitano. Adquirido al Estado, vale recordarlo, a un precio irrisorio en 1991 por la entidad rural.

Es verdaderamente sorprendente observar cómo, sin ruborizarse, el fuero Civil se arroga automáticamente una decisión que, en principio, corresponde al fuero Contencioso-Administrativo; ya que lo que se está dejando sin efecto es una decisión del Poder Ejecutivo.  No obstante, lo que causa mayor estupor es que, mientras tanto, en el fuero federal penal se esté desarrollando, desde hace años, una causa  que tiene como imputados al ex ministro de economía, Domingo F. Cavallo  y al ex titular de la Sociedad Rural por haber participado en la venta “a precio vil” del predio de Palermo.

Si a esto le añadimos los respectivos informes de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde se cuestionó “la venta realizada” bajo el mandato del ex presidente Menem; cuesta aceptar la procedencia de una cautelar. Recordemos que las medidas cautelares son dictadas inaudita parte, es decir, sin escuchar a la persona (en el caso el Estado) que se verá afectada por la medida; de ahí que el derecho invocado por el beneficiado con la medida debe tener altos signos de verosimilitud para que los jueces contemplen su pedido. Resulta cuando menos difícil imaginarnos el derecho que asiste a una entidad donde tanto en el ámbito judicial, como en la esfera administrativa han quedado evidenciadas una serie de irregularidades; si hasta en el ámbito obligacional y contractual no han cumplido con las condiciones acordadas, en la irregular adquisición, durante la transferencia del predio.

Lo cierto, es que los integrantes de la Cámara en cuestión siguen “administrando justicia” en función de criterios muy particulares. Hecho éste que nos hace sospechar sobremanera, respecto de su “independencia” de los poderes fácticos y, obviamente,  la demostrada asistencia (de la mayoría de sus miembros, con todos sus gastos pagos) a los cursos brindados, en Miami, oportunamente por una ONG de estrechos vínculos con el “gran multimedio argentino”, nos hace dudar aún más de la supuesta imparcialidad de sus decisiones.

Párrafo aparte merece, como es de costumbre, la actitud de “ la dirigencia opositora” que sigue exponiendo no solo su mediocridad; sino que termina dejando a las claras que intereses representa. Que por cierto, no son los intereses del Estado; sino de toda expresión corporativa existente en el país.

Llegan al extremo de justificar una venta perjudicial para el patrimonio del Estado, en aras de defender a la Sociedad Rural; algunos como Ocaña y Bullrich expresando, inclusive, un profundo desconocimiento del derecho.

Por suerte, una buena franja de miembros de la justicia ha reaccionado en estos días y convocado a la realización de un primer encuentro “Hacia una justicia legítima”, hecho éste que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional  los días 27 y 28 de febrero próximo.

Frente a tan oscuro panorama, que alrededor de 600 firmantes del ámbito judicial convoquen a discutir la democratización de la justicia es un evento sumamente alentador para dar un primer paso en vistas de alcanzar un acercamiento con lo que la sociedad reclama.

Tal vez, y de ese modo, con el tiempo logremos que aquel principio consagrado constitucionalmente en el art.16 de nuestra Carta Magna:  “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley……” deje de ser una expresión cuasi abstracta, para convertirse en una realidad concreta.

La igualdad, entre otras cosas, implica que no se establezcan excepciones o privilegios y que se trate a todos del mismo modo en iguales situaciones. No hace falta imaginarnos que sucedería si un ciudadano común adquiriese algo “irregularmente”,  no cancelara su deuda hipotecaria o no se ajustase a la ley vigente. 
Las corporaciones, nos guste o no, también son personas jurídicas y nadie lo ignora, el problema es que para algunos “administradores de justicia” ellas suelen gozar de mayores derechos que los que nos corresponden a los individuos “de carne y hueso”, es decir, a las personas físicas.

Las batallas judiciales y un gobierno que se consolida

  

La vorágine política suele no dar tregua en el desarrollo de los acontecimientos del siglo XXI; es tal la dinámica de los mismos que, a diario, nos encontramos –y esto, merced a la velocidad de la información- con sucesos que nos sorprenden; sin haber terminado de digerir aun aquellos que, hasta entonces, parecían ser los destinados a acaparar toda nuestra atención.

Lo cierto es que, esto acontece en todas las sociedades del mundo moderno y la nuestra está lejos de convertirse en una excepción. Tanto es así que a lo largo de estos últimos días, los argentinos, hemos asistido a una serie de hechos que, en primera instancia, parecían presagiar un futuro poco alentador para nuestro país.  Claro que esta “percepción generalizada” se desarrolló en el ámbito de la realidad virtual creada artificiosamente por los medios de comunicación masiva; ya que los hechos –en el terreno de la realidad concreta- demostraron que los presagios apocalípticos solo eran fruto de la versión mediática. Específicamente, han sido los medios quienes se encargaron de predecir:

1º Que la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Ghana, donde disponía el embargo de la emblemática Fragata Libertad, en favor de una demanda interpuesta por los conocidos “fondos buitres”, era el preanuncio de un oscuro panorama para la economía de nuestro país.

2º Que en virtud del fallo del juez norteamericano, Thomas Griesa , exigiendo que la Argentina abone a los tenedores de títulos de deuda –para el caso, los holdout  o “fondos buitres”, que no quisieron ingresar en la reestructuración realizada oportunamente- la totalidad de la misma y conforme a los valores nominales, podría acarrear el default de nuestra nación.

3º Que el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández había recibido un traspié en el plano judicial por la decisión de la Cámara Civil y Comercial que, contradiciendo la exhortación de la Corte Suprema, prorrogó la medida cautelar en beneficio del grupo mediático Clarín, impidiendo con ello la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Estos hechos sobredimensionados por la “oposición mediática” y de los que se hicieron eco la totalidad de los “dirigentes” políticos opositores -que una vez más han demostrado actuar de conformidad con las directrices trazadas por el gran multimedio “argentino”- generaron un clima medianamente perturbador que, al calor de la movilización opositora del 8N, hizo presuponer a algunos de los “periodistas independientes” que el gobierno nacional  comenzaba a trastabillar y, en consecuencia, a perder confiabilidad en vastas franjas de la sociedad argentina. 

Lo cierto es que, semejante análisis basado exclusivamente en “el deseo opositor” terminó, como era lógico esperar, desvaneciéndose con los hechos.

Así, la presentación efectuada por la Cancillería Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que deje sin efecto el embargo realizado sobre una embarcación de guerra, como lo es la Fragata Libertad,  fue acogida por los magistrados quienes ordenaron la liberación inmediata de la misma.

En otro plano, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso dejar en suspenso la decisión del  juez Griesa (decisión ésta fundada más en apreciaciones políticas que jurídicas), evitando de ese modo que la Argentina se viera obligada a desembolsar injustamente U$S 1.300.000 antes de fin de año. No obstante, resultó verdaderamente sorprendente observar como muchos opositores periodísticos y políticos no podían ocultar su alegría ante la arbitrariedad de una medida que ponía en jaque la situación económica del país. Curiosa manera de ser “argentinos”.

Y para finalizar, en el plano judicial local, el juez Horacio Alfonso sentenció que ninguno de los artículos cuestionados por el Grupo Clarín respecto de la LSCA podían ser calificados de inconstitucional, ni ocasionaban perjuicio patrimonial alguno. Poniendo fín, de esa manera, a la perpetuación de las cautelares.

Si bien es cierto que, posteriormente, dio lugar a la apelación formulada por el multimedio y la decisión final ya se halla en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Como vemos algunas cuestiones políticas “se han tornado judiciables”, a pesar que el Derecho Constitucional enseñe otra cosa. Sin embargo, y más allá de las dificultades que esto acarrea, como suele decir el proverbio popular: “No hay mal que por bien no venga”. Pues, los conflictos surgidos entre el gobierno y algunos miembros del Poder  Judicial han puesto en evidencia que detrás de la “inmaculada imagen de la justicia”, suele haber más manchas de las que uno supone.

Si a esto le añadimos el cuestionado fallo de la Sala II del Tribunal Tucumano en el denominado caso “Marita Veron”, es fácil formular la necesidad de emprender sin postergaciones una profunda reforma en el ámbito del Poder Judicial.

Dejando de lado “las batallas judiciales” donde en forma lenta, pero ininterrumpida, el gobierno viene cosechando logros; no deja de ser auspicioso –ya entrando en el terreno económico- el cierre de un año con un superávit comercial que ronda los 12 mil millones de dólares. Cifra ésta  nada despreciable si tenemos en cuenta la gravedad de la crisis internacional.  Por otra parte, el anuncio de la Cepal presagiando un crecimiento del 3,5 de nuestro PBI para el 2013, nos hace prever un escenario mejor para nuestra economía y, obviamente, para toda la región.  

Y para culminar, la reciente convocatoria festejando los 29 años de democracia, pusieron de manifiesto que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue contando de un amplio respaldo popular que echa por tierra la “ilegitimidad de gestión” a la que hace alusión el ultraconservador director del diario “La Nación”, don Bartolomé Mitre. 

El gobierno al igual que la mayoría de los bienvenidos “mandatarios populistas” de Latinoamérica no solo goza de una incuestionable legitimidad de origen; sino de una mayor legitimidad de ejercicio, por mal que les pese a los agoreros medios opositores.

La vocación monopolizadora, la buena fe y la eterna inmunidad

 

 

Nadie desconoce que la lógica del capital tiene como norte la maximización de las ganancias. Cualquier otro propósito que se aparte del objetivo en cuestión es, sin lugar a dudas, una medida que trasciende el marco de la actividad económica-comercial.

Es cierto también que una empresa puede apelar, deliberadamente, a métodos reñidos con la ética comercial a los efectos de captar, en el futuro, una porción más amplia del mercado.

Un caso extremo ocurre cuando una compañía -en virtud de su capacidad financiera- vende a precios muy bajos (prácticamente al costo) los productos que fabrica; con la deliberada intención de hacer “tambalear” a las empresas competidoras hasta colocarlas en situaciones de extrema vulnerabilidad. De tal manera que, los propietarios de estas últimas se vean obligados: o bien a vender la fábrica o, en su defecto, a cesar definitivamente en la actividad productiva por no poder sostenerse.  Esa “pérdida programada”, arrojará con el tiempo un exorbitante beneficio para la empresa impulsora  de dicha práctica -ya que, muy probablemente se tornará monopólica- y reducirá, como es obvio, a la mínima expresión los espacios de comercialización de los “competidores que sobrevivan”.

El problema que, en apariencia, parece reducirse a una simple disputa inter-empresarial,  tiene sus nefastas consecuencias sobre los actuales y futuros adquirentes del producto fabricado que, al depender de un solo fabricante, quedarán a merced de la voracidad comercial de la flamante empresa monopólica. Una metodología similar es la que, al parecer, utilizó el gran multimedio argentino que fue absorbiendo una diversidad de empresas operadoras de televisión por cable, hasta tornarse monopólica; pues, para lograr su propósito contó con un elemento estratégico: la posesión exclusiva de la transmisión de los partidos de fútbol. Es dable recordar que ni siquiera los goles de la jornada podían proyectarse en otra emisora (durante los días de competencia) que no fuese la de ellos.

Una vez obtenido tamaño privilegio, mediante un convenio signado con la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), el multimedio determinaba que operador de cable podía retransmitir los eventos deportivos y quiénes no. Claro que, las condiciones pactadas terminaban debilitando al pequeño operador que tenía que ajustarse a los requerimientos materiales del multimedio y soportar las consecuencias (sean éstas de asociarse o vender) de lo que en derecho se conoce como “el abuso de posición dominante”.

 La ausencia de competidores, lograda por estos mecanismos, trae por añadidura ingentes beneficios -sin referirnos, en esta ocasión a la construcción del "sentido común". Ver para ello notas anteriores- a los “emperadores del mercado”, quienes como los antiguos monarcas (solo que éstos, lo hacían con los tributos) disponen los precios de sus productos y/o sus servicios, absolutamente, a piacere.

En cambio, garantizando la pluralidad de oferentes la situación se revierte y “el monarca” ya no puede disponer a gusto de su irrefrenable apetencia.

Un claro ejemplo lo hemos visto en estos días, en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa). Tras obtener su licencia como operadora de televisión por cable la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE), en solo 15 días incorporó 3.000 clientes que eran de Cablevisión; es decir, 200 clientes por día. Vale la pena mencionar que Cablevisión era (como lo fue en otras regiones) la única operadora de cable que operaba en esa jurisdicción. Pero ahora, y gracias a la ley de servicios de comunicación audiovisual, no solo deberán adecuar sus tarifas ante la competencia; sino que se podrá escuchar en la región otras voces que no respondan, a rajatabla, a la versión interesada del multimedio.

Por otra parte, y hablando de Cablevisión, el accionista minoritario (Fintech Advisory Inc.) que posee el 40% del paquete accionario de la empresa, en palabras de su presidente, el mexicano David Martínez, sostuvo: “Yo quiero hacer buenos negocios, si Clarín quiere disputar poder con un gobierno, que se convierta en un partido político. No cumplir la ley es un pésimo negocio, aquí y en cualquier lugar del mundo, para los inversores de buena fe como los que yo represento" (ver nota de Roberto Caballero. Tiempo Argentino 6/12/12).

Es verdaderamente relevante las afirmaciones del empresario mexicano que ajustándose a la lógica del capital hace inversiones para ganar dinero y no para confrontar directamente con un gobierno. 

Esto, no solo, deja al desnudo cual es el propósito de Clarín; sino que a su vez está reconociendo, de alguna manera, que el grupo con el que se ha asociado “no quiere cumplir la ley". Claro que, al parecer hay jueces que no perciben la vocación de incumplimiento y continúan brindando "cautelares" al grupo. Ni siquiera tienen en cuenta la sugerencia que Martinez esbozó: "que constituyan un partido político para disputar el poder". 

Y aquí resulta por demás creíble aquella anécdota que "Chiche" Gelblung contó en un programa de TV; cuando haciendo referencia a la presidencia de Menem y, en una conversación que éste mantuvo con el actual CEO de Clarín; el ex presidente para atemperar los reclamos formulados por el director-empresario le dijo: "Pero usted lo que pretende es estar en mi lugar". Es decir ser Presidente de la República; a lo que el directivo respondió:   "No, ese es un puesto menor".  

Y al parecer, tenía razón; venimos observando que ni siquiera un gobierno puede forzarlo a cumplir la ley.

Más allá de la anécdota, lo cierto es que ahora en otros términos lo está planteando un socio comercial del grupo.Es decir, no lo está pronunciando precisamente un funcionario de gobierno, ni tampoco un argentino que pudiese verter opiniones políticas en relación a su país; por el contrario, lo expresa un extranjero que es socio de Clarín y que dice representar a los inversores de buena fe. 

¿Dónde se ubican los inversores de mala fe? Bueno, si no queremos inferirlo deberíamos preguntárselo al Sr Martínez.

Y hablando de buena fe. 

Es interesante observar el fragmento de la nota que reproducimos al comienzo de este artículo. Y como se manipulan los títulos -imagine usted cual es el propósito- para que el lector "compre" informaciones distorsionadas.Si bien, la maleabilidad de estas encuestas y "la veracidad" de las mismas nos llevan indefectiblemente a asociarlas con los tradicionales mitos urbanos.

¿Acaso es de buena fe decir que el 51% de los argentinos considera que vamos a estar peor después del 7D?

Los datos son proporcionados por la consultora “Signica” -que vale la pena señalar, no se la encuentra googleando. Hecho éste que revela su grado de seriedad.-; pero más allá de eso, y suponiendo que sea verdad que hicieron un sondeo telefónico de 1200 casos en la Capital; ¿Es posible tomar la opinión de los porteños como la de la totalidad de los argentinos? ¿Acaso la opinión de los porteños es la que configura la voluntad general de la población? 

Evidentemente no, de ahí que solo nos queda suponer que es un error de impresión o, en su defecto, un deliberado intento de publicar un título de mala fe.