Durante el acto de apertura de sesiones del Congreso de la
Nación, del pasado 1º de marzo, la presidenta de la República se preguntó en un
tramo de su alocución: “A quien le debo
creer, al Nisman de sus escritos de diciembre y comienzos de enero o al Nisman
de la denuncias sin pruebas. Ese expediente que dice Cristina Fernández de
Kirchner por encubrimiento debería decir Nisman vs. Nisman".
La mandataria hacía referencia a los escritos proporcionados
por la secretaria del fiscal, rubricado ellos a fines del año pasado y en enero
del presente año por el propio Nisman, que se hallaban guardados en la caja de
seguridad a los efectos de ser presentados oportunamente en el Consejo de
Seguridad de la ONU. En ellos no solo se elogiaba el apoyo brindado por el gobierno
argentino para el esclarecimiento de la causa AMIA, sino que además se reputaba
como una opción válida el Memorando de Entendimiento argentino-iraní con vistas
a facilitar la investigación del atentado. Evidentemente, se trata de una contradicción
flagrante que pone de manifiesto dos facetas diametralmente opuestas en el
pensamiento del fiscal.
Por otro lado, y conforme lo hemos corroborado a través de
la pantalla televisiva, durante el itinerario mediático realizado por el Dr.
Nisman los días previos a su muerte, el
fiscal intentó instalar su “controvertida” denuncia, fundamentando semejante
proceder con el argumento de que la misma era resultado de una “investigación realizada a lo largo de más
de dos años”. Investigación que,
por cierto, el juez de la causa, el Dr. Canicoba Corral, ignoraba absolutamente;
hecho éste que hubiere posibilitado el procesamiento de Nisman por
incumplimiento de los deberes de funcionario público. No obstante, la argumentación
del fiscal respecto a sus dos años de “investigación encubierta” genera fuertes
sospechas en cuanto a su veracidad. Máxime si tenemos en cuenta que, durante
ese ínterin y en cada ocasión en que se lo entrevisto o reporteo en relación
con lo referido a la causa AMIA, el
propio fiscal se deshacía en elogios hacia el gobierno por el apoyo recibido, y
en ningún momento, a lo largo de todo ese período de tiempo, insinuó sospecha
alguna sobre el accionar gubernamental. Actitud ésta que no refuerza la “veracidad”
de la denuncia.
Si a su vez, recordamos que: “Tres días antes de denunciar a la Presidenta,
el fiscal Alberto Nisman decidió ocultarle a su familia el verdadero motivo de
su regreso a Buenos Aires.Estaba en Madrid con su hija mayor, Iara. Su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado, estaba en Barcelona con la más chica, Kala. Hablaron por teléfono y él le dijo que tenía que regresar antes de lo previsto porque a su madre la operaban del codo, según la declaración testimonial que brindó Arroyo Salgado ante la fiscal que investiga la muerte de Nisman, que La Nación reconstruyó de fuentes judiciales”(1). Evidentemente, el motivo expuesto para su regreso no fue el verdadero; lo que en cierta forma extiende sobre su figura un margen de “confiabilidad” muy acotado. Pero dejemos de lado las contradicciones del extinto fiscal y vayamos a la sentencia que desestimó la insostenible acusación.
Lo cierto es que el juez Rafecas en un fallo verdaderamente incuestionable (http://es.scribd.com/doc/257030846/El-informe-completo-de-Rafecas) demuele una denuncia que no puede oponer resistencia al más precario de los procederes lógicos, ni a los más elementales principios del Derecho. Vale la pena recordar que el juez encuentra dos vertientes de acusaciones relacionadas con la supuesta figura del encubrimiento. La primera de ellas es la constitución de “La Comisión de la Verdad” y la segunda es el levantamiento de las circulares rojas por parte de Interpol.
El cuestionado Memorando establecía “la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentadas por las autoridades judiciales de la Argentina y de la República Islámica de Irán, que debía ser integrada por cinco (5) comisionados y dos (2) miembros designados por cada país, seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional. Estos no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países. Ambos países acordarán conjuntamente respecto a un jurista internacional con alto estándar moral y prestigio legal, quien actuará como presidente de la comisión”.
Dicha comisión obviamente no llegó a constituirse, pero es suficiente observar como de haber sido puesta en funcionamiento se hubiere requerido (y esto no lo sostiene el juez en la sentencia porque su función no es analizar posibilidades, sino hechos concretos) la colaboración activa de “prestigiosos juristas internacionales” -configurando una suerte de “asociación ilícita”-para proceder al encubrimiento. Sin embargo, y dejando de lado esta posibilidad, lo real es que el memorando nunca entró en vigencia. Pues, para ello se requería además de la aprobación o ratificación de los órganos relevantes de cada país, ya sea el Congreso, el Parlamento u otros cuerpos, del intercambio de notas por parte de ambos Estados informando que los requisitos internos para dicha aprobación o ratificación habían sido cumplimentados.
Respecto de la mencionada Comisión, el fiscal manifiesta en su denuncia lo siguiente:
“Otra llave que conduce a la impunidad definitiva es la efectiva actuación de la Comisión de la Verdad cuya finalidad consiste en recibir y valorar nuevas pruebas y presentar una nueva hipótesis sin iraníes como acusados, legitimando el redireccionamiento de las pesquisas. La Comisión evaluará una nueva verdad falsa, una verdad armada artificialmente por los inescrupulosos artífices de este siniestro plan…” (cfr. pagina 17, ver a si mismo fs. 60, 266 y 281 entre otras similares)
Luego de detallar esto el juez sostiene: “Ahora bien. Esta primera hipótesis delictiva, que encuadraría para el Ministerio Público fiscal, en un encubrimiento, adolece de una notoria e inevitable falla. Esa falla es la ausencia de ejecución de un delito, a partir del hecho irrefutable, de que aquél Acuerdo que contiene en su seno la conformación de la Comisión de la Verdad, nunca entro en vigencia”.
El propio Nisman en su supuesto escrito se contradice, ya que varias veces reconoce que el Acuerdo nunca entro en vigor, y por lo tanto, no produce efecto jurídico alguno. Y ante la ausencia de efectos jurídicos: ¿Que es lo que estamos imputando? Y más adelante el Dr. Rafecas se pregunta: ¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada -en este caso- a prófugos de la justicia argentina? ¿Si un acto jurídico -en este caso de Derecho Internacional- por la propia dinámica de las negociaciones y de la diplomacia entre dos Estados, finalmente queda trunco y no surte efectos -en este caso la sanción al menos formal de la Comisión de la Verdad- puede así y todo generar consecuencias jurídicas? La respuesta es no, y mucho menos en el ámbito penal.
Posteriormente el juez va fundamentando su respuesta y expresa: “la hipótesis del “plan” como se lo menciona reiteradamente en la presentación del fiscal en el peor de los casos siempre se mantuvo dentro de los actos preparatorios y de ningún modo pudo haber alcanzado lo que en el Derecho Penal se conoce como el comienzo de ejecución de un delito”.
El razonamiento del juez no deja dudas respecto de la inexistencia del delito, es más en su escrito aduce que de haber existido el más mínimo indicio de connotación delictiva (en referencia al Memorando) la Unidad Fiscal AMIA debió haber denunciado el acuerdo hace dos años, es decir a poco de sus suscripción. Nada de eso ocurrió. Lo mismo le hubiere correspondido hacer a los funcionarios de la Justicia Federal en lo Criminal que intervinieron en la acción de amparo por inconstitucionalidad del Memorando; ni el juez, ni el fiscal de Cámara, ni la propia Cámara Federal le asignaron la más mínima connotación delictiva a dicho Acuerdo. “Ante este panorama, ensayar aun así una hipótesis de delito de encubrimiento, realmente carece de todo asidero”, sostuvo el juez. Quien luego, se encargó de demoler las ya remanidas y falsas menciones a las supuestas sospechas de un eventual levantamiento de “las alertas rojas”. En consecuencia, expresó que "no hubo cambios en la situación de las órdenes de captura con alertas rojos de Interpol, y que la posición del gobierno argentino, en torno de la persistencia de la vigencia de las órdenes de captura de los prófugos iraníes, se mantuvo inconmovible desde 2007 hasta la fecha".
La sentencia del juez Rafecas es absolutamente incuestionable; sin embargo, aún subsisten energúmenos cuestionadores de la lógica. Cuyo único interés es confundir a la ciudadanía; no obstante, ya no son pocas las personas que perciben en la mentada denuncia cierto tufillo desestabilizador.
Bien lo expresó en determinado momento un referente del pensamiento alfonsinista (pensamiento que por otra parte está en vías de extinción en la UCR, gracias al deliberado aporte de los Sanz, Morales y Cobos), Leopoldo Moreau, que sostuvo: “Desgraciadamente el fiscal Nisman ya está muerto. Ahora, lo que no van a dejar morir es “la operación” que han montado con el propósito de desestabilizar al gobierno”.
Lo cierto es que a raíz de esa “desagradable sensación aromática” la población se vio compelida a salir a la calle para brindar su apoyo al gobierno que más ha hecho a lo largo de estas últimas décadas por mejorar la situación de los argentinos. Y ese respaldo no se sostuvo solo en base a criterios ideológicos, también se sostuvo en base a profundas convicciones morales que estimularon a la ciudadanía a manifestar su más absoluto rechazo a las reiteradas “operaciones” de todo orden que se vienen desarrollando con el afán de acortar los plazos del mandato de nuestra presidenta.
La sensación de hartazgo que amplias franjas de la población tienen respecto a las recurrentes maniobras desestabilizadoras es, sinceramente, inconmensurable. Indigna observar una oposición política tan inescrupulosa, que no repara en “dictar cátedra de moral” y efectuar acusaciones en los programas televisivos y después se presta a acompañar con su discurso y accionar toda clase de maniobra espúrea e inmoral.
Ahora, y procurando reanimar la “operación”, algunos de ellos se aferran al informe pericial de la querella en un claro intento de seguir confundiendo a aquel sector de la ciudadanía que tiene obstaculizada sus “fosas nasales” y no puede percibir el aroma desestabilizador.
Es muy probable que a la ex esposa del fiscal la mueva el dolor; no obstante, el hecho de efectuar una conferencia de prensa sentando hipótesis excluyentes (como es el caso de un homicidio, sin estar aun comprobado científicamente) y descartando de ese modo toda otra línea de investigación, cuando menos no habla muy bien de su formación profesional. Su oportuno pedido de moderación a los medios para no entorpecer la investigación, desde un comienzo, nos pareció verdaderamente atinado; sin embargo, la realización de conferencias de prensa con afirmaciones categóricas contrasta notoriamente con los criterios de prudencia exigidos para el caso.
Más allá de que algunos criminólogos han salido a cuestionar las afirmaciones del mencionado informe, lo correcto, y eso lo sabe muy bien la jueza Arroyo Salgado, es dejar trabajar sin ningún tipo de presiones a la fiscal que impulsa la investigación. Obviamente, no se puede pedir equidistancia cuando los afectos se ven involucrados; pero un buen juez sabe minimizar el embate de los sentimientos para que no entorpezcan el criterio.
Aun así lo reprochable obviamente no es la actitud de los familiares; sino la de los especuladores de turno que se sirven de cualquier circunstancia para distorsionar la realidad y efectuar acusaciones infundadas. Lamentablemente en un año electoral los especuladores, como suele acontecer, se potencian. Sin embargo, estos inescrupulosos subestiman, a nuestro juicio, el logro más relevante de éste gobierno, y que consiste en que a una significativa franja de la población -y muy especialmente a los jóvenes- les enseño a mirar más allá de las apariencias.
La imponente movilización que se realizó el domingo pasado en apoyo a la presidenta Cristina Fernández corrobora lo que estamos diciendo. Y, sin duda, es la herramienta más eficaz para frustrar los turbios deseos de los inescrupulosos.
(1)
La Nación,
31/01/2015
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