Cierta vez, Juliano, emperador de Roma, mando a llamar a uno
de sus gobernadores para que respondiese por delitos que se le imputaban. Este
negó todos los cargos y no habló más. El fiscal Delfidio frente al emperador
exclamó: `Pero Ilustre César, si basta negar ¿Dónde habrá en adelante un
culpable?’. Juliano lo miró sin inmutarse y expresó: `Pero Delfidio, si basta
con acusar, ¿Dónde habrá en adelante un inocente?’ (1)
La anécdota del emperador Juliano, el Apóstata, es del siglo
IV; sin embargo, sería saludable que algunos referentes del periodismo local
sacaran provecho de sus enseñanzas.
Lo que acontece en la
Argentina actual es un claro contraste con el proceder racional que se
requiere en estas cuestiones; donde buena parte del “periodismo independiente”,
en aras de defender los intereses de los grandes grupos
mediáticos, han salido a desparramar sospechas -la mayoría de ellas sin
sustento- no solo contra funcionarios del gobierno actual; sino contra
periodistas (ej. Víctor H. Morales), actores (Federico Lupi), luchadores
sociales (Susana Trimarco) y todo aquel que simpatice o apruebe públicamente la
política gubernamental.
Nada de malo habría si los denunciantes aportaran pruebas
sólidas para la investigación de los hechos; el problema radica en que se
vierten acusaciones infundadas (esto es, sin el más mínimo elemento probatorio)
con el solo propósito de corroer la imagen de un gobierno (y de paso la de sus
simpatizantes más afamados) que osó atentar contra los intereses de los grupos
mediáticos dominantes.
Es paradójico observar como estos representantes del periodismo independiente no han
realizado una sola investigación -por el contrario, guardaron un silencio
revelador- ante hechos claramente documentados y con pruebas más que
fehacientes de los delitos cometidos contra el sistema de aporte jubilatorio de
los trabajadores argentinos. Procederes que causaron un perjuicio que ronda en
133 millones de dólares y donde uno de los imputados directos es el Grupo
Clarín.
Tampoco se han encargado de desarrollar investigación alguna
-en otra de las causas donde abundan los elementos de prueba- respecto de la
apropiación indebida de acciones de la empresa Papel Prensa. Quizá porque el
mismo grupo en cuestión aparece involucrado en los mencionados hechos.
Son los mismos periodistas que ante las sospechas de fuga de
divisas del contratante de sus servicios (Grupo Clarín) miran para otro lado buscando
a quien acusar para instalar la sospecha en terreno ajeno. No estaría mal que
denuncien si lo hiciesen de buena fe; lo malo es que lo hagan sin sustento y
con el fin de desdibujar la imagen de un gobierno que intenta ponerle un freno a sus
privilegios. No por casualidad, de la solidez de las causas por las cuales se
encuentra procesado el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, jamás se habla
en los programas de estos denunciadores a sueldo. Obviamente, el mismo Macri ya se encargó de anunciar que, de llegar al
poder, suprimiría el Futbol para Todos (restituyéndole a Clarín su fabuloso negocio), anularía
la ley de medios y hasta retornaría al sistema privado de jubilaciones y pensiones (AFJP).
Lo concreto es que las denuncias sin fundamento no solo
procuran instalar un clima de descreimiento generalizado; sino que, a su vez
instalan, sobre “las mentes ciudadanas”, la sensación de que en este país nunca
pasa nada. Y es lógico que no pase, si
"la altisonante denuncia" no se sostiene con pruebas.
Entonces después, apelan al viejo artilugio: “revertir la
carga de la prueba”. De modo tal que, cuando
los medios denuncian, el denunciado debe aportar elementos para reputarse
inocente. La lógica constitucional nos enseña lo contrario; pero para los
medios, la Constitución solo se tiene en cuenta cuando coincide con sus
intereses.
Así, vemos como “los moralizadores de turno” -es decir, los
que se encargan de la moral ajena, sin reparar en la propia- no tienen pruritos
en deformar la realidad y fomentar el desánimo en una franja de nuestro pueblo.
No se ocupan de su “ser moral”, esto es, de sus propios deberes u obligaciones,
ya que para ellos todo está permitido.
Y, como todo está permitido, denuncian mediáticamente lo que
quieren; porque conocen la vieja expresión de Honore de Balzac: “La gente
termina siempre por condenar a los que acusa”.
Así, por ejemplo, se acusó al Vicepresidente Amado Boudou de
tráfico de influencia (Ciccone Calcográfica) sobre la base de un supuesto
contrato de locación que no tiene relación directa con la causa. Y que de no
aparecer algún elemento probatorio (que por el momento no se ha ofrecido) que corroboré
la mentada denuncia quedará, como es obvio, en la nada. Sin embargo, el
propósito ya fue alcanzado, concretamente, dejar fuera de carrera -en virtud de
la sospecha- al mencionado vicepresidente para una presunta sucesión.
Por otro lado, el denunciante profesional, cada vez más
ridículo, Jorge Lanata (vale recordarlo, otrora denunciante contra Clarín,
ahora denunciante del Grupo) lo acusó recientemente de viajar a Carmelo
(Uruguay) sin pasar por migraciones.
Comenzó su “show periodístico” televisivo diciendo:
“Atención Tribunales, viajo Boudou. Atención a la Justicia que está
investigando a Boudou: por favor pregunten el viernes pasado entre las 11 y las
14 hs a donde fue Amado. Sabemos que fue a Carmelo y con dos bolsos”.
Como si llevar dos bolsos es sinónimo de delito. ¡¡La cantidad de bolsos con los que habrán viajado quienes fugaron del pais 160.000 millones de dólares!! La verdad, es que argumento tan ridículo raya (o se superpone) con la imbecilidad.
Es que denuncias tan absurdas ya son una ofensa a la inteligencia
de sus televidentes; sin embargo, algunos de ellos todavía lo siguen con
atención. Pero no solo eso, al parecer uno de sus televidentes,“un dirigente” que aspira -y aspiró- a la
presidencia de la Nación, haciéndose eco de la “denuncia”, comenzó su acto
político portando un bolso en la mano y diciendo “acá un funcionario se lleva
escuelas, hospitales y patrulleros”.
Que la sonsera pueda ser contagiosa, es muy probable en
ciertos y determinados casos; ahora que un aspirante a presidente de la
república se preste a multiplicarla, ya es demasiado.
Para peor, ni el denunciante “desinteresado”, ni Ricardo
Alfonsín, se enteraron que el viernes
pasado a la hora señalada, el Vicepresidente Boudou estaba en la Cámara de
Senadores homenajeando al ex presidente de la República de Brasil, Luiz Inácio
“lula” Da Silva.
Pero el show de las denuncias sigue su curso y no repara en
manchar a todo lo que se le cruce, así se intentó “ensuciar” la labor de Susana Trimarco (madre de la joven
secuestrada y obligada a prostituirse) en su lucha contra las trata de
personas; aduciendo, el mismo Jorge Lanata, que no sabía que hacía con los
fondos que recibe la fundación que la Sra. Trimarco dirige.
Gracias al desempeño de dicha fundación se han rescatado 1200
mujeres cautivas que se hallaban reducidas a la condición de servidumbre; pero claro eso no se difunde en estos medios. Quizá porqué
el periodista cuestione, off the record, la prohibición de la oferta sexual
mediante avisos clasificados dispuesta por el gobierno; otrora interesante
fuente de ingresos del Grupo para quien trabaja.
No obstante, eso no le da derecho a proferir dichos que no se
corresponden con la verdad; como cuando mendazmente sostuvo “que la casa de
Susana Trimarco se la obsequio el gobernador de Tucuman”, infiriendo de ese
modo, el porqué de su apoyo al gobierno
nacional.
Como vemos la lógica desarrollada por los medios de
comunicación con la colaboración incondicional de “los periodistas
independientes” (obviamente, a cambio de considerables sumas por sus servicios)
ya alcanza altos ribetes de irracionalidad. Todo vale al momento de
desprestigiar al gobierno; el mismo procedimiento que se utilizó en los 90 para
desprestigiar al Estado y emprender con “el consentimiento” –manipulado, por
cierto- de la población, el proceso privatizador en la Argentina.
Hoy el propósito es evitar que el gobierno aplique en su
plenitud la ley de medios; ya que la oposición en alianza tácita (aunque para muchos es evidente) con los Grupos
Mediáticos Hegemónicos ha decidido retirarla de nuestra legislación en caso de
llegar al poder.
Basta recordar que la ley de medios audiovisuales fue
aprobada a fines del 2009, mediante una sucesión de cautelares se fue demorando
su entrada en vigor. La Corte Suprema de Justicia había dispuesto que el 7 de diciembre del 2012 vencía el plazo para
la finalización de la medida cautelar. Habiendo determinado el Tribunal la
constitucionalidad de la Ley, el Grupo Clarín apeló la sentencia ante la Cámara
Federal en lo Civil y Comercial (curiosamente, la misma Cámara que consintió
las cautelares) declaró la inconstitucionalidad de dos artículos en un fallo
vergonzoso. Todavía falta que la Corte
se expida al respecto. Mientras tanto los “mercenarios
del periodismo”, eso sí: “absolutamente
independientes”, apelan a toda clase de recursos, entre ellos las falsas denuncias o denuncias
sin pruebas, para que el Gran Monopolio Argentino siga gozando de sus
privilegios.
(1) El Proceso Penal (María Carmiña)
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