La Cámpora, Voltaire y los innombrables

         

El célebre Voltaire expresó la conocida frase que dice: “Si Dios no existiera habría que inventarlo”. El motivo de semejante expresión posibilitó una multiplicidad de interpretaciones respecto de  porqué esa necesidad, en el supuesto caso de ausencia, de crear la mencionada deidad. Algunos sugerían que “esa invención” es la que da lugar a la esperanza en el más allá y, de esa forma, el hombre no padecería la angustia de saberse parte de la nada; otros aducían que el temor “al castigo divino” operaría como un freno en el proceder de los hombres sin escrúpulos, de ahí la necesariedad; otros sostenían que la presunción de la existencia divina posibilitaría, de algún modo, imponer sobre los hombres un conjunto de valores que facilitáse la coexistencia humana sin dañarse los unos a los otros.
Obviamente, estas dos últimas hipótesis se desvanecen con solo contemplar los acontecimientos históricos o, en su defecto, los hechos de actualidad que se desarrollan -o que se desarrollaron- en nuestro planeta a lo largo de los tiempos. Precisamente, el fanatismo religioso, del signo que fuere, ha sido ( y lo sigue siendo) factor determinante en materia de acumulación de víctimas humanas.  Ya que para algunos grupos la convicción religiosa ha sido una verdadera fuente de legitimación para justificar grandes “sacrificios humanos” y, es preciso recordarlo, no han sido pocas las veces en que esa extrema identidad religiosa ha estado asociada con una exacerbada identidad étnica.

Lo cierto es que, invento o no, los hombres han manipulado muchas veces la imagen de Dios para desencadenar acciones afines a sus intereses.

Pero lo mismo aconteció -y acontece- con la figura de su presunto enemigo, conocido como Satanás; si bien es dable reconocer que esta figura cobra preponderancia recién a partir del siglo XIII, cuando irrumpe en la escenografía mística la terrorífica figura del “purgatorio”. Estadío éste en donde las almas purgaban sus “impurezas” antes de acceder a ese anhelado y placentero lugar de descanso denominado “Paraíso”.

Claro que la purificación no estaba desprovista de suplicios; por el contrario, los espíritus que allí se alojaban debían soportar las mas despiadadas atrocidades a efecto de liberarse de sus pecados, en un ámbito dirigido por el mismísimo Diablo.
No obstante, en aquél entonces, el Vaticano se las ingenió para evitar el sufrimiento de una pluralidad de almas e instituyó el “benéfico” mecanismo de las indulgencias. En virtud de las cuales, y previo desembolso de una sustanciosa suma de dinero, se otorgaba una suerte de “salvoconducto” que posibilitaba al alma del futuro difunto acceder al paraíso sin la obligación de hacer escala en el temible purgatorio. Este “inteligente mecanismo”  posibilitó, sobre la base del temor, un incremento nada desdeñable en las arcas del erario (caja, como dirían ahora) privado del Vaticano.

Como vemos la expresión voltaireana fue susceptible de ser modificada a los efectos de sanear las otrora magras cuentas de los sucesores de San Pedro quienes bien pudieron decir: “Si el diablo no existiera habría que inventarlo”. Por suerte, suponemos que eso ya no acontece en el ámbito de la Iglesia Católica, y nadie que se precie de hablar con fundamento se atrevería, en el sigloXXI, a invocar la existencia del purgatorio. 

Sin embargo, y fuera de la órbita confesional; no son pocos los que todavía invocan la “existencia” de lo demoníaco para sembrar temor en una franja de la ciudadanía y, paralelamente, descalificar a aquellos que, directa o indirectamente, expresen una posición antagónica a la avidez de dominación que caracteriza a ciertos sectores minoritarios. 

El método al que acuden es el de antaño, pues, simplemente se requiere cubrir con el manto de lo detestable, de lo pernicioso o de lo maléfico a toda persona o grupo de personas que por su condición, raza, credo, religión y, fundamentalmente, ideas políticas representan un obstáculo para la concreción de ciertos fines non sanctos.

Para ello hoy en día se apela a los medios de comunicación, quienes se encargan de machacar insistentemente sobre “el peligro” que acecha a la sociedad por el avance creciente de una determinado grupo de personas que por sus creencias pueden desestabilizar el sistema de relaciones de poder existentes en una sociedad.
Ocurrió, y lamentablemente, sigue -y presumimos que seguirá- ocurriendo en la acongojadora historia de la humanidad a lo largo de las distintas épocas.

Recordemos la persecución de los cristianos, que en su momento representaban un factor desestabilizador al poder del imperio. Más, posteriormente, cuando Constantino decide abrazar el culto cristiano y elevarlo a la categoría de religión oficial de Roma, la persecución se desata sobre aquellos que no aceptaban al “nuevo” Dios, es decir, los paganos.

Podríamos citar infinidad de ejemplos: la matanza y persecución de los cátaros, de los hugonotes, de los judíos, de los “díscolos” al stalinismo, de los armenios, de los palestinos, de los actuales opositores en Sudan,  de lo que paso en nuestro país hace escasos 36 años; etc., etc., etc.

No obstante, la constante en cada uno de estos ejemplos fue primero estigmatizar a los "dignos de ser perseguidos"; y, luego, “hacer creer” a la amplia franja de la población, no comprometida con esas ideas, que aquellos corporizaban la reencarnación del mal.
Ahora bien, una vez inficionada "la conciencia" de la mayoría de los habitantes con semejante discurso, la legitimación para proceder al exterminio masivo ya estaba garantizada, y con ello se salvaguardaba el sistema de poder de relaciones pre-existente; es decir, eso que tradicionalmente designamos como Status Quo.

Por suerte, en nuestro país, ese tipo de prácticas se visualizan como una mancha negra en las páginas de nuestra historia; sin embargo, existen, al parecer, algunos sectores que añoran reeditarlas. Sino, no se explica como determinados medios de comunicación se ensañan recurrentemente contra esa corriente de pensamiento kirchnerista denominada “La Cámpora”.

A ella le asignan ser portadora de todos los males; entre los cuales se encuentra el “endemoniado” atributo de la juventud; condición ésta que estimula la imaginación de desvalorizados “periodistas” (en realidad, lobbystas de grandes corporaciones) que ven en La Cámpora la representación de los temibles “jinetes del Apocalipsis”.
Curiosamente, son los mismos periodistas que, en las páginas de “La Nación” y “Clarín”, cuando ardía en llamas nuestra industria y se pauperizaba a la gran mayoría de la población nos hablaban del cálido futuro que nos tenía reservado el mágico encanto del “Libre Mercado”.

No tengo una opinión formada de “La Cámpora” ya que, en los hechos, tampoco es una estructura de “cuadros” políticos consolidados; sino simplemente una corriente interna que va buscando su cauce en la difícil topografía del peronismo. No obstante, esta lejos de infundir miedo, ni tampoco sobresale por posiciones contestarias; por el contrario, su postura de encolumnarse fielmente detrás de las decisiones gubernamentales la transforman más en una corriente de contención que de avanzada. Característica ésta que, por cierto, no es criticable; siempre y cuando se acepte en su seno la discusión y el debate dentro de un marco ideológico determinado.
Los que sí, en cambio, son de temer son precisamente los “periodistas y editorialistas” de esos grandes diarios que han dado, a lo largo de nuestra historia, sobradas muestras de intolerancia y de asociación con el poder conservador en la Argentina.

Son los mismos que brindaron cobertura informativa a la dictadura y legitimaron con sus artículos todo intento de concentrar el poder en manos de unos pocos.
Los mismos que hoy se oponen a la reforma del Banco Central porque intentan evitar que se desarrolle un sistema financiero al servicio de las necesidades del país.
Los mismos que cuestionan al gobierno por su reclamo sobre las Islas Malvinas y ven con buenos ojos la postura británica.

Los mismos que salen en defensa de Repsol YPF cuando la presidenta los cuestiona por la ausencia de inversiones para la extracción del crudo en nuestro país.
Los mismos que no vacilan en distorsionar la información para la consecución de fines más que oscuros. 

Los mismos que apelan al falso esquema de “bueno o malo” para arrogarse a si mismo los atributos de bondad, posicionando a quienes no comulgan con sus intereses en la vereda de lo diabólico. 

Los mismos que saben que el diablo no existe, pero no vacilan en inventarlo; al fin de cuentas, para ellos, todo es justificable cuando se trata de acumular poder o evitar que lo pierdan.     

Videla dixit

Si algún ciudadano que, voto mediante, hubiere brindado su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner  tuviere alguna duda respecto de las bondades del mismo; podría corroborar cuan acertada ha sido su elección con solo observar las declaraciones efectuadas por el ex dictador Videla a la revista española Cambio 16.

Debemos decir que nos sorprende esta clase de entrevistas, donde el entrevistado ni siquiera recibe preguntas “punzantes” con referencia a su inhumano proceder durante ese nefasto período histórico que azoló a la ciudadanía argentina. Y, por el contrario, se le brinda la posibilidad de explayarse ligeramente  y con mendacidad sobre un sinnúmero de temas como, por ejemplo, cuando señala que: “El proceso (en referencia al Proceso de Reorganización Nacional, eufemismo utilizado por la dictadura para denominarse a si misma) había cumplido plenamente sus objetivos. Éramos uno de los países más seguros del mundo, caminábamos en la mejor de las direcciones”.

Es notable destacar, como el periodista no se empeña en recordarle lo significativo del concepto de seguridad al que apela este deleznable sujeto, sabiendo que en el país se habían suprimido los derechos y garantías constitucionales, que cualquier transeúnte podía ser detenido por disposición de un uniformado sin más fundamento que su mero capricho; que se secuestraba y asesinaba a personas sin proceso judicial previo, es decir, negándole el derecho de defensa en juicio; que hubo centenares de niños apropiados que habiendo sido “arrancados” de su familia de origen terminaron en manos de “los amigos del proceso”; que abundan los casos denunciados de empresarios secuestrados y luego extorsionados a transferir la totalidad de su patrimonio bajo amenaza de imputarles "delitos" que podían conducirlos a su desaparición forzada; etc., etc. No obstante, y ya de por sí, la espeluznante cifra de 30.000 desaparecidos nos esta esbozando cual es el concepto de seguridad que promueve y promovió- el sangriento dictador.
Un párrafo aparte merecería analizar la dirección adoptada por el modelo económico cobijado por su Ministro de Economía, don José A. Martinez de Hoz, empeñado (al igual que su discípulo Domingo Cavallo, en aquél entonces titular del Banco Central) en empobrecer al mayor número de habitantes de nuestro querido país. Pero eso es harina de otro costal.

Más, lo ineludiblemente llamativo es que además se le escucha decir a este "señor", con referencia a la actualidad que: “En la Argentina no hay justicia sino venganza”. Es verdaderamente conmovedor, el hombre que simboliza la supresión de los derechos en un período histórico de nuestro país, nos viene a hablar, nada menos que, de Justicia.

Pero si hasta tiene el tupé de decirnos que: “Hoy la República esta desaparecida,…”.  

Si, sí, leyó bien; don Jorge R. Videla, nos habla de la desaparición (término por demás conocido por él) de la República. Alguien que concibe (y concibió) al Estado como un instrumento de represión susceptible de ser utilizado para afianzar sus intereses e imponer sus convicciones; en desmedro de la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo, nos viene a dar “cátedra” de la verdadera significación de la República.

Y como si esto no fuera suficiente, se victimiza sosteniendo que es un preso político, desconociendo u ocultando la atrocidad de los crímenes cometidos durante su mandato. 

Pero aun así, si lo fuese -que no es el caso- debería agradecer que quienes hoy gobiernan no tienen la misma “concepción republicana” que la que él esboza.

Ya que si coincidieran en ella, lo más seguro sería que, hace tiempo no podría realizar declaraciones públicas, ni privadas. ¿O acaso nos olvidamos lo que “naturalmente” les sucedía a quienes se oponían a su “republicano” régimen?

No obstante, hay que reconocerle, a este sujeto, un acto de sinceridad cuando en la segunda parte del reportaje aduce que. “Si el país cambia de rumbo, seguramente no estaríamos presos”.

Un claro ejemplo de ello es la idea de justicia expresada durante el gobierno menemista impulsor de los indultos y forjador de una Corte Suprema adicta y funcional a sus intereses políticos; y la que expresa el actual gobierno que puede jactarse de haber conformado un Tribunal Supremo de jerarquía, susceptible de ser influenciado solo por el espíritu del derecho.

Obviamente que, compartimos -aun con diferencias menores-  el rumbo impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner  y estamos convencidos que es lo mejor que le pudo haber pasado a éste país, luego de una serie de administraciones mediocres que, voluntaria o involuntariamente, lo condujeron al borde del colapso.

Si el abominable hombre de la “Junta de Represores”  califica a este gobierno de “lacra”, es porque algunos méritos tiene; entre ellos, el de reestablecer el imperio de la justicia en un país donde la habían soterrado.

Sin duda, nosotros hallamos muchísimos méritos, tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández; pero si alguien dudaba al respecto -y como bien lo destacamos al comienzo de esta nota-, las palabras de Videla son más que elocuentes para reafirmar que lo mejor que la ha pasado a la Argentina fue la llegada de los Kirchner al poder.

  

Una tragedia con orígenes remotos

La catástrofe ferroviaria acaecida en nuestro país hace escasos días pone de manifiesto una serie de irregularidades que, de no haberse producido el desgraciado hecho, hubieran permanecido ocultas hasta que un suceso de similares características las arrojara a la superficie.
Concretamente, nos referimos al conjunto de deficiencias que padece el sistema ferroviario argentino y, fundamentalmente, al deteriorado estado de las formaciones de trenes y vías de circulación que no gozan de la conservación y mantenimiento adecuado para la seguridad de los pasajeros.
El “accidente” (hoy los familiares de las víctimas nos hablan, y con razón, de “catástrofe previsible”) ocurrido el 22 de febrero es horrorosamente elocuente, con un saldo de 51 muertos y casi 700 heridos; no podemos menos que reflexionar dolorosamente sobre lo sucedido. Sin duda, es preciso determinar quienes, de una forma u otra, fueron los responsables de que semejante hecho se produzca; y para ello, es menester esperar los respectivos informes que los peritos especializados aportarán a la justicia a los efectos de ir deslindando responsabilidades.
Ahora bien, fuera del marco de las responsabilidades penales que serán determinadas por el Juez interviniente; están las responsabilidades políticas, no susceptibles de ser justiciables pero sí pasibles de ser tenidas en cuenta para comprender porque se llega a este estado de cosas.
Y aquí es necesario retrotraernos a la Argentina de finales de los años 80 y comienzos de los 90 para darnos cuenta como una medida adoptada hace décadas puede desamparar a las personas (en este caso, a los usuarios del ferrocarril) con consecuencias nefastas para su futuro.
Cuando el gobierno del Dr. Menem sancionó la conocida “Ley de Reforma del Estado”, en virtud de la cual se dio inicio al proceso de privatización de las empresas públicas, no solo se estaba sancionando una nueva ley que permitiese la transferencia de los activos públicos al sector privado; sino que se estaba estructurando un modelo de sociedad donde el Estado debía abandonar su rol de contralor, administrador y/o interventor en las diversas actividades relacionadas con la esfera económica.
En aquel entonces, el Estado fue asociado deliberadamente con el concepto de “ineficiencia”; y, por ende, no debía desarrollar servicios de índole alguna ya que de hacerlo estaba atentando contra la calidad de los mismos requerida por “la mayoría” de los usuarios.
A tal punto, llegaba la "ineptitud" del Estado que lo mejor que podía hacer según “los grandes comunicadores de la época” -opinión estimulada recurrentemente por los grandes medios independientes- era desregular todo tipo de actividad. Así se fueron transfiriendo todo tipo de servicios estatales a mano de las empresas privadas que, obviamente, hicieron pingues negocios no solo quedándose con apetitosos activos abonados a precios irrisorios; sino preservando una rentabilidad monopólica que le garantizaría suculentos dividendos a lo largo de los años. Si a esto le sumamos la ausencia de inversiones genuinas una vez que se apropiaron de dichas empresas, el despojo estatal terminó siendo absolutamente pernicioso para la población en su conjunto.
Los servicios ferroviarios no fueron una excepción de lo que estamos esbozando; cualquier televidente de aquella época recordará como se machacaba con la famosa frase “el ferrocarril da pérdida en manos del Estado”.
Uno de los tantos exégetas de la privatización del ferrocarril era nada menos que Mariano Grondona (un lobbista disfrazado de periodista) que junto a su inseparable y difunto amigo, Bernardo Neustad, pregonaron insistentemente el modelo privatizador. Y festejaron aquella famosa frase pronunciada por Carlos Saúl, cuando los trabajadores ferroviarios pretendían adoptar medidas tendientes a evitar el intencionado desmantelamiento de los servicios para luego privatizarlo, que decía: “ramal que para, ramal que cierra”.
Es indignante observar como el destacado columnista de “La Nación” responsabiliza ahora al Estado de semejante tragedia, siendo uno de los cultores de la desregulación estatal.
Pero volviendo a las responsabilidades políticas, es bueno tener presente hasta que punto se nos engañó con la dicotomía “Estado vs. Sector Privado”, o “Ineficiencia vs. Eficiencia”.
No existen dudas, que cuando el Estado tuvo a su cargo el funcionamiento de los servicios ferroviarios los trenes gozaban de un mantenimiento y conservación adecuados para seguridad de los pasajeros, aun con las injustas restricciones presupuestarias que algunos gobiernos supieron imponer a su estructura. Lo cierto es que ni el Estado era tan ineficiente como maliciosamente pretendieron hacernos creer, ni el sector privado era tan eficiente como nos lo "vendieron". Con el añadido que el Estado continuó -privatización mediante- desembolsando ingentes sumas de dinero a través de la política de subsidios para que los trenes operen con normalidad y para gratificación de los nuevos dueños.
Con esto no estamos formulando la propuesta de reestatizar los ferrocarriles; simplemente, nuestra intención es poner en evidencia hasta que punto quienes asignaban al  Estado la causa de todos nuestros males, no estaban ocultando la verdad para que unos pocos maximizaran ganancias y se promovieran en el país actividades desreguladas que ponían al desamparo al conjunto de los usuarios de los servicios públicos.
Obviamente, reflexionar sobre estos temas no va a reparar el daño causado sobre las víctimas y sus familiares y, como es lógico, poco puede importar en estos momentos hacer presunciones respecto de si este hecho hubiere ocurrido -o no- si la política de la empresa ( para el caso, TBA) no fuere diseñada por propietarios privados. Pero sí es dable interrogarnos que importante es el rol que debe desempeñar el Estado para garantizar la seguridad de sus habitantes en todos los órdenes y como determinada concepción del mismo puede incidir, directa o indirectamente, no solo sobre nuestra calidad de vida, sino sobre nuestra vida misma.
De ese modo podemos inferir que las decisiones que se adopten hoy, tendrán su repercusión a futuro. Y que sucesos en apariencia estrictamente infortunados, no son fruto de la inevitabilidad del destino; sino que se hallan remotamente concatenados con medidas que no generan el hecho en sí, pero crean las condiciones necesarias para que éste tenga lugar en el marco de las probabilidades.
De ahi que sea necesario una investigación profunda del caso en el terreno judicial sancionando a aquellos que por negligencia, impericia, culpa u omisión hayan posibilitado que esta tragedia se desencadene; pero que a su vez, se adopten las medidas políticas pertinentes para que esto no vuelva a repetirse. Máxime teniendo en cuenta que hay otra concepción imperante respecto del rol que debe desarrollar el Estado en nuestro país; y que dista mucho del Estado Ausente que pregonaban quienes hoy se hacen los distraídos.     

El crimen mediático

A finales de la década del 80 se emitía por la TV pública -en aquél entonces, ATC- un programa denominado “el monitor argentino". En el mismo se desarrollaban temas de diversa índole: actualidad, literatura, cine, teatro, etc.; sus conductores, Jorge Dorio y Martín Caparros  (este último, por entonces, con las neuronas intactas), solían encarar los mismos con cierta originalidad y sapiencia lo que despertaba determinado interés sobre el público televidente, en esos tiempos, mayoritariamente juvenil.

Recuerdo que uno de esos programas estuvo dedicado a la vida de un “notable” escritor y, a través del mismo, pudimos observar toda su biografía comentada por ambos conductores.

Así, por intermedio de la pantalla pudimos descubrir las fotos de su infancia, adolescencia y hasta de su galardonada madurez, robustecida por el prestigio literario de sus obras. Un sinnúmero de premios ad hoc, y enunciados puntillosamente por la programación, respaldaban la jerarquía del novelista.

Debo confesar que, en un principio, y como “aficionado” a la lectura me sentí atraído por el destacado programa; no obstante, sentirme más ignorante de lo que me imaginaba. Ya que en mi caso, desconocía absolutamente no solo las obras de tan ponderado escritor, sino hasta su propia existencia.

Al cierre de la programación los conductores anunciaron que en la próxima emisión íbamos a  poder contar con mucha más información del “reconocido” literato. Fue así que a la semana, me instalé firmemente ante la pantalla de TV para compensar mi ignorancia; pero notoria sorpresa me lleve cuando el mentado dúo anunció que, tanto el nombre del escritor (que mi memoria no recuerda), como sus obras, sus premios y su biografía, eran falsas porque se trato de un personaje ficticio inventado por la programación para demostrar el poder de engaño de los medios de comunicación.

Sin embargo, la productora atendiendo a la repercusión del programa y durante la semana previa a la revelación de “la verdad”, se encargó de reportear a la gente por las calles de Buenos Aires respecto del falso y afamado escritor.

Lo sorprendente fue que muchos de los reporteados durante la breve entrevista ante la pregunta: ¿Conoces al escritor…….? Respondían que sí, otros aducían haber leído sus obras, y no faltó quienes aseguraban ser seguidores desde "la publicación de su primer novela". Sin hacer mención de aquellos que, a raíz del programa, se habían lanzado a adquirir las mismas en las distintas librerías del país.

No esta en el ánimo de estas líneas (ni al alcance de su autor) desmenuzar hasta que punto los argentinos somos propensos a comprar y reproducir “mitos virtuales”; pero sí reparar hasta que punto somos “reflexivos” con los productos televisivos que nos vienen ofreciendo.

Un claro ejemplo de la imperiosa necesidad de reflexionar al respecto es lo acaecido durante el programa “Mauro 360”. En el mismo se difundió “un asalto en vivo” en el hall principal de la estación ferroviaria de Constitución. Allí una mujer era amenazada con un cuchillo exigiéndole a cambio su campera; mientras los subtítulos anunciaban: “Asalto en vivo”. Lo cierto es que el supuesto asalto era toda una “misa en escena” y “en vivos” estaban los encargados de la programación que, por una insignificante suma de dinero ($20), compraron los servicios actorales de un transeúnte con prontuario. Ahora bien, proceder de esta manera suele tener varios objetivos, a saber:

-Aumentar el rating televisivo. Las desgracias siempre despiertan la atención del televidente.

-Incrementar la sensación de inseguridad en la población. Pues, sabemos que una cosa es la inseguridad y otra, muy distinta, es la sensación de inseguridad que se potencializa sobre la “psiquis” de las personas. Con sus perniciosos efectos que se traducen luego en demandas colectivas de “soluciones que no son tales”. Como por ejemplo: aumento de niveles de represión y punibilidad que no solo no solucionan el problema sino que lo agravan porque no se atacan las causas, sino los efectos. Es muy habitual, la creencia generalizada -por otro lado, ingenua como toda creencia- de que un simple aumento de las penas reduce el delito; como si fuese suficiente cambiar un 6 por un 16 para erradicar, por ej., un determinado delito.

-Y responsabilizar al gobierno por “no estar velando por la seguridad ciudadana”. Evidentemente, incriminar al gobierno de permanecer indiferente ante “el peligro” que acecha a los ciudadanos en su vida diaria, es un modo de desgastar su imagen ante la opinión pública.
Muchas cosas ha realizado (y debe realizar más aun) este gobierno para contrarrestar la inseguridad, entre ellas: reducción del desempleo, mejoras salariales, asignación universal por hijo, incremento de la población educativa en las escuelas oficiales, etc., etc., son cuestiones que, aunque no parezcan, están íntimamente relacionadas con la seguridad.

Indudablemente, delitos de estas características (no simulados) acaecen en todas las sociedades del mundo y pretender erradicarlos definitivamente es no solo ignorar la naturaleza humana; sino también las complejidades de la vida social.

Esto no significa que no se deba reducir al máximo los índices de criminalidad existentes; por el contrario, es obligación de todo gobierno hacerlo, pero sin desconocer que son múltiples los factores que pueden despertar en un individuo su propensión a cometer delitos: sociales, culturales, económicos, familiares, educativos, y hasta propagandísticos. ¿O acaso no es obsceno estimular constantemente al consumo a aquellos sectores que solo pueden hacerlo en su imaginación? ¿Hasta que punto pueden resistir la tentación y declararse no formar parte de la legión de los consumidores?

Un párrafo aparte merecería el intentar descifrar hasta que punto también, determinados programas televisivos fomentan el rol delincuencial al ofrecerles, a quienes cometen actos delictívos, su aparición mediática con reportajes o historias respecto de "sus hazañas" que lo conducen “a la fama” mostrando su rostro en la pantalla chica para deleite de sí mismo y de sus conocidos.  

Lo cierto es que gran parte de estos temas están siendo abordados por el Estado en las diversas áreas –con mayor o menor acierto- y, como es lógico, no son susceptibles de soluciones mágicas; sin embargo, quienes motorizan esta clase de “información falaz” procuran, en última instancia, interrumpir esos avances.

Porque lo que les molesta no es la “inseguridad” sino las políticas enderezadas a mejorar la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos que va en sentido adverso al interés acumulativo de unos pocos.

De ahí que agiten el fantasma de la inseguridad, precisamente, aquellos que no anhelan resolverla; sino, por el contrario, solo se proponen instalarla para, con ese pretexto, corroer la confianza pública en aquellos gobiernos que intentan atacar las causas que la genera.  

"El Veto" Macri y los defensores de la institucionalidad

“Dime de que te jactas y te diré tus defectos” reza un antiguo proverbio árabe. Estas expresiones, si bien no gozan del atributo de la infalibilidad; pues, si condensan –como solía decir un querido amigo- siglos de sabiduría popular.

Y vaya que, no son pocas las ocasiones en las que uno puede apelar a los proverbios con relación a la vida diaria; no solo en referencia a cuestiones particulares, sino también con relación a la realidad política. Sino veamos el caso de los dirigentes PRO. Pues, basta observar las recurrentes declamaciones de los miembros de esa fuerza política liderada por el Jefe de Gobierno porteño, el “Veto” Macri,  para corroborar cuan aplicable es –en este caso- el mentado proverbio.

Si, si, son los mismos que con antelación a los comicios desarrollados el año pasado se “auto-asignaban” ser los verdaderos custodios de la institucionalidad. Según ellos, el respeto incondicional a la división de poderes y al fortalecimiento de las instituciones era (y, supuestamente, lo es)  la piedra basal sobre la que se edifica toda "la propuesta" del PRO.

Claro que, si enfocamos la mirada sobre los actos donde se reflejan los diversos procederes del “institucionalista” Macri, podemos percibir un ostensible ejercicio de la hipocresía. Ya que, el tan mentado respeto a las instituciones brilla por su ausencia; y más que respetarlas se las avasalla periódicamente.

Cualquiera podría comprobar que en la realidad, tanto “el Veto” como sus fieles seguidores son: “institucionalistas profesantes pero no practicantes”; o, en su defecto, tienen una concepción muy particular respecto del significado de la institucionalidad.

Lo cierto es que en la práctica no solo no respetan la misma; sino tampoco lo hacen con  la ley, la ética, las personas, ni siquiera con la voluntad de sus propios electores que, en última instancia, han elegido legisladores con el propósito de sancionar leyes para su ciudad que terminan siendo impugnadas por el monarca sin corona.

Ahora se entiende porque cuando Macri fue legislador no asistía, prácticamente, nunca al parlamento. Obviamente, para Mauricio “lo institucional” excluye la legislatura. Pues, por eso profesa un absoluto desprecio por la labor parlamentaria. Y de hecho, eso se percibe más notoriamente desde que se hizo cargo del ejecutivo porteño.

Pero eso sí, en su concepción, “es un defensor a ultranza de la institucionalidad y el Estado de Derecho” y, si alguien lo duda, a las pruebas me remito, a saber: procesado por escuchas “ilegales” con causas fraguadas e iniciadas  en una jurisdicción provincial, procesado por los delitos cometidos (si bien, fue absuelto recientemente) por la conocida Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP) que se encargaba de expulsar (violencia mediante) de las plazas públicas a los “sin techo”, fuerte convicción republicana exteriorizada en la designación de ministros que reivindicaban (y reivindican) gobiernos dictatoriales; inquebrantable respeto a la ley, permitiendo la adjudicación directa a empresas privadas que contraten con la administración porteña evitando los “oscuros procesos licitatorios”, o autorizando aumentos en el transporte urbano de pasajeros sin ajustarse al “engorroso” procedimiento del llamado a la Audiencia Pública requerido por la norma. Y si con lo expuesto, alguien todavía vacila del “vigor institucional” que caracteriza a los hombres y mujeres PRO; observemos la constante utilización de esa herramienta institucional, denominada, Veto. Que como bien lo destacara la Vicejefa de Gobierno, Lic. Vidal, es un atributo del poder ejecutivo previsto en nuestra Constitución. Claro que como atributo de excepción debería utilizarse razonablemente; pero lógico, tampoco vamos a tratar aquí de desmenuzar que entienden los dirigentes del PRO por "razonabilidad". Ya bastante difícil se nos hace el desentrañar su concepto de institucionalidad, como para querer descifrar otro todavía más vasto.