Alguna vez alguien dijo que “El Derecho era la voluntad de la clase dominante elevada a la categoría de ley” y, si bien hay otras
acepciones del derecho, nadie puede dejar de reconocer que cierto grado de
veracidad encierra la definición en cuestión.
Existen sobrados ejemplos que corroboran que semejante
afirmación no es para nada descabellada. Por el contrario, en nuestro país
hemos tenido períodos en donde “la voluntad de la clase dominante” era la
fuente de inspiración exclusiva para que nuestros legisladores sancionaran todo
tipo de leyes. Un breve repaso por la década de los 90 nos permitiría constatar
lo que estamos aseverando.
No obstante, y a pesar del transcurso del tiempo, esto que
parece ser un mero ejercicio de la memoria, no esta tan distante del futuro
próximo en nuestro país. Las recientes repercusiones del foro más
representativo del establishment en materia económica, nos referimos al “Coloquio
de IDEA” desarrollado en Mar del Plata, ponen de manifiesto la intencionalidad
de este sector por retornar a la Argentina
de los años noventa.
Nadie desconoce qué IDEA (Instituto para el desarrollo
empresarial de la Argentina) es la usina del neoliberalismo en nuestro país; y
que, como tal, reivindica todo lo actuado durante el reinado del “libre
mercado” instalado por el gobierno de Carlos Menem a finales del siglo XX.
Partiendo de esta premisa, no veo porqué la sorpresa que manifestaron algunos
periodistas al conocer que en el curso del mentado coloquio, al realizarse una
encuesta entre los empresarios que asistieron al mismo, donde se les preguntó
si era lícito ofrecer coimas, el 47% de ellos consideró aceptable semejante
procedimiento. Es evidente, para que exista “cohecho” deben existir dos partes:
quien la acepta y quien la ofrece. Ninguna de ellas está exenta de
responsabilidad al momento de consumar el delito; sin embargo, distintos serían
los niveles de corrupción si el número de oferentes de dádivas o sobornos no
fuese tan significativo.
Lo cierto es que, ha quedado en evidencia que una buena
franja de los adherentes a la lógica del libre mercado manifiesta un absoluto
desprecio por los valores morales. Eso sí, al momento de efectuar críticas a un
gobierno que no se ajusta a sus deseos, en forma inmediata se erigen en
paladines de la moral pública.
En línea con esta lógica, y continuando con el publicitado
coloquio, el abogado “constitucionalista” (me cuesta llamar de ese modo a
alguien que no distingue un gobierno democrático de una dictadura), Daniel
Sabsay, no reparó en diatribas
descalificantes hacia la investidura presidencial y arremetió contra el ministro de Relaciones
Exteriores al que calificó de “un ser indigno” por haber llevado adelante el
acuerdo con Irán para indagar a los acusados por el atentado a la AMIA.
Es curioso que este personaje mediático opositor se indigne
tanto contra Héctor Timerman por la firma de un convenio multilateral y no se
le mueva un pelo por las víctimas del bombardeo sistemático al pueblo palestino
de parte de un gobierno que no es el mejor ejemplo de dignidad imperante en el
mundo. Pero aun así, y dejando de lado los juicios de valor, es significativo
observar como estos personajes declaman la moral del prójimo y prescinden de
practicar la moral en primera persona.
Como vemos la práctica de la “doble moral” sigue reinando en
vastos sectores de los simpatizantes del libre mercado. Al fin de cuentas, la
medida para determinar que es “lo bueno” y que es “lo malo” -o lo que es lícito
o ilícito- no está dada por los preceptos morales; sino sencillamente por el
bolsillo.
Y hablando del “bolsillo” cuesta mucho comprender la
relación que la Corte Suprema de Justicia estableció, en su reciente decisión
de extender la medida cautelar que hace más de diez años beneficia al periódico
“La Nación” sobre un tema impositivo, con la “libertad de prensa”.
Lo concreto es que el periódico en cuestión mantiene una
deuda desde el año 2003 con el fisco y que ronda los 280 millones de pesos; sin
embargo, en virtud de una medida cautelar viene postergando su pago por más de
una década. Esto tiene su inicio en el año 2001 cuando en pleno desarrollo de
la crisis que azotó a la Argentina (y que al parecer algunos han olvidado, aunque
como es ostensible el mentado diario no olvida los decretos que se sancionaron
en aquella época por más que se hayan derogado en el 2003) el gobierno de aquél
entonces sancionó un decreto que permitió tomar los aportes patronales
efectuados sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el IVA. Para
ingresar a dicho beneficio se exigía la preservación de las fuentes laborales
(empleos) y el congelamiento del precio de tapa de los diarios y que, al
parecer, no fue cumplido en su totalidad.
Si bien algunos medios periodísticos una vez derogado el
decreto regularizaron sus deudas, otros como “La Nación” y “Perfil” se
cobijaron bajo el amparo judicial. Hecho éste que posibilitó que dichos medios
no se hagan cargo de sus obligaciones.
¿Donde habrá quedado el principio constitucional de
“igualdad ante la ley”?, es dable preguntarlo. Tal vez Sabsay pueda sugerirnos
algo al respecto; pero como “podemos apreciar” la Corte de un “gobierno
autoritario” (Sabsay dixit) respalda automáticamente las decisiones políticas.
Aun a expensas de ignorar el viejo criterio jurisprudencial de que “las cuestiones
políticas no son judiciables”.
Fuera del sarcasmo es un deber señalar que de los cinco
jueces que hoy integran la Corte, Zaffaroni se abstuvo de acompañar la decisión
y la Dra. Highton de Nolasco votó en contra de la decisión mayoritaria. Y si
bien los votos de Lorenzetti y Maqueda eran suficientes para extender la medida
cautelar; no deja de ser reprochable la actitud moral del más longevo de los
supremos, Carlos Fayt, que por razones de parentesco (es cuñado de uno de los
directores del diario) debía cuando menos inhibirse de actuar en esta decisión.
Pero, al igual que en el coloquio, las cuestiones morales son prescindentes
cuando se trata de aplicarlas por uno mismo.
Lo cierto es que la Corte consideró que: "se encuentra
en riesgo la subsistencia de distintos medios de comunicación nacionales y
locales de la República y lo resuelto causa un perjuicio irreparable, que
excede el interés individual de las partes y atañe a la comunidad en general,
en razón de su aptitud para afectar la libertad de expresión". Sinceramente,
la decisión es muy poco convincente, a excepción que se contemple desde una
perspectiva más que condescendiente con los medios dominantes. Si esto es así,
la definición del Derecho del conocido filósofo alemán del siglo XVIII está lejos de ser
un anacronismo.
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