Sin duda el retorno de los personeros del libre
mercado a la República Argentina no es una noticia más; por el
contrario, es una pesada carga –invisible para los ojos de muchos- que, en
corto período de tiempo, va a comenzar a hacer presión sobre las espaldas de la
mayoría de los argentinos. Resulta interesante observar como bajo la vigencia
del “libre mercado” se restringe, paradojalmente, la libertad de un
considerable número de personas que, inesperadamente y como por arte de magia,
verán recortado sus márgenes de autonomía.
Así por ejemplo, la puesta en práctica de las concepciones “libremercadistas
o neoliberales” cercena gradualmente la capacidad de decisión de amplias
franjas de la población (principalmente, de aquellos que dependen de un
salario), reduciendo, con ello, notoriamente sus márgenes de libertad. La
conocida frase del “zorro libre en el gallinero”, que define de algún modo la
esencia del neoliberalismo, es lo suficientemente ilustrativa para comprender
de qué estamos hablando; pues, en ese caso la situación en que se encuentran las
aves (gallinas o gallos) es “la libertad de morir indefensos”.
Algo similar, en otros términos, acontece en las economías
de “libre mercado”. En principio, es menester reconocer que la libertad de
mercado requiere ineludiblemente de la supresión de aquellas normas
regulatorias que atenten, de alguna manera, contra las decisiones
empresariales; y dentro de estas normas se encuentran, como es de prever, las
que regulan la actividad laboral. Pues, el trabajador al quedar lo suficientemente indefenso en la
relación laboral debe terminar aceptando todas y cada una de las condiciones
que su, actual o potencial, empleador exija. De ese modo, ante la evidente
disparidad de fuerzas y con un Estado ausente (o peor aún, funcional a los
intereses de determinados grupos empresariales), su espacio de “libertad”
termina circunscribiéndose a aceptar la oferta del empleador o directamente
rechazarla. Esta última opción encierra, como es obvio, la posibilidad de
quedarse sin salario, con todo lo que ello significa tanto en el ámbito
personal, familiar como el social.
Por suerte existen las asociaciones gremiales, entidades
éstas encargadas de velar por los intereses de los trabajadores; si bien, es
necesario reconocerlo, no siempre lo hacen. No obstante, y aun suponiendo que
las mentadas organizaciones no claudiquen en sus principios fundacionales (cosa
que sí ocurrió con la mayoría de ellas en la década del 90 en Argentina), es
fácil colegir que, uno de los objetivos inherentes a la dogmática
“libremercadista” es la constitución de un ejército de desocupados que sirva no
solamente para contraer los ingresos de los trabajadores; sino también para
instalar “el miedo al desempleo” y con ello disciplinar a la masa de los
trabajadores ahogando, de esa forma, sus eventuales reclamos. De ahí, que no
resulta descabellado afirmar que el neoliberalismo requiere inexorablemente de
altos índices de desocupación. Ahora bien, cuando los niveles de desocupación alcanzan, como
consecuencia de la instrumentación de políticas neoliberales, a rondar en torno
al 15 % de la población económicamente activa, los lazos de solidaridad en el
sector asalariado empiezan a resquebrajarse, construyéndose de ese modo una
división artificial: trabajadores por un lado y desocupados por el otro. Donde
los primeros, condicionados por el temor a la pérdida de su relación laboral se
distancian, paulatinamente, de los reclamos de aquellos que han caído en
desgracia; sin reparar que ese distanciamiento los convierte aun en mucho más
vulnerables en su condición de trabajador.
Sin duda que no se trata aquí de anatematizar a todos los
empleadores que, por otra parte, deben ajustarse a las reglas de juego que el
propio sistema impone. Además, siempre es necesario establecer niveles de
diferenciación; obviamente, no es lo mismo un empleador mediano o pequeño cuya
suerte está atada al desarrollo del mercado interno y donde una parte de sus
ganancias se destina a la inversión local o al ahorro nacional, que una
corporación multinacional cuya mira esta puesta en extraer la mayor rentabilidad
posible y luego remesar esas utilidades a su casa matriz.
Lo cierto es que en los hechos, la “libertad de mercado” es
incompatible con el pleno empleo y el crecimiento del mercado local; ya que en
el fondo -y esto es empíricamente verificable- oculta una gigantesca
transferencia de recursos en favor de los grupos concentrados de toda
estructura económica.
Similitudes con la
Argentina que se avecina
Pero continuando con el hipotético ejercicio (extraído
ineludiblemente de la experiencia histórica) para llegar a esos índices de
desocupación, es menester previamente reducir la capacidad adquisitiva de la
gran mayoría de la población. De ese modo se obtiene una considerable caída de
la demanda, una contracción muy fuerte del mercado interno, conjuntamente con
un crecimiento sostenido de los niveles de desempleo; lo que genera, a su vez,
en economías como la nuestra, un excedente de bienes primarios -derivados de la
retracción del consumo interno- que se traducirá en ingentes beneficios para el
sector agro-exportador.
Así vemos cómo, no solo se reduce la capacidad de consumo,
sino también, paralelamente, la capacidad decisoria del trabajador lo que trae
aparejado un amplio recorte de su autonomía.
Por otro lado, es preciso reparar que la visión libremercadista
es propia de las grandes corporaciones.
Que conciben al salario sencillamente como un
costo y no como una retribución que se le asigna al trabajador por su
aporte al proceso productivo y, por ende, a las ganancias empresariales. De ahí
que no sea una casualidad, que el nuevo presidente haya sostenido, mucho antes
de ser electo, esa misma visión en una entrevista televisiva en la que afirmó: “es preciso bajar los costos, y el salario
es un costo más”.
Sintetizando, el libre mercado atenta contra los márgenes de
libertad de los sectores asalariados; aumentando paralelamente los márgenes de
discrecionalidad del sector empresarial más fuerte. Ésto que al parecer
consiste en una mera elucubración teórica, es lo que se delínea en el horizonte
económico argentino. Si uno observa atentamente los acontecimientos que se
vienen desarrollando en el ámbito nacional, previo a la asunción del nuevo
presidente, podrá discernir que la orientación económica que se avecina no
difiere mucho de la hipótesis formulada.
Por un lado un equipo económico que vociferando sus
intenciones devaluacionistas y de eliminación de las retenciones, antes de
hacerse cargo de la cartera ministerial, genera un cúmulo de expectativas que
redundan en un alza desmesurada de los precios en estas últimas semanas; lo que
implica un recorte significativo en los salarios de los trabajadores y una
merma considerable en los haberes jubilatorios. Por el otro, una serie de anuncios,
entre ellos la supresión de los subsidios en el terreno energético y en el
transporte público, sumados a una devaluación oficial a realizarse ya en
ejercicio de las funciones que reducirán
aún más la capacidad de compra de los sectores populares.
Mientras tanto el mandatario entrante, al igual que la
mayoría de los medios hegemónicos, muestra una excesiva preocupación por el
lugar donde se realizará la entrega de los atributos presidenciales (esto es, la
banda presidencial y el bastón de mando), asignándole muy poca entidad a las
desmesuradas remarcaciones de precios que se vienen efectuando cotidianamente
por parte de las grandes corporaciones. Claro que preocupación semejante, pone
de relieve cuales son las prioridades del flamante presidente.
Lo cierto es que, nadie que razone un poco podría dudar
respecto a que el nuevo gobierno (cuyo staff ministerial está conformado, en su
totalidad, por hombres y mujeres provenientes de las más grandes corporaciones)
no solo consintió, sino que impulsó “disimuladamente”
el proceso remarcatorio. A esta altura de los acontecimientos es fácil percibir
la intencionalidad de lo que se avecina.
Si hasta en el campo
de la simbología resulta sencillo advertir que el hecho de no querer recibir los
mentados atributos presidenciales en el ámbito parlamentario, encierra un
evidente menosprecio por la legislatura. Su pública amenaza de recibir los
mismos de manos de la Corte Suprema de Justicia (a la vieja usanza de las
dictaduras) es todo un signo no muy complejo de descifrar.
Lo cierto es que el nuevo presidente cuenta con una ventaja
nada despreciable para el ejercicio de sus funciones; concretamente una
protección mediática sin precedentes en la historia de nuestro país. Que ya se
corroboró en los hechos (al menos por parte de los medios hegemónicos) durante
toda su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad. Hecho éste que puede configurar no solo un
alto grado de desinformación ciudadana
respecto de las políticas perniciosas que se puedan instrumentar en perjuicio
de las mayorías; sino también en un elevado grado de concentración de poder que
puede tornarse exorbitante merced a esa extraordinaria protección. Alarma
sinceramente la reducida posibilidad de escuchar voces críticas en la
estructura comunicacional argentina. Es tal el grado de concentración mediática
que, aun mediante la sanción de una nueva ley de medios audiovisuales, no se ha
podido romper (y en esto el sector más retrogrado del poder judicial aportó lo
suyo) con el esquema dominante que impusieron las grandes corporaciones
comunicacionales. El temor a que, a partir del 10 de diciembre, se produzca lo
que algún periodista local denominó “el apagón informativo” es toda una
realidad; máxime si tenemos en cuenta que las emisoras oficiales pasaran, desde
entonces, a desarrollar la misma melodía comunicacional que la vienen
ejecutando los medios corporativos.
Por otro parte, el ininterrumpido ataque cibernético que por
estos días se le viene realizando a la página web del diario Pagina 12 y respecto del cual los
medios de comunicación dominantes ni siquiera efectuaron el más mínimo repudio
por los hechos; como tampoco lo hizo el flamante presidente, tal vez porque lo
considere un diario opositor, preanuncia de algún modo que la libertad de
expresión en nuestro país no está plenamente garantizada.
Si a todo esto le adicionamos, el desmesurado énfasis con el
que se intenta avanzar sobre la figura de la Procuradora General de la Nación,
Dra. Gils Carbó, o contra el titular del
Afca, Martín Sabbatella, al igual que contra el presidente de RTA (Radio
Televisión Argentina), Tristán Bauer, es
lógico presumir que la concepción “republicana” tan alardeada por la alianza
triunfante, es muy particular. Tan particular que deberíamos hablar ya de “neo-republicanos”.
Si bien es cierto que por ahora son solo indicios; no es
menos cierto que aun así despiertan ráfagas de escalofríos.
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