Una situación incomprensible

             

No son pocas las veces que nos vemos imposibilitados de comprender ciertos y determinados hechos. Tal vez, ello obedezca a que partimos del ingenuo supuesto de que “la razón”, por sí misma, puede desentrañar  todos y cada uno de los interrogantes que nos formulemos. Penosa creencia que nos lleva, por un lado,  a minimizar el enfoque irracional en el comportamiento humano; y por el otro, a asignarle a la razón una omnipotencia de la cual carece. No obstante, y aun aceptando, la capacidad relativa de nuestro entendimiento, pues, debemos intentar proceder como lo sugería el célebre Spinoza: “no reír, no lamentar, no odiar; sino comprender”.

Claro que la comprensión requiere despojarse de todo juicio de valor; de lo contrario, estaríamos observando la realidad desde una perspectiva determinada lo que, en definitiva, nos conduciría a un resultado absolutamente distorsionado. Obviamente no es sencillo intentar situarse más allá del bien y del mal, ni siquiera creo que sea posible despojarnos, absolutamente, de nuestros criterios valorativos; pero la sugerencia spinozista no deja de ser un buen método para alcanzar un mínimo de comprensión. Sin dejar de tener presente que el método en cuestión no es infalible.

Ahora bien, vayamos a lo concreto, observemos -e intentemos comprender- con estos parámetros la Argentina de hoy.

Por un lado, tenemos a un país que se encuentra, en el orden externo, en pleno conflicto con un sector del poder financiero internacional (fondos buitres con la colaboración de una parcela de la estructura judicial estadounidense), quizá el más fuerte de los poderes a nivel global. Por el otro, ya en su frente interno, la cercanía de un proceso eleccionario en donde las distintas fuerzas políticas -opositoras al gobierno de turno- intentan obstaculizar la iniciativa gubernamental y especulan con hacerlo trastabillar permanentemente, de tal forma que vaya desgastando su performance con vistas a los próximos comicios.

La cosa es más grave aun si tenemos en cuenta que una fracción gremial, históricamente más abocada a “los negocios personales” que a la defensa de los trabajadores, acompañados por una “izquierda irracional” (lo que lamentablemente es una contradicción, puesto que lo que debe caracterizar a una “izquierda” es el uso de la racionalidad) que observa la realidad a través del prisma de la “ideología” pero extirpando de ella toda sustancia moral -de lo contrario, no podrían coincidir objetivamente, como sí sucede, con las posturas de los grandes medios hegemónicos, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, la burocracia sindical y la franja más sólida de la concentración empresaria-  se han sumado, hace tiempo, a la comitiva opositora. Desarrollando una huelga que, si no fuese por los “piquetes” que impedían el acceso a la Capital Federal,  lugar precisamente en el que los medios de comunicación concentran exclusivamente las imágenes, hubiere sido de un fracaso absoluto. Ya que en el interior del país, la repercusión fue insignificante.

Y esto no significa que la totalidad de la población económicamente activa este a favor del gobierno; significa, lisa y sencillamente, que el trabajador argentino pondera, en cierta medida, la situación por la que está atravesando el país y no encuentra en “el conglomerado opositor” alternativa alguna para mejorar la situación nacional.

Por el contrario, las encuestas señalan que la mayoría de los argentinos apoya la firmeza del gobierno respecto de no dejarse avasallar por “los fondos buitres”.

Sin embargo, no son pocos -y ya lo hemos manifestado en varias ocasiones- los legisladores que abdicando de su juramento de asunción terminan ignorando aquella promesa de defender los intereses patrióticos.

Y no es cuestión de “malvinizar” la disputa con los fondos buitres, como bien lo hemos manifestado en otra oportunidad, el propio parlamento británico cuestionó la sentencia del juez Griesa. Hecho éste, y apelando a un ejercicio imaginativo, nos permitiría inferir que si trasladásemos el parlamento en cuestión a la Argentina el gobierno hubiere sacado la “ley del pago soberano” por unanimidad.

Paradojas de la imaginación que en ocasiones nos permite observar lo absurdo de la realidad.

Lo cierto es que, en nuestro país, recientemente en la Cámara de Senadores, Ernesto Sanz, uno de los eventuales candidatos presidenciales ha sostenido que su partido la UCR (Unión Cívica Radical) rechazará el proyecto de “Ley de pago soberano” -iniciativa que procura eludir el cumplimiento del fallo a favor de los buitres”- al igual que su correligionario, el senador Gerardo Morales.

Si uno apela al antecedente del senador mendocino, Ernesto Sanz, recordará que no hace mucho (para ser precisos en octubre del 2013), y ante una caída de los niveles de crecimiento económico, adujo la conveniencia de que persista esa tendencia porque si la economía crecía un poco el gobierno podía cosechar algunos votos. Es decir, no importa que la caída de la actividad redunde en perjuicio de los argentinos; lo importante es que no beneficie al  gobierno.

Qué lejos están estos “dirigentes” del más alto referente histórico de esa institución partidaria, nos referimos a don Hipólito Yrigoyen cuando sostuvo a principios del siglo pasado: “Cuando un militante radical es más radical que argentino, en ese mismo momento, ha dejado de ser radical”.

Es verdaderamente lamentable, y aquí si acudimos a criterios valorativos, la existencia de dirigentes que ponen por encima de los intereses nacionales su codicia y ambición personal. Aun sin importarle lo que puede llegar a ocurrirle a este país (específicamente a sus habitantes) si se acata sumisamente el reclamo de los buitres.

Sin duda, ni el senador Sanz, ni el senador Morales, son los únicos dirigentes que asumen una postura semejante; es dable señalar que, en términos más amplios, “la mayoría opositora” no mide (o si lo hace, insiste en sus mezquinos propósitos) las nefastas consecuencias que puede acarrear no poder eludir el fallo de la “justicia” americana.

Lo cierto es que en el marco en que está inserta la República Argentina, y la particular situación que se encuentra afrontando, resulta casi incomprensible que los propios “nacionales” (excepto aquellos que tengan estrechos vínculos con los “buitres”) se presten a debilitar a su propio gobierno en semejantes circunstancias. Sin embargo, acontece.

Como vemos, no se trata de reír, lamentar u odiar; pero aun así se hace incomprensible.

La doble moral, la ley de abastecimiento y la pérdida de memoria

         

No son pocas las ocasiones en que nos hemos referido a la endeble memoria de los argentinos; al menos en aquellas cuestiones de relevancia para el país y que, por cierto, afectan la vida cotidiana de quienes habitamos este territorio. Sin lugar a dudas es un defecto que deberíamos corregir ya que, al no hacerlo, estamos desvalorizando el conocimiento experimental.

“La experiencia no es lo que te sucede; sino lo que haces con lo que te sucede” predicaba un afamado escritor británico. Y lo peor que uno puede hacer, en estos casos, es no hacer nada; el dejar que se desvanezcan, con el transcurrir del tiempo, las enseñanzas de la experiencia para fortalecer la oquedad de la memoria es, indefectiblemente, poco aconsejable.

Una muestra de esta “insuficiencia memorística” la podemos observar al cabo de estos días a través de las pantallas de televisión o, concomitantemente, al escuchar determinados programas radiales. Es asombroso, casi como por arte de magia, han aparecido nuevamente en escena para hablarnos de “la impericia del gobierno argentino” respecto de su proceder ante los “fondos buitres” la pléyade de economistas neoliberales que en los años 90 nos vaticinaba el “despegue argentino”. Despegue que, por cierto, tuvo lugar en “el año 2001”, cuando la mayoría de nuestros compatriotas soñaba con poder alcanzar un avión para ahuyentarse del país.

Quizá por eso alguno no lo recuerde, aunque quienes nos quedamos en la Argentina deberíamos recordarlo muy bien.

Lo cierto es que indigna sobremanera contemplar como los medios de comunicación vuelven a acicalar la cabeza de los oyentes con los comentarios de estas personas que no solo “nos vendieron” un modelo de país que consagró la marginación y el empobrecimiento social; sino, y lo que es peor aún, fueron, directa o indirectamente, protagonistas principales del fraudulento endeudamiento sufrido por el país a lo largo de su historia.

Obviamente, si la “memoria ciudadana” acumulase a grandes rasgos lo actuado por estos personajes (Cavallo, Sturzenegger, Melconian, etc.) en tiempos pasados; los medios dominantes deberían acudir a buscar -en defensa de sus intereses, que no son otros que los del establishment- otra clase de voceros porque “el archivo histórico” los condenaría al enmudecimiento inmediato.

 Lamentablemente no es eso lo que acontece y con la imperturbabilidad propia de “los cara de piedra” nos vienen a dar consejos -desprovistos del “traje” de su pasado- sobre cómo afrontar los desafíos económicos del país en el futuro.

Se dirá que esto es una práctica habitual en la Argentina donde hasta los procesados por reducción a servidumbre y maniobras fraudulentas -concretamente el presidente de la “prestigiosa” Sociedad Rural-  nos vienen a dar clases de moral sin despeinarse cuando lo hacen.

Bien enseñaba Schopenhauer: “predicar la moral es muy fácil, lo difícil es fundamentarla”. Pero al parecer, el fundamento personal no es algo que les interese a los “sectores del privilegio”.

Otro de los estamentos que acostumbra hacer gala de la prédica moral es el de “los periodistas independientes” -obviamente, “independientes” de las necesidades de la población-  que ahora está empeñado en dar batalla contra el flamante proyecto de ley de abastecimiento orientado, por sobre todas las cosas, a efectivizar los derechos de los consumidores, en detrimento de los abusos de los grandes grupos monopólicos.

El mencionado proyecto establece, entre otras cuestiones:

- Un Observatorio de precios para monitorear y evitar que las empresas en ejercicio de una posición dominante desarrollen maniobras especulativas. Por ej.: aumenten (sin guardar relación alguna con sus costos) desmesuradamente sus precios en perjuicio del bolsillo del consumidor.

- Aumenta las sanciones dinerarias para aquellas empresas que vulneren las disposiciones de la norma; trocando la condena penal de prisión (por otro lado, no de cumplimiento efectivo por lo exiguo del plazo condenatorio) de la ley vigente por una multa más severa y, por ende, más dolorosa para el infractor. Con la posibilidad de establecer un cierre temporal del negocio hasta 180 días en caso de reincidir en conductas violatorias de la norma y definitivo si además persiste.

-Constituye la Comisión Nacional de defensa de la Competencia, órgano que tendrá a su cargo dictaminar en la materia.

-Establece un Servicio de Conciliación Previa en las relaciones de consumo y se crean fueros ad hoc para agilizar el procedimiento judicial. Consagra el principio de “in dubio pro consumidor”; es decir, en caso de duda ante la resolución de un conflicto entre las partes, el juez debe priorizar los derechos del consumidor.

Lo real es que se trata de una ley que protege al consumidor, quien hasta el día de hoy se encuentra en una situación absolutamente desventajosa y que, al momento de reclamar por sus derechos, termina desistiendo en virtud de las demoras y las irresoluciones que determinan los mecanismos legales vigentes. Sin embargo, los grandes dominadores del mercado con la colaboración del “periodismo independiente” se encargan de difundir opiniones adversas atemorizando a los propios consumidores sobre una ley que en los hechos los beneficia.

A tal punto han llegado que no comentan estas cuestiones, pero eso sí, apelando a su “profunda ética periodística” argumentan que se trata de una “ley chavista” (por cierto, al querido Hugo Chávez no lo dejan en paz y siempre vendiéndolo como un “demonio”, algunos desde la ignorancia y otros, desde la falacia), pues, omiten mencionar que esta misma ley existe en los países desarrollados (Alemania, Francia, Italia, EEUU, etc.).

No obstante, si se quiere sancionar aquí no es más que un “síntoma del colectivismo” que propugna el gobierno populista.

 Obviamente, la denominada “oposición política” acompaña en esa tarea; o mejor dicho, más que acompañar se subordina a los deseos del poder económico. En general se oponen a la nueva “ley de abastecimiento”; pues, si hasta se oponen a que el gobierno adopte medidas para impedir que el fallo en favor de “los buitres” se efectivice. Ya con eso, es más que suficiente: está todo dicho.

No cabe duda que algunos hasta se atreverían a levantar la imagen del Juez Griesa como eventual candidato presidencial de no ser que no es argentino y que el pueblo los repudiaría de cuajo.

No obstante, presentan candidatos como Macri -si bien hay que reconocerle cierta coherencia entre lo que piensa y lo que pretende hacer- que abiertamente respalda el fallo del juez neoyorkino. Coherencia que, por otro lado, no demuestra otro de los eventuales candidatos presidenciales, Hermes Binner -por Frente Amplio Unen-, supuestamente dirigente socialista quien recientemente sostuvo: “creo en la mano invisible del mercado”. Ya que un dirigente “socialista” nos diga que “cree” es todo síntoma; pero que, a su vez,  lo haga en la “mano invisible del mercado”, es para que ingrese en el Guinness de los records.

Como se podrá apreciar, en la Argentina ya nada es para sorprenderse; tal vez por nuestra “inconsistente memoria”; pero aun así no somos pocos quienes confiamos en que la recuperaremos llegado el momento.

El "virtuoso" fallo de Griesa

 

 

Si alguna virtud posee el arbitrario e injustificable fallo del juez del distrito neoyorkino, Thomas Griesa, es el de poner al desnudo el verdadero rostro (léase interés) de una vasta gama de periodistas, economistas y dirigentes políticos locales que se esfuerzan, cotidianamente, en socavar los criterios de soberanía y de defensa de los intereses nacionales.

Paradojalmente, y como contrapartida de lo que estamos manifestando, nos encontramos con qué una significativa franja del periodismo especializado y de economistas de notoria envergadura del propio país del norte, Estados Unidos, cuestionan durísimamente semejante decisión judicial; a tal punto de llegar a calificarla de completamente absurda y desprovista de criterios de racionalidad.
Curioso panorama es el que se presenta: en el país del magistrado sentenciador se alzan voces de reproche frente a una decisión arbitraria; entre tanto, en el país perjudicado por la sentencia (Argentina) se encuentra una interminable fila de “personajes” que, a través de los medios dominantes, se empeñan sistemáticamente en ser “más buitristas que el buitre” y predican el sometimiento a la decisión judicial. Esto es solo comprensible en virtud del odio que profesan ciertos y determinados actores sociales que, en su deseo de ver sucumbir a un gobierno, apuestan al hundimiento de la Argentina; lo que, en definitiva, pone en evidencia su escaso amor por la patria.

De este modo hemos podido observar desde periodistas que redactan una “carta abierta al juez Griesa” (concretamente, Alfredo Leuco) dejando sentado, a través de sus líneas, que la posición del gobierno no representa a los argentinos y disculpándose ante “Dear Mr. Griesa  porque este es un país donde los fallos adversos no se respetan, y a los jueces independientes se los destituye”. Si bien esta flamante adoración por el juez que condena a la gran mayoría de la población argentina a décadas de padecimiento -sentando un precedente nocivo, a lo largo del tiempo, para los países endeudados- no es privativa del mentado “periodista”; no deja de causar indignación y vergüenza el saber que, en “los papeles”, el remitente de la citada carta es un “ciudadano argentino”.

Por suerte, las recientes encuestas contradicen sus afirmaciones, ya que casi el 60% de la ciudadanía apoya la actitud asumida por el gobierno; lo que, a su vez, puede significar dos cosas: o que poca gente lo escuche o que directamente no se identifiquen con lo que sostiene. No obstante, lo más probable y alentador específicamente, es que concurran ambas cosas a la vez.

Otros, quizá un poco menos vergonzantes pero no menos condescendientes, exigen que nuestro gobierno “se ajuste a derecho” lo que implica, lisa y llanamente, que cumpla con la sentencia dictada, sin reparar en las nefastas consecuencias que (aunque conociéndolos, sí han reparado y por eso lo exigen) eso puede desencadenar sobre el presente y futuro de nuestro pueblo. Precisamente, en este proceder se observa otro elemento paradojal, pues, quienes más fervorosamente reclaman que el gobierno argentino actúe conforme “a derecho” son los “periodistas” que trabajan en los grandes corporaciones mediáticas (especialmente, Clarín y Nación). Corporaciones estas que durante años se han caracterizado por soslayar las decisiones de la justicia vernácula y no ya en primera instancia –como es el caso del juez neoyorkino- sino hasta aquellas que han sido dictaminadas por la propia Corte Suprema. Como vemos, la hipocresía es otro de los ingredientes característicos del ejercicio periodístico en estos tiempos; especialmente cuando ese ejercicio se desarrolla a través de los medios dominantes.
Por otro lado, no es fruto de la casualidad que American Task Force Argentina (ATFA), el grupo de tareas que ejerce presión en favor de los fondos buitres, publique sus solicitadas a través de Clarín y la Nación (recordemos aquella conocida frase de la diputada Carrió: “defender a Clarín y La Nación es defender a la Patria misma”) y que estos mismos diarios se esfuercen por presentar una “buena imagen” de los demandantes (buitres) y del juez de Nueva York. Menudo “patriotismo” el que profesan estos medios.  

Lo cierto es qué, reclamar la aplicación de una sentencia que vulnera los más elementales principios de racionalidad es, ni más ni menos, que pretender consagrar una injusticia. Máxime, a sabiendas, que el cumplimiento de la misma trae aparejado el incremento exponencial de una deuda que condenará a un elevado número de generaciones de argentinos al hambre y al empobrecimiento; en contraste con el enriquecimiento de unos pocos que sin el menor de los escrúpulos, y en base a especulaciones financieras, vienen diezmando a vastos sectores de la humanidad.

Lo concreto es que, más allá de aciertos o de errores en materia de procedimientos, la indoblegable postura del gobierno argentino de no ceder ante las exigencias de la inequidad de un sistema financiero internacional, configurado para satisfacer la avidez de los detentadores del poder económico, es una actitud verdaderamente gratificante. No así, el incomprensible accionar de ciertos políticos opositores que, en su afán por perseverar en coincidir con el mensaje de los conglomerados mediáticos, salen a cuestionar la firmeza del gobierno frente al fallo.

Es verdaderamente lamentable contemplar como un espectro muy amplio de dirigentes de la oposición, muchos de ellos futuros aspirantes a la presidencia, se suman a formular críticas y/o a reclamar el dócil sometimiento a la sentencia. Otros, los que no tienen nada que aportar, prefieren resguardarse en el silencio; actitud, por cierto, nada elogiable ya que silenciar voluntariamente la voz ante una injusticia es, ni más ni menos que, convalidar la materialización de la misma.

Afortunadamente  la posición nacional ha sido ampliamente respaldada por los países de la región, por el Mercosur, por la Celac, por las naciones integrantes de los BRICS, por destacados economistas internacionales, por importantes naciones europeas, y hasta por el propio parlamento británico. Sí, sí, leyó bien, británicos. Pese a que algunos sectores de la oposición política local y economistas del establishment intenten desacreditar al gobierno aduciendo de qué trata de “malvinizar” la cuestión de la deuda.

La cuestión es que el apoyo internacional ha sido contundente; hecho éste que despierta mayor asombro cuando en nuestro país, basta encender la televisión (y contemplar cualquier programa político, los de TN por citar un ejemplo) o sintonizar ciertas radios para escuchar voces que contradicen ese relevante apoyo.

Como se podrá apreciar, ser argentino es algo más que portar una simple ciudadanía. No obstante, y al parecer, una buena franja de quienes se dicen argentinos todavía no se han dado cuenta de ello.