Es todo un síntoma observar como en estos días los “amantes
de la libertad” están quitándose el atuendo para mostrar la verdadera
configuración de su “Ser”.
Y no lo hacen merced a un repentino ataque de honestidad,
hecho éste que sería –sin compartir el significado de los mismos- por demás
plausible. Por el contrario, lo hacen como consecuencia del estado de “perturbación”
que atraviesan a medida que se acerca la mentada fecha del 7 de diciembre y donde, en principio, se
pondría en ejecución la totalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
sancionada por el Congreso de la Nación Argentina.
Ya hemos observado como el director de uno de los periódicos
tradicionales de nuestro país ("La Nación"), ha puesto en duda la eficacia de la
democracia equiparándola a lo que a su entender
es “una dictadura de los votos”. De lo que se infiere, inexorablemente,
que el libre ejercicio del sufragio no es lo aconsejable para un país.
Pero ahora, un nuevo acontecimiento conmociona a la opinión
pública argentina, los autocalificados “garantes de la libertad de expresión”
(Grupo Clarín) entablan una denuncia contra un conjunto de periodistas que han
cometido la osadía de expresar libremente lo que piensan.
Para ello, apelan a dos figuras del Código Penal: “coacción
agravada e incitación a la violencia pública”; delitos, para el caso,
inexistentes ya que no están configurados en lo más mínimo.
“Lo conveniente “hubiere
sido demandarlos -más allá de que la demanda estuviere viciada de inconsistencia- por “calumnias e injurias”. Pero para
desgracia de los demandantes, la “autoritaria” Presidente de la República
derogó esa figura penal con el deliberado propósito de garantizar que cualquier
persona pueda expresar, sin cortapisa alguna, lo que piensa.
Vemos entonces como, los periódicos pertenecientes al
denominado “periodismo independiente” cuestionan,
a través de sus dueños, por un lado, las bondades del sistema democrático, y
por el otro, el irrestricto derecho a la libertad de expresión.
Lo lamentable
es que, las rutilantes “estrellas de periodistas independientes” no hayan
salido a cuestionar una demanda de estas características, no solo para procurar
la defensa de sus colegas; sino para impedir que precedentes de esta naturaleza
obstaculicen el normal desempeño del oficio periodístico en la Argentina.
Sin
embargo, sí se afanan a diario en criticar como autoritario a un gobierno que
garantiza, no solamente, el libre ejercicio de la profesión; sino el sagrado derecho
de la libertad de expresión.
Un párrafo aparte merece la denominada “oposición política”
que cuando la presidente defiende con énfasis su gestión de gobierno la
califica de “intolerante” y “no democrática”; ahora cuando un directivo de un
periódico “desvaloriza a la democracia” o un grupo mediático impulsa una demanda
de este calibre, se llama a silencio con absoluta naturalidad.
Actúan de la misma manera que la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) que, cuando algun interés de los propietarios de medios es tan siquiera amenazado, salen a la palestra en defensa de "la libertad de expresión"; más cuando se atenta contra la integridad de periodistas o contra su derecho a expresarse, no se dan por enterados. Notoria diferencia entre lo que se expresa y lo que se hace.
Esto nos trae a colación ese viejo precepto árabe: “Dime de qué
te jactas y te diré tus defectos”.
Por suerte,
este gobierno no se jacta de promover las libertades, simplemente, las
garantiza.
PD: Pasados unos días y a raíz de la repercusión (y por cierto, el rechazo) que adquirió la mentada demanda, es dable reconocer que unos pocos "periodistas independientes" -si bien, atenuando sus críticas al multimedio- salieron a manifestarse en contra de la medida. Tal ha sido la torpeza jurídica impulsada que, hasta los propios demandantes tuvieron que reveer su posición; incluso la SIP, que suele hacerse "la distraída" en estos casos, no tuvo mas remedio que criticar tenuamente la actitud de Clarin.
PD: Pasados unos días y a raíz de la repercusión (y por cierto, el rechazo) que adquirió la mentada demanda, es dable reconocer que unos pocos "periodistas independientes" -si bien, atenuando sus críticas al multimedio- salieron a manifestarse en contra de la medida. Tal ha sido la torpeza jurídica impulsada que, hasta los propios demandantes tuvieron que reveer su posición; incluso la SIP, que suele hacerse "la distraída" en estos casos, no tuvo mas remedio que criticar tenuamente la actitud de Clarin.
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